La Justicia investiga contaminación con residuos peligrosos en el basural de Luján: la explosiva declaración de un ex funcionario

La Justicia Federal de Mercedes investiga la contaminación existente en el basural a cielo abierto de Luján, el más grande del país, producto del volcado de residuos peligrosos que han terminado contaminando el aire (por la quema intencional), la tierra y las napas de agua. Tales hechos, de ser probados en el proceso judicial, violan la Ley 24.051 de Delitos Ambientales. En el expediente ya se han incorporado testimonios de ex funcionarios, análisis químicos que revelan la presencia de sustancias altamente tóxicas que pueden producir cáncer y saturnismo, como estireno vinil benceno y plomo. Además, se ha incorporado a la investigación un informe técnico, producido por peritos de la Policía Federal, División Delitos Ambientales, los cuales aseguran al juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto que “resulta de imperiosa necesidad realizar tomas de muestras dentro del predio”. También le aseguran que es “pertinente realizar una toma de muestra de los pozos de agua que poseen los vecinos que se encuentran en las inmediaciones del lugar”, entre ellos el de la escuela rural de Open Door, ubicada entre el basural, más conocido como “La quema”, y la Estación Sucre, el lugar donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a cargo de Juan Cabandie, construye una planta de reciclado y un relleno sanitario, con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, por unos 18 millones de dólares.

El mismo magistrado ya ha paralizado la obra al darle curso a una medida cautelar solicitada en el marco del amparo ambiental interpuesto por vecinos del lugar, quienes se ven perjudicados y ante “la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”.

Uno de los ex funcionarios de Luján que declaró bajo juramento de decir la verdad aseguró que es tal el descontrol que existe en el vertedero de esa localidad bonaerense que “se han encontrado todo tipo de residuos, desde fetos humanos, una beba muerta con dos días de vida, según la autopsia, animales muertos, residuos industriales de todo tipo, aceites combustibles, filtros de automotores. De ello se ha dado intervención a la policía ecológica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, delegación San Martín”.

La dramática situación descrita por Fernández ante el juzgado fue reconocida por el propio ministro Cabandie. Durante una recorrida al lugar, afirmó: “En este basural se tiraban los escombros del conurbano, caballos, animales domésticos, residuos peligrosos, químicos”. Su declaración figura en la página de Presidencia de la Nación y está fechada el 11 de noviembre de 2022.

La causa tiene como querellante a Viviana Karina Novelle y a Martín Magram como abogado patrocinante. Allí denuncian la posible violación de la Ley 24.051 de Delitos Ambientales, que define como residuo peligroso “a todo aquel que pueda causar un daño, directa o indirectamente, a los seres vivos, o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. La denuncia tiene por objeto tanto el volcamiento de residuos peligrosos como la eventual omisión de control de los funcionarios públicos competentes.

“La historia del basural a cielo abierto de la localidad de Luján, quizás uno de los más grandes y contaminados de Sudamérica, resume la historia de un Estado en retirada, permitiendo el avance sistemático de un proceso infeccioso en el seno de una sociedad corroída por décadas de indiferencia”, se describe en el texto judicial que investiga la justicia federal de Mercedes. También agrega: “El basural ha cobrado una magnitud de difícil dimensión, constituyendo en la actualidad un cáncer que carcome a una población cautiva”.

Y profundiza: “Brevemente, no se verifica una simple ausencia de Estado, sino más bien una autorización para que prosperen negocios espurios en detrimento de la salud de la población, flanqueando un creciente proceso de degradación a través del cual supura el germen de la desidia con un único posible resultado: la enfermedad, la degradación, la muerte”.

Desde hace cinco décadas, la Municipalidad de Luján arroja los residuos de los vecinos al predio de casi 13 hectáreas ubicado a 800 metros de la ruta 192, precisamente sobre calle camino a Sucre 359, en el límite entre Lujan y Open Door.

En diálogo con Infobae, Martín Magram, el letrado patrocinante, explicó: “La Ley 24.051, entre otras cosas, penaliza el volcamiento de residuos peligrosos que no pueden ser arrojados en los vertederos a cielo abierto, como así tampoco los desechos patológicos y patogénicos, como aceites, desechos de lavaderos, curtiembres, hospitales, talleres mecánicos, etc.”.

En conversación con el abogado de la parte querellante, se recordó que en el marco del proceso penal que tramita ante el fuero federal, en atención al tipo penal investigado y a la interjurisdicción del daño producido, se incorporaron estudios de laboratorio efectuados respecto a las muestras extraídas en el basurero a cielo abierto y alrededores, los cuales arrojan resultados gravísimos en el aire (producto de las permanentes quemas para reducir las montañas de basura). Se detectaron seis componentes prohibidos y calificados como residuos peligrosos, y en tierra y agua se encontraron penosamente 21 componentes que son absolutamente peligrosos y cancerígenos.

El vídeo que se publica en esta nota fue realizado por los propios vecinos de la zona como una forma de demostrar que en el vertedero municipal aún se sigue quemando basura, lo cual produce una nube tóxica contaminante no solo para los vecinos, sino también para los niños y personas que se dedican a la separación manual de residuos, lo que los termina enfermando y matando.

Magram explicó que se solicitó al juez que investigue “la comisión del delito del volcamiento de residuos peligrosos, así como también la responsabilidad eventual de funcionarios por la omisión de control respecto a ese volcamiento”.

Hasta el momento, la Municipalidad de Luján, a cargo del intendente de La Cámpora Leonardo Boto, sostiene que en el vertedero solo se arrojan residuos domiciliarios o urbanos; sin embargo, esto no sería así debido a la falta de controles, y reconocen que no se realiza ningún tipo de separación en origen.

Infobae recorrió el basural varias veces. En algunas de ellas se observó, por ejemplo, bolsas negras que en el interior contenían otras de color rojo con desechos patológicos hospitalarios o de clínicas de la zona.

Entre otras sustancias prohibidas, los análisis químicos ya incorporados al expediente detectaron tolueno, “un compuesto orgánico volátil utilizado comúnmente en la fabricación de productos químicos, pinturas, barnices, pegamentos y solventes”, se detalla en la denuncia penal. Y agrega: “La exposición al tolueno puede provocar irritación en los ojos, la nariz y la garganta, dolor de cabeza, mareos, somnolencia, pérdida de coordinación y problemas respiratorios. Además, la exposición crónica al tolueno puede causar daño al sistema nervioso, trastornos reproductivos y teratogénicos, y efectos adversos en el hígado y los riñones”.

También se descubrió la presencia de “clorobenceno”, un compuesto orgánico que se utiliza en la producción de productos químicos, productos farmacéuticos y pesticidas. La presentación judicial destaca que “la exposición al clorobenceno puede tener efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente”.

La exposición a este producto orgánico altamente tóxico “puede provocar irritación en los ojos, la nariz y la garganta, dolor de cabeza, mareos, somnolencia y problemas respiratorios. La exposición crónica al clorobenceno puede causar daño en el hígado y los riñones, trastornos neurológicos y hematológicos, así como efectos adversos en el sistema reproductivo”, según la explicación que se realiza ante el magistrado y que está basada en estudios internacionales y de agencias gubernamentales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la denuncia penal se afirma: “Resulta imperativo relevar lo previsto en el art. 57 Ley 24.051 (responsabilidad de directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma) en relación a la personas jurídica interviniente en todo el proceso relacionado las tareas desarrolladas a propósito del proyecto licitado”, que el ministro Cabandie autorizó, junto al BID para desarrollar en la denominada Estación Sucre -de unas 11 hectáreas de extensión y ubicada a dos kilómetros del basural- para levantar la planta de reciclado y galpones -dónde trabajaran integrantes de una cooperativa del Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular (MTE) y relleno sanitario.

Explica el abogado Magram: “Asimismo, con el devenir de esta investigación se podrá determinar la responsabilidad los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, funcionarios de la cartera correspondiente de la Provincia Buenos Aires y del Municipio de Luján, quienes de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 24.051, son los directamente responsables de la contaminación, así como la autoridad de aplicación y contralor de dicha ley, debiendo por tanto investigarse la conducta de las autoridades provinciales y municipales (ministros y/o secretarios de ambiente, comisiones interministeriales de residuos peligrosos y/o cualquier otra autoridad y/o persona que por orden de las leyes aplicables tengan bajo sus órdenes la responsabilidad de evitar la contaminación de los suelos, las aguas, napas, acuíferos, etc. con material peligroso, patogénico y/o patológico, etc.)”.

Para la querella, “los delitos ambientales van de la mano de la corrupción y necesitan de la infraestructura de las personas jurídicas como pantalla de seriedad” y explica: “La llegada de la Ley Nacional 27.401 de Responsabilidad Penal de la Personas Jurídicas establece un gran avance en cuanto permite que el derecho Penal alcance como sujeto activo a las personas jurídicas cuando han obtenido interés o beneficio de la comisión del hecho ilícito efectuado por sus órganos-personas físicas o se los ha ratificado cuando no tenían facultades”.

El letrado patrocinante adelantó que le solicitó al juez federal que “se investigue urgente el grave delito que ya afecta a una porción significativa de la población de la zona, amenazando con profundizar su deterioro, extendiéndose incluso a zonas aledañas”.

“No en vano se ha teorizado acerca de la posibilidad de contemplarse las graves afectaciones al ambiente como genocidio, crimen de guerra o un ataque generalizado o sistemático contra la población civil con posibles intenciones de dañar a las generaciones presentes y futuras a través de asesinatos masivos, persecuciones u otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental y/o física”, sostuvo Magram.

En la causa, el juez federal de Mercedes ya dispuso varias medidas de prueba y tomó declaraciones testimoniales. Por ejemplo, la de Sergio Horacio Fernández, Subsecretario de Servicios Público de la Municipalidad de Luján desde el 2016 al 10 de diciembre de 2019. Su testimonio fue revelador y alarmante.

El ex funcionario aseguró: “Al interesarse por el bien común de la ciudad y que se cumpla fielmente con la legislación vigente en la materia (medio ambiental) intenté en numerosas oportunidades tener el apoyo de los funcionarios de organismos de contralor respectivos para su inspección y buen funcionamiento del lugar”. Sin embargo, contó que se encontró “con muchos inconvenientes para lograrlo”.

“He tenido amenazas y agresiones tanto a su persona como a su familia, de las cuales ha efectuado las denuncias pertinentes en la UFI descentralizada de la doctora Laura Cordiviola”, le explicó al magistrado.

Cuando se le preguntó si en el municipio de Luján los desechos arrojados en las pilas de basura concentradas en el basural a cielo abierto “son tratados mediante procedimientos de gestión de residuos sólidos urbanos previstos por la reglamentación vigente, y en su caso, de qué manera” se realizaba la tarea, Fernández respondió: “No, realmente no existe tratamiento alguno, ya que para ello debería colocarse una membrana geoplástica de impermeabilización para cubrir e imposibilitar que los lixiviados confluyan en las napas de agua”.

El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto también quiso saber “si tiene conocimiento respecto a qué tipo de residuos se han encontrado en el vertedero a cielo abierto”, y el funcionario de la gestión del intendente Oscar Luciani reveló: “Se han encontrado todo tipo de residuos, desde fetos humanos, una beba muerta con dos días de vida —según la autopsia—, animales muertos, residuos industriales de todo tipo, aceites combustibles, filtros de automotores; de ello se ha dado intervención a la policía ecológica de la policía de la provincia de Buenos Aires, delegación San Martín”.

Fernández también detalló: “Se han encontrado barros del lavado de automotores que son transportados mediante volquetes al basural” y que “ello acarrea la acumulación de nafta, aceite y demás residuos no permitidos”.

La contaminación que existe en el lugar y zonas aledañas al vertedero ya había sido reconocida por el ministro Cabandié durante un recorrido que realizó, junto a otros funcionarios, en la Estación Sucre: “En este basural se tiraban los escombros del conurbano, caballos, animales domésticos, residuos peligrosos, químicos”, dijo.

En su declaración testimonial, también certificó que los líquidos producto de la descomposición de residuos, conocidos como “lixiviado”, “no son tratados adecuadamente para que no atraviesen el piso de base y contaminen fuentes de agua potable o aguas superficiales”, y que “no se trata, ni se toman los recaudos necesarios al efecto”. Detalló también que “lo que es más grave aún, es el vuelco de residuos en las tosqueras linderas al basural, todo el espejo de agua está impactado por residuos”.

En sintonía con esto, remarcó que no se toman medidas con respecto a la emisión de sustancias tóxicas producto de la quema de plásticos u otros materiales existentes en el basural de Luján y que “incluso los residuos actualmente siguen prendidos fuego, y se sigue volcando por encima”. También destacó que “el nuevo proyecto de saneamiento no contempla las zonas denominadas de sacrificio ni tampoco las tosqueras”.

El ex Subsecretario de Servicios Público de la Municipalidad de Luján afirmó ante la Justicia que el proceso para remediar las calamidades que produce el mayor vertedero del país es “el cierre técnico definitivo”. De hecho, explicó: “Existe una ordenanza municipal N° 3651 del año 2016 -tal como informo este medio- que dispone el cierre inmediato del basural a cielo abierto, habiéndose gestionado con la CEAMSE para efectuar la disposición de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Luján”.

Fernández también fue enfático en un punto que se toca con el recurso de amparo interpuesto por un grupo de vecinos de Luján para que se paralicen las obras de relleno sanitario y planta de reciclado en la Estación Sucre. “Los mismos desechos depositados actualmente en el basural a cielo abierto serán remitidos al centro ambiental a construirse en el predio en el predio Sucre”, aseguró.

Y fue más allá: “A mi entender es un acto criminal por haber intentado impactar en una zona declarada como patrimonio histórico con una gran arboleda añosa que se han tirado abajo, con alto tránsito de camiones que transportarían estos residuos por la puerta de una escuela rural que se que se encuentra a solo 600 metros de dicho lugar” y que a su criterio “esto se solucionaría con una planta de transferencia de residuos como el Ministerio de Medio Ambiente está realizando y financiando en la localidad de Moreno”.

Las Estaciones de Transferencia son instalaciones donde los residuos de los vehículos recolectores son transferidos a equipos de transporte de gran capacidad de carga, los cuales finalmente son los encargados de llevar los residuos a la plantas de tratamiento o al centro de disposición final, como por ejemplo la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, más conocido como CEAMSE.

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