Luego de la intervención de Gendarmería Nacional, en apoyo a la policía de Jujuy, los cortes de ruta que habían sido normalizados durante la mañana volvieron ser bloqueados. El acceso a la localidad de Perico, en la ruta nacional 66, se encuentra ahora tomado por manifestantes, comuneros e integrantes de organizaciones sociales que resisten a la reforma constitucional que anunció el gobernador Gerardo Morales.
Este viernes, tras una semana de piquetes diarios en la provincia de Jujuy, las fuerzas de seguridad locales y nacionales habían avanzado en la liberación de un tramo de los caminos que se encontraban bloqueados a raíz de las protestas.
Las vías liberadas durante la mañana fueron las rutas nacionales 66 y 34, en un tramo que permitía retomar la circulación desde las yungas hasta donde comienza la Quebrada de Humahuaca. De esta forma, el tránsito entre el Aeropuerto Horacio Guzmán y San Salvador de Jujuy había quedado normalizado. Sin embargo, pasado el mediodía y casi en simultáneo con el anuncio de que el gobernador Gerardo Morales integrará la fórmula para competir en las PASO junto a Horacio Rodríguez Larreta, los manifestantes regresaron en mayor cantidad.
La novedad de la jornada se había dado en que, luego de varios cruces entre la provincia y el ministerio de seguridad de la Nación, que incluyó una denuncia penal contra la cúpula de Gendarmería, parecía verse un trabajo conjunto entre los uniformados federales y locales. No obstante, esa escena se sostuvo sólo hasta el mediodía y fuentes del gobierno local desmintieron que el operativo haya sido planificado, y en todo tomaron la recorrida de los gendarmes como un “gesto de cortesía”.
Durante la madrugada se habían conocido notificaciones a algunas de las personas que resistían en los cortes. A primera hora, con el inicio de la recorrida de gendarmes, el desbloqueo de las rutas logró ser negociado. No obstante, comuneros de finca El Pongo, en la localidad de Perico, avisaron que organizarían marchas en la capital, luego de abandonar las rutas. Finalmente regresaron a las pocas horas
Permanecen bloqueados, por otro lado, los accesos de Abra Pampa y La Quiaca, también sobre ruta nacional 9, pero más al norte, en la región de la puna, llegando a la frontera con Bolivia.
El gobierno continúa lidiando con uno de los conflictos más duros que vivió en los últimos 8 años, desatado tras la reforma de la constitución provincial que había despertado preocupación en las comunidades originarias de la provincia por la posesión de las tierras.
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Hasta ayer, los cortes de ruta permanecían en las localidades de Perico (a 30 kilómetros de la Capital, donde se encuentra el aeropuerto), Purmamarca, Tilcara y Uquía (en la región de la quebrada), Susques, Cangrejillos, Abra Pampa y La Quiaca (en la puna). La modalidad era diferente en cada lugar, pero el objetivo era el de abrir paso por pocos minutos, descomprimir la fila y volver a cortar. Con los cortes, desplazarse entre ciudades en Jujuy resultó imposible por momentos.
Desde el 16 de junio, la aprobación del texto reformista fue lo que puso a las comunidades originarias en pie de guerra. En el medio, se abrió un debate sobre si hubo participación genuina o no, con el gobierno mostrando 156 actas con la firma de comunidades manifestando su conformidad y comuneros diciendo que en realidad son casi 400 los pueblos originarios de Jujuy, con lo cuál más de la mitad no habría sido consultado.
Eso, más una inquietud permanente por el aprovechamiento de los recursos naturales críticos como el litio, derivaron en una posición cerrada de los comuneros: para irse a sus casas pidieron que la reforma caiga. Es lo que se escuchó y se leyó en carteles de cada uno de los 20 piquetes que se extendieron en las últimas jornadas por toda la provincia.
Gerardo Morales indicó que le llevaría “algunos meses” recuperar la normalidad en la provincia. Con canales de diálogo interrumpidos, la última acción oficial fue una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra los jefes de Gendarmería Nacional por omitir su intervención en los cortes más importantes que se realizan sobre rutas nacionales como la 9, 52 y 34.
El gobernador reforzó esa presentación, realizada por la Fiscalía de Estado, con declaraciones en las que apunta al ministerio de Seguridad y al de Interior, relacionando la decisión de no actuar con la intencionalidad de avanzar “en un golpe institucional”, de la que acusa al gobierno nacional.
En paralelo, el gobierno se vio forzado a retomar el diálogo con los gremios docentes que sostienen un paro desde el 5 de junio, a pesar de que Morales había afirmado que se trataba de un “tema cerrado”. La confluencia de los reclamos docentes con la movilización de las comunidades se dio de manera espontánea y luego se transformó en el núcleo de la protesta.
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