El fiscal general federal Rafael Vehils Ruiz presentó un recurso de casación para revertir la homologación que firmó el Juez Federal Hugo Greca al convenio entre Parques Nacionales y los integrantes de la autodenominada comunidad mapuche que en noviembre de 2017 usurparon lotes fiscales en Villa Mascardi.
Los pobladores del paraje patagónico que está a 35 kilómetros de Bariloche, también apelaron el fallo del mismo magistrado ya que les genera “un daño irreparable” y solicitaron la nulidad del acuerdo ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El acuerdo conciliatorio entre el organismo nacional y los integrantes de la agrupación denominada Lafken Winkul Mapu disuelve los procesos judiciales que se originaron en la denominada “causa madre” por la usurpación de lotes pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales.
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Pero además, el acuerdo prevé el regreso de una parte del grupo a Villa Mascardi y del resto de sus integrantes a otro espacio, también fiscal, que el gobierno nacional ofertó con esa finalidad.
El presidente de la Asociación Vecinal Lago Mascardi, Diego Frutos, aseguró: “somos víctimas y damnificados directos por el accionar ilícito de los integrantes de Lafken Winkul Mapu” y dijeron que el convenio “debe ser revocado por ilegal y arbitrario”.
El fiscal que subroga interinamente la Fiscalía de Bariloche, Rafael Vehils Ruiz, había emitido un dictamen en contra del acuerdo entre Parques y los mapuches, aunque el mismo fue rechazado por Greca. Sin embargo ahora el representante del Ministerio Público presentó un recurso contra la resolución del Juez Greca para que la Cámara Federal de Casación revise la resolución impugnada, la anule y revoque.
El polémico convenio entre el Estado y los mapuches generó numerosas voces críticas en la localidad patagónica. El grupo Lafken Winkul Mapu se adjudicó los distintos atentados y avances vandálicos en el paraje, la destrucción de interconectados eléctricos y el avance sobre propiedades privadas, a pesar de lo cual el Estado propuso rubricar un convenio para que regresen al sitio que destruyeron desde 2017 en adelante.
Los edificios públicos y privados que estaban en el lugar debieron ser demolidos por el avanzado deterioro que evidenciaban tras los daños que provocaron los integrantes del mismo grupo, quienes construyeron casillas con los materiales que extrajeron de las construcciones usurpadas.
El fiscal pidió que se rechace el acuerdo conciliatorio y que se disponga la continuidad del proceso judicial a las mujeres imputadas en la causa. Fue el propio Greca quien, en diciembre pasado, solicitó suspender el mismo por pedido del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, a instancias del inicio de las mesas de diálogo que había pedido el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.
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Entre otros argumentos, Vehils Ruiz aseguró que el fallo de Greca es “carente de razonabilidad” y tiene “arbitrariedad manifiesta» y lo criticó por afectar la continuidad del proceso judicial, privando al Ministerio Público “del descubrimiento de la verdad material y del ejercicio de la pretensión punitiva…”.
Los vecinos, por su parte, aseguran que el magistrado que homologó el pacto entre Parques y los mapuches “desconoce la violencia sobre las personas de los delitos atribuidos a los imputados. Violencia que constituye un impedimento para la aplicación del artículo 34 del Código Procesal Penal Federal y que consta en más de 10 causas judiciales”.
“El acuerdo es incompatible con las leyes que regulan el procedimiento de reconocimiento territorial a comunidades indígenas y el destino de los parques nacionales así como de los bienes del dominio público” aseguran.
Opinaron además que el acuerdo, al contrario de quienes defienden su rúbrica, “de ningún modo reestablecerá la armonía y la paz social entre todos los protagonistas del conflicto” en Villa Mascardi, y dijeron que “sólo los agresores fueron convocados a las mesas de diálogo para ser beneficiados, no los damnificados de los atentados y agresiones”.
Otra agrupación mapuche que está asentada en Villa Mascardi, por su parte, también presentó un recurso para anular el convenio entre Parques Nacionales y las familias que conforman la Lafken Winkul Mapu, a la que desconocen como comunidad mapuche.
Además diputados y legisladores de distintas fuerzas políticas expresaron su rechazo al acuerdo y a la extinción de la causa penal como propuso el juez Greca.
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