Quiénes son los intendentes de GBA que no podrán ir por la reelección ante un eventual fallo de la Corte Suprema

Más de una veintena de intendentes del conurbano bonaerense están a la espera de una decisión de la Corte Suprema sobre las reelecciones que podría reconfigurar el mapa de poder en la provincia de Buenos Aires. Muchos de los barones del Gran Buenos Aires están alerta por el último fallo que dejó fuera de la carrera electoral a los gobernadores Sergio Uñac y Juan Manzur, pero confían en que la nueva legislación bonaerense es distinta.

La Corte Suprema tendrá que decidir sobre un planteo de inconstitucionalidad de la norma que habilita una nueva reelección de los intendentes bonaerenses que ya llevan ocho años en el cargo, que pertenecen a distinto signo político. En el texto también se solicitó que se suspendan las elecciones PASO del próximo 13 de agosto si antes de esa fecha el Máximo Tribunal no resuelve el caso. El Máximo Tribunal ya le corrió vista del expediente el 2 de junio último al procurador general, Eduardo Casal, quien tiene que opinar si en el caso debe intervenir o no la Corte. En otras causas en las que se reclamó por la inconstitucionalidad de reelecciones, la Procuración dijo que la Corte no era competencia originaria de esos planteos, y sin embargo los supremos resolvieron intervenir en los expedientes de San Juan y Tucumán y todavía no definieron que harán en el de Formosa.

El debate por las reelecciones en la provincia de Buenos Aires comenzó cuando la entonces gobernadora María Eugenia Vidal impulsó limitar la perpetuación de los intendentes y la Legislatura bonaerense aprobó - con el apoyo del massismo y la Coalición Cívica - en 2016 la ley que limitó la reelección a una sola. Esto implicó que los jefes comunales sólo podrían ejercer el cargo dos períodos de manera consecutiva, pero tomando como el primero de esos mandatos el que los intendentes estaban cumpliendo al momento de entrada en vigencia de la ley. La norma alcanzaba también a concejales, consejeros escolares y legisladores de la Provincia. Esta interpretación generó reclamos por la retroactividad de la norma, ya que la ley se sancionó cuando ya habían sido electos.

A finales de 2021, la ley se modificó para permitirle a muchos intendentes históricos una última posibilidad de ser reelectos, ya que el nuevo texto aprobado considera que aquellos que fueron elegidos en 2017 o 2019, se les contabilizará ese período como el primero, aunque hubieran varios cumplido otros mandatos antes en el cargo. En el caso de las gestiones que se hubieran iniciado como resultado de las elecciones del 2021, la norma estableció que se les iba a computar como primer período, sólo si no hubieran ejercido un mandato inmediato anterior.

Esa modificación a la norma fue impulsada por una mayoría de intendentes y legisladores del oficialismo y de Juntos por el Cambio. “La primera ley tenía un grave problema al regular para atrás, y eso es lo que abrió la discusión de las licencias. Hoy, con la modificación, está plenamente vigente y es una ley, que al revés de Formosa, limita la reelección indefinida”, argumentó ante Infobae un intendente del oeste del conurbano bonaerense. Para sortear la limitación a un tercer mandato consecutivo, un decreto reglamentario de la propia Vidal de 2019 había abierto la posibilidad de una segunda reelección, si no se cumplieron dos años en el cargo. Esa “ventana fue la que aprovecharon más de una decena de intendentes que pasaron a desempeñarse en puestos en el Ejecutivo bonaerense o nacional y pidieron licencia en sus municipios antes de diciembre de 2021, pensando en una posible nueva postulación en 2023.

Sin embargo, Andrés Gil Domínguez, el abogado constitucionalista que patrocinó el pedido de inconstitucionalidad de Oscar Alva, presidente del partido PAIS en la Provincia, tiene una mirada distinta. “Este caso es igual al de San Juan y Tucumán, en los que la Corte hizo una interpretación de las normas provinciales y le puso un límite a las reelecciones. No hay un derecho constitucional ni humano a la reelección, por lo cual no se puede aplicar la retroactividad. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 28/21 a partir de una consulta hecha por Colombia, determinó que no se coarta un derecho cuando se pone límite a la reelección, y que por el contrario, es saludable que así suceda”, sostuvo en diálogo con Infobae.

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En la presentación ante la Corte, Alva reclama que se declare inconstitucional el artículo 4 de la ley 15.315 que se legisló en diciembre de 2021 ya que “es contrario a la aplicación progresiva y no regresiva del principio republicano, como así también, se opone a una interpretación idónea del artículo 191.5 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires basado en ese principio”. En ese sentido, con el patrocinio de Domínguez, reclama que en la actualidad hay 91 intendentes de la Provincia de Buenos Aires sobre un total de 135, que se encuentran en “la privilegiada posición” de ser los únicos, exclusivos y excluyentes sujetos que tendrían la posibilidad de estar en ejercicio del cargo por 12 años.

Aunque no todos los intendentes han manifestado aún su voluntad de ser reelectos, por lo menos 24 de los 40 que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedarían afectados políticamente por una hipotética resolución adversa de la Corte Suprema según el recuento realizado por Infobae. Posibles candidaturas de históricos intendentes como Gustavo Posse (San Isidro) o Fernando Gray (Esteban Echeverría) podrían verse alcanzadas por un fallo en ese sentido.

Si bien Juntos por el Cambio - y en particular la UCR con más intendentes en el interior de la provincia- pondrían más intendentes en riesgo con una decisión de la Corte contra sus posibles re reelecciones, sería el Frente de Todos el que mayor potencial político podría arriesgar ya que son mayoría en el Conurbano que concentra los distritos de mayor peso electoral.

Las largas estancias en el poder son un fenómeno que se repite en algunos municipios del conurbano bonaerense, aunque no exactamente con las mismas características. Algunos barones se mantienen en sus cargos, ya sea ellos o mediante familiares, desde hace décadas. Un ejemplo de este fenómeno es lo que ocurre en San Isidro, donde la familia Posse se ha convertido en una dinastía de la política bonaerense. Gobiernan el mismo distrito en forma ininterrumpida desde hace más de cuatro décadas.

Desde el regreso de la democracia, ninguna otra persona gobernó San Isidro que no se apellide Posse. Melchor Posse, histórico dirigente de la UCR, permaneció durante cinco mandatos consecutivos hasta que, en 1999, dejó el legado en manos de su hijo. Si su seguidilla parecía larga, la de Gustavo Posse la superó: lleva seis mandatos consecutivos en el municipio, 24 años. Ya suman, entre padre e hijo, 44 años al frente del municipio con el presupuesto per cápita más alto del Conurbano. Sin embargo, el intendente aún no anunció si irá por su séptimo mandato consecutivo en agosto. “No hablamos hoy de candidaturas, estamos enfocados en el trabajo diario y en fortalecer a la UCR”, respondieron en su entorno ante la consulta de Infobae. Su nombre suena como un posible compañero de fórmula de Diego Santilli, precandidato a gobernador de Juntos en las PASO. Posse cuestionó recientemente la reelecciones indefinidas, pero solo para gobernadores y presidentes. Sostuvo que “hay una diferencia entre mandato y administración” y consideró que los intendentes son solo “administradores”.

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Sin embargo, la ley bonaerense que habilita una reelección iguala el caso de Posse a los de cualquier intendente que haya asumido desde 2015. Lo mismo ocurre con Alberto Descalzo, que es intendente de Ituzaingó ininterrumpidamente desde 1995, cuando se creó el partido. Aunque todavía no hizo pública su intención de competir en las próximas elecciones, es uno de los caciques peronistas del conurbano que miran con atención la resolución de la Corte Suprema.

Otro dirigente que acumula más de dos décadas al frente de una intendencia es Alberto Granados, jefe comunal de Ezeiza y uno de los barones peronistas del Conurbano. Fue electo por primera vez vez en 1995 y permaneció en el cargo hasta 2013. Volvió a hacerse cargo del municipio en 2015, con mandato hasta diciembre próximo, cuando cumplirá 26 años en el poder. Aún no está definido si buscará postularse nuevamente o si el candidato será su hijo, Gastón Granados, quien ya se desempeñó como intendente interino cuando su padre estuvo de licencia.

Mario Secco también lleva 20 años consecutivos como intendente de Ensenada. Asumió su primer mandato en 2003 y fue electo cinco veces, la última con un 72% de los votos. Muy cercano a Cristina Kirchner, lidera la “Mesa de Ensenada” promotora del operativo clamor de la candidatura de la vicepresidente. También vería frustrada su intención de seguir al frente del Municipio ante un fallo adverso de la Corte que frustrara una nueva reelección en el caso de los que llevan ya dos mandatos. En situación similar está Ricardo Curuchet, también del Frente de Todos, quien maneja Marcos Paz desde 2003.

Otro cacique peronista bonaerense que podría ver truncado un nuevo mandato es el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, que había gobernado el distrito desde 1999 durante tres mandatos. Dejó el cargo en 2011 para retomarlo en 2015, y ser reelecto nuevamente en 2019. Todavía no anunció públicamente su candidatura para seguir al frente por otros cuatro años.

No son los únicos. Otros dos jefes comunales peronistas que van por su cuarto mandato son Fernando Gray, de Esteban Echeverría, y Osvaldo Cáffaro, de Zárate. Ambos están al frente de sus intendencias desde 2007 en forma ininterrumpida y podrían verse inhabilitados ante un eventual fallo de la Corte para ir por un quinto mandato. Ex presidente del PJ bonaerense y enfrentado a Máximo Kirchner, Gray ya hizo pública su intención de ir por un período más. Cáffaro aún no lo confirmó, pero se especula que también podría ir por su quinto mandato.

Jorge Ferraresi llegó a la cima del Ejecutivo local en Avellaneda en 2009, para reemplazar a su entonces jefe político Baldomero Álvarez de Olivera. Revalidó sus credenciales en las urnas en 2011 y fue reelegido en 2015 y 2019. Se tomó licencia en 2020, cuando fue convocado por el presidente Alberto Fernández para asumir como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. En octubre del año pasado, Ferraresi renunció a su cargo para volver a su terruño. Ya lleva 12 años de gestión y, si decide volver a ser candidato, ese número podría estirarse hasta los 16.

En Tigre, Julio Zamora buscará también competir por un nuevo mandato dentro del Frente de Todos en el cargo que ocupa desde 2015, y podría ver truncada esa posibilidad. En este municipio del norte del conurbano, la posible contrincante por el oficialismo podría llegar a ser Malena Galmarini, la titular de Aysa y esposa del ministro de Economía, Sergio Massa. El líder del Frente Renovador, quien manejó este distrito entre 2007 y 2013, está hoy enfrentado a Zamora, dirigente de su partido y quien fue su sucesor. En el entorno del actual intendente desconfían de los verdaderos motivos de la presentación de Alva ante la Corte, y recuerdan que en 2017 integró la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de “1PAÍS”, frente electoral que llevaba como cabeza de la boleta para senadores al actual ministro de Economía.

En una situación similar está Juan Zabaleta, que dejó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en octubre pasado para volver a hacerse cargo de Hurlingham, y planea volver a presentarse y enfrentar a La Cámpora en su distrito. Otro que vería frustrada su intención se seguir es Ariel Sujarchuk, quien renunció en abril a la Secretaría de Economía del Conocimiento de la Nación bajo las órdenes de Massa, y retornó a Escobar para volver a presentarse. Ambos asumieron en 2015 y ya manifestaron que buscarán ir por un tercer mandato consecutivo en octubre.

Otros tres jefes comunales del Frente de Todos están actualmente de licencia en sus cargos, pero al haber sido electos en 2015, cumplen su segundo mandato consecutivo este año y no estarían habilitados si la Corte le hace lugar al planteo de Alva. Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas y hoy al frente del MInisterio de Infraestructura bonaerense. Gustavo Menéndez, jefe comunal de Merlo quien, desde 2021, es presidente del Grupo del Banco Provincia, y es secretario de organización del Partido Justicialista. Y Mariano Cascallares, electo al frente de Almirante Brown pero que, también desde 2021, ocupa una banca de diputado provincial y ya anunció que buscará revalidar su mandato en estas elecciones.

No solo intendentes del oficialismo podrían ver trunca su intención de competir por un nuevo mandato si la Corte le hiciera lugar al planteo del presidente del partido PAIS. Dos jefes comunales de Juntos por el Cambio, Julio Garro (La Plata) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero) llevan dos períodos en el cargo, pero tienen habilitada una nueva reelección con la modificación de la ley en 2021, porque fueron electos en el cargo en 2015. Ambos evalúan presentarse nuevamente aunque no lo oficializaron.

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