Se endurecen los piquetes por la nueva Constitución en Jujuy y Morales convocó a los docentes para destrabar el otro conflicto

A las seis de la tarde del jueves 22 de junio había veinte piquetes en toda la provincia de Jujuy. En la mayoría de ellos bloqueaban el paso a los vehículos comunidades de pueblos originarios que se aferran cada vez más a una consigna escueta y lapidaria: que caiga la reforma de la Constitución. Se refieren al texto que aprobó la Convención Constituyente elegida en las últimas elecciones y que ellos interpretan que le da facultades al Poder Ejecutivo provincial para disponer de sus tierras, en muchas de las cuáles hay yacimientos de litio.

En paralelo, el reclamo salarial de los docentes locales coincidió con la discusión de la reforma constitucional, por lo que comuneros, profesores y maestros se fundieron en un sólo reclamo en las calles. Mientras la provincia volvía a estar sitiada en el interior, al mediodía, se produjo una nueva movilización frente a la Casa de Gobierno, en San Salvador de Jujuy.

Son los dos frentes que tiene el gobierno de Gerardo Morales y que han desembocado en una agitación social que no se veía desde hacía mucho tiempo en Jujuy.

El gobierno trata de encontrar soluciones por separado. A las 18 horas, el ministerio de Educación fue sede de un nuevo encuentro entre funcionarios y sindicatos docentes. Allí los funcionarios llevaron un nuevo aumento, anunciado horas antes por el gobernador. Con él, el piso salarial de un educador en la provincia pasaría de 179 mil pesos a 200 mil pesos, aunque el 95% de los trabajadores cobraría sumas por encima de esa cifra, según la versión oficial.

Además, les ofrece una revisión permanente, con una nueva paritaria el próximo mes. “Esperemos que se arregle hoy, reconocemos que es un reclamo justo, pero después se pusieron en la mesa temas como la reforma de la Constitución, que no tenía que ver. Igual vamos a intentar acordar y volver a la paz que caracteriza a Jujuy, sería bueno llegar hoy al acuerdo”, dijo el ministro de Gobierno, Normando Álvarez García.

Con esa oferta el gobierno local busca empezar a cerrar uno de los focos de conflicto que tiene movilizada gente en las calles.

El otro eje parece más complejo. Los cortes de ruta a lo largo de la provincia se mantienen inalterables, afectan los ingresos a las principales ciudades de la provincia, en la Quebrada de Humahuaca, en la puna y en las yungas. Las comunidades originarias se han cerrado detrás de un solo pedido: que la reforma de la constitución sea derogada. Quiénes los conocen, saben de su intransigencia cuando asumen una postura.

“Creemos que hemos sido violentados por la forma en que se dio la aprobación (de la reforma), nunca se nos dijo ni se nos consultó”, afirmó Silvia Tolay, de la comunidad El Antigal de los Tilianes, en uno de los cortes a la altura de la localidad de Volcán. Ante la consulta de Infobae, la comunera fue lapidaria: “queremos que caiga la reforma”.

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Como ella, los demás comuneros advierten que, si bien el gobierno afirma haber realizado un debate con 156 representantes de pueblos para avanzar en la reforma, en la provincia existen casi 400 comunidades, de acuerdo a sus dichos. La consulta no fue ante todas.

Allí el gobierno no ha logrado encontrar canales de diálogo. El gobernador Gerardo Morales insistió en las últimas horas en que debería intervenir el gobierno nacional, con el ministerio de Seguridad y las fuerzas federales. “Desde hace dos días que tiene que llegar la Gendarmería para tomar control de la ruta nacional. Parece que la comanda el general Alais. ¿Se acuerda el general Alais? Venía de la mesopotamia, de Corrientes las tropas leales que demoraban en llegar, y no llegó nunca Alais”, ironizó el gobernador. El ministro Aníbal Fernández había afirmado, un día antes, que la gendarmería no iba a intervenir en el conflicto y abogó por una salida política al reclamo.

El gobierno de Jujuy, a través de Fiscalía de Estado, realizó una denuncia formal ante el Fiscal Federal de Turno contra autoridades y funcionarios de Gendarmería Nacional, por los delitos de Incumplimiento de Deberes de Funcionarios Públicos.

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