Tras el paro de colectivos, el Gobierno explora un acuerdo con los empresarios que evite futuros conflictos

Millones de usuarios pulularon ayer por la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y otras seis provincias intentando llegar a destino por el paro de colectivos. El ministro de Economía, Sergio Massa, intervino directamente en la crisis. Es que el precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP) tiene la llave, en última instancia, para desactivar el reclamo de fondo de las cámaras empresarias del transporte: habilitar o no un incremento de los subsidios. En un clima convulso y cargado de nerviosismo, Massa calificó al sector empleador de “parásitos que buscan querer extorsionar”, pero cerró una paz social provisoria hasta el próximo lunes.

El conflicto estalló sobre el filo del fin de semana cuando los choferes comprobaron que la liquidación de sueldos no incluía el último aumento paritario acordado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y su secretario general, Roberto Fernández. Después de meses de insinuar medidas de fuerza, el gremio resolvió una huelga de 24 horas en modalidad de retención de tareas por incumplimiento de la obligación laboral.

Por su lado, la parte empresaria rechazaba los términos de la paritaria. Argumentaron que se había implementado a través de una resolución conjunta firmada por la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos y de Transporte, Diego Giuliano, sin el acompañamiento y la rúbrica de los empleadores. Para firmarla y comprometerse con el aumento salarial, las empresas solicitaban la efectivización de las partidas provenientes del erario público.

El Gobierno ya había aumentado $6.500 millones de pesos esos recursos este mes, en comparación con el anterior. Hasta el jueves, se habían depositado unos $15.000 millones de un total de $27.000 mil millones que se les adeudaba a las cinco cámaras en concepto de subsidios de abril, mayo y junio. Faltaban unos $10.000 millones, que se anticiparon el viernes mismo. Luego de la conmoción por la medida gremial, el Gobierno acordó con las empresas y la UTA un compromiso con un cronograma de pagos para que las partes comiencen a desandar los compromisos asumidos. Con ese acercamiento, se dictó un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, día en el que se reanudarán las negociaciones en la sede del ministerio de Transporte.

Como parte del entendimiento, el viernes se firmó finalmente la paritaria —reemplazando a la resolución de Transporte y Trabajo, aunque sin modificar lo sustancial del aumento— con todos los actores involucrados: la UTA, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTAPBA).

Fuentes del sector patronal indicaron a Infobae que el acuerdo con la UTA implica que los $10.000 millones de subsidios que ingresaron a último momento se liquiden en cuotas, y no todo junto como se preveía. Así, el próximo martes se liquidaría la diferencia del incremento correspondiente a junio y el aguinaldo, mientras que el pago retroactivo de los meses de abril y mayo se abonarían en dos veces en la tercera semana de julio, y a mediados de agosto.

Los plazos convenidos funcionan como una ventana de tiempo para el Gobierno y las empresas a continuar las negociaciones por las partidas de subsidios. Desde el ministerio de Transporte aseguran que no habrá giro de nuevos fondos, además de los $27.000 millones ya liquidados, pero que todo se canalizará a través de la instancia abierta de diálogo. “Hay que esperar al lunes y escuchar los reclamos, y ver cuales sí son atendibles y cuáles no”, deslizaron.

Las cámaras empresarias plantean al Poder Ejecutivo que, además de regularizar el mecanismo de pagos, tiene que haber un incremento real y extra de los fondos públicos, con una base de cálculo actualizada a los costos de operación vigentes. La tarifa de los boletos, y los subsidios, se fijan a valores de diciembre de 2022. Los empleadores cuestionan que aún no se haya recalculado esos índices ante la alta inflación, y piden que se incorporen otros costos en la ecuación de los subsidios, como el mantenimiento de las unidades. Tienen la expectativa de que durante esta semana se firme una resolución en ese sentido.

La novedad de este lunes es que fueron convocadas autoridades de Transporte del gobierno porteño. Sergio Massa cuestionó que el distrito conducido por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no participe de la gestión del transporte y haga su parte. En la Capital Federal, está pendiente el traspaso de 32 líneas que están en manos de la Nación.

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La presión para que aumenten los subsidios, junto con el incremento de los costos inflacionarios en la operación de las unidades y los reclamos sindicales confluyen en un nudo complejo de desatar. Un boleto medio se paga en torno a los $50, cuando el costo real ronda los $329, según las empresas. Y el Estado afronta el 85% de la composición de la tarifa. Pero el Gobierno tiene limitaciones para aumentar el gasto público y afrontar cualquier tipo de asistencia, a raíz del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El propio Sergio Massa reconoció en el marco de las conversaciones con el transporte automotor el impacto de la sequía en las arcas del Estado y las restricciones para erogar nuevos esfuerzos presupuestarios.

Por otro lado, subir las tarifas del boleto aparece como un hecho imposible de digerir para la población, en medio de una campaña electoral y niveles de pobreza en aumento. Esa estrategia tampoco cuaja ante el hecho de que millones de usuarios del AMBA, gran parte de ellos del conurbano bonaerense, son potenciales votantes del oficialismo.

En este marco, el objetivo de conseguir un acuerdo sostenible o un mecanismo de consenso que evite nuevos días de furia requerirá de un esfuerzo creativo para que cierren las cuentas. Desde que arrancó parcialmente la medida de fuerza el jueves pasado, impulsadas por el sector opositor de la UTA de Miguel Bustinduy, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) aplicó multas a las empresas que no circularon. Al día siguiente, la pulseada alcanzó su punto más alto, con acusaciones cruzadas, descalificaciones, amenazas de denuncias penales y quitas de concesiones por lo bajo. Junto a Massa, la ministra Kelly Olmos, el ministro Diego Giuliano y el sindicalista Roberto Fernández se encolumnaron para tildar de extorsiva y de lockout patronal la postura empresaria.

“Lo de ayer fue duro, fue injusto. En un momento de enojo y exabrupto se pueden decir cosas como esas. En la conversación con el ministro (Massa), el tono de la conversación fue otro”, dijo hoy Luciano Fusaro, vicepresidente de la AAETA, en declaraciones a AM 1420. “Somos escépticos, la única verdad es la realidad. La realidad más, que nunca, hoy es la plata. Nos deben muchísimo dinero al sistema. Miran para otro lado con la no actualización de los costos. Y sabemos que plata en el país no hay y las arcas están muy justas”, confió un vocero de una de las cámaras empresarias que se sientan a la mesa.

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