La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados dio por terminada la investigación sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial y aprobó (con la mayoría del Frente de Todos) una resolución que formula 14 cargos contra el juez Juan Carlos Maqueda. El escrito será elevado a la Corte Suprema para notificar al magistrado que tiene diez días para hacer su descargo en persona o por escrito. De todas formas, desde el oficialismo aclararon que el magistrado también puede no contestar, si así lo determina.
Tras seis reuniones durante las cuales declararon 17 testigos, el oficialismo determinó que se recolectaron “suficientes pruebas de la participación del juez Juan Carlos Maqueda respecto de las imputaciones de mal desempeño y posible comisión de delitos en el marco de las funciones de fiscalización de la gestión ejercidas, durante el período comprendido entre el 7 de abril del 2008 y el 31 de agosto del 2021, en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”.
Puntualmente, la mayoría oficialista formuló 14 cargos contra Maqueda -aunque aclaró que en esta etapa fueron formuladas “provisionalmente”- entre los que se destacan el incumplimiento del deber de fiscalización de la obra social, haber mantenido sistemas informáticos obsoletos y ser responsable de una gestión administrativa “irregular, arbitraria, no transparente”, entre otros.
A su vez, se estableció una subcomisión interna, que estará integrada por Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y dos diputados de la oposición, para continuar con la investigación sobre otros períodos temporales no abordados. El oficialismo bautizó “período Maqueda” al que va de abril de 2008 hasta agosto de 2021, cuando el magistrado habría tenido a su cargo la administración de la obra social.
El diputado del PRO, Pablo Tonelli, planteó en nombre de la oposición que “las supuestas irregularidades no son más que vicios, defectos y errores que ocurren en todas las obras sociales del país”.
“Hay una falta de correspondencia entre los cargos y las pruebas. Esto implica la nulidad de esta resolución. ¿Cómo se va a defender alguien si no se dice en cada imputación concreta cuál es la prueba que le da fundamento a esa acusación? En los términos en los que está redactada la resolución es imposible la defensa, por lo que viola la Constitución”, agregó.
En el plano político, el titular del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, señaló que el juez Maqueda cumplirá los 75 años el año que viene y acusó al oficialismo de buscar su renuncia “para tener dos vacantes en la Corte de acá a las elecciones”.
Por otro lado, los diputados del Frente de Todos presentaron el próximo tema que investigará la comisión: el fallo por la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
En diciembre del año pasado, la Corte Suprema falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipación que la enfrentaba con el gobierno nacional. El máximo tribunal dictó una medida cautelar por la cual ordenó que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (CABA reclamaba 3,50% en el reclamo de fondo) y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.
El gobierno porteño había recurrido a la Justicia debido a que en 2020 Alberto Fernández decretó la reducción del 3,5 a 2,3 los fondos destinados a la Ciudad. Luego esa decisión fue ratificada por una ley. Esos fondos habían sido triplicados previamente por Mauricio Macri por decreto a raíz del traspaso de la Policía.
Para probar que hubo un acuerdo espurio entre el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el titular de la Corte, Horacio Rosatti, el oficialismo exhibirá los presuntos chats que se filtraron mediáticamente entre Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, que llevaron al FdT a iniciar el proceso de juicio político a los supremos.
La titular de la comisión, Carolina Gaillard, adelantó que para la próxima reunión, prevista para el 27 de junio, citará al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, a los gobernadores que apoyaron la reducción de la coparticipación contra CABA, y a Horacio Diez, funcionario de la Procuración del Tesoro.
Para la reunión siguiente, el 4 de julio, citarán a Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro. Desde la oposición ya adelantaron que impugnarán que los presuntos chat filtrados sean utilizados como evidencia.
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