El juez federal de Mercedes Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto le otorgó a la municipalidad de Luján “60 días hábiles administrativos” al intendente Leonardo Boto para que cumpla con la orden de dejar de arrojar las 120 toneladas diarias de residuos que producen los vecinos de esa localidad bonaerense en el basural a Cielo abierto de esa localidad y los deriven a otro lugar -como podría ser la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). El mayor vertedero del país funciona allí hace 50 años y ya contaminó napas de agua y tierras.
La resolución avala la hipótesis de que el Municipio es reticente a remediar la situación que es objeto de pleito, pese a haber tenido el tiempo suficiente para solucionar la cuestión desde abril del año pasado.
En rigor, estaa ventana le da aire al intendente local para transitar las elecciones PASO sin conflictos con los recicladores que viven del basural -y se enferman por trabajar en condiciones indignas-. Una parte de ellos están agrupados en una cooperativa del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), liderado por Juan Grabois, precandidato presidencial del Frente de Todos. La semana pasada Boto y Grabois presentaron juntos en Luján el libro del dirigente social Los Peores.
En 2022 dos cooperativas de trabajo del MTE le facturaron al Municipio de Luján más de $200 millones para realizar diversas tareas, entre ellas, en el vertedero a cielo abierto.
Hasta el momento, la administración Boto, que responde a La Cámpora, no mostró voluntad para cumplir con el mandato judicial, por ejemplo, no presentó propuestas alternativas a seguir arrojando los residuos en el basural que, está probado, ya contaminó tierras y napas de agua según los análisis químicos realizados por los laboratorios oficiales de la provincia de Buenos Aires.
La resolución judicial contra el relleno sanitario de Luján
Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, el 21 de abril, dispuso paralizar, de manera preventiva, la construcción de una planta reciclado y el relleno sanitario ubicada en el denominado predio Estación Sucre, ubicado a casi dos kilómetros del vertedero y le prohibió al Municipio seguir arrojando en el Basural a Cielo Abierto los desechos locales, al resolver a favor de un recurso de amparo interpuesto por un grupo de vecinos y empresarios de la zona -entre ellos Ignacio Francisco Uranga, Carlos Reyes Terrabusi y Viviana Karina Novelle-, que ven perjudicados sus emprendimientos agropecuarios a través de los que emplean a cientos de trabajadores.
Después de analizar la presentación judicial, el juez federal de Mercedes entendió que era válido el reclamo de las personas que se sentían damnificadas, por ejemplo, ante “la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”.
La obra de Luján se realiza con un préstamo de unos 18 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los mismos demandantes se presentaron ante la oficina externa de investigación que realiza las auditorías para el BID afirmando que la obra de Ecoparque y Centro Ambiental, que forma parte del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, y que fue adjudicada a la empresa EVASA “podía producir “potenciales daños a la calidad de vida, salud y patrimonio (…) “Aunado a afectaciones ambientales y al patrimonio cultural para la comunidad, por el saneamiento de un basural y la apertura de un nuevo relleno sanitario en la zona, que hacen parte del Programa”.
Ante una consulta de este medio, en la oficina de Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) que trabaja de manera independiente para el BID, con sede en Washington, explicaron: “Como se detalla en el registro público, la Verificación -de la obra en Luján- empezará una vez se haya constituido el panel de investigación, que estará integrado por la coordinadora de la Fase y dos personas expertas. Actualmente se está trabajando en el punto 1 del cronograma para escoger y contratar al panel de investigación”.
Dentro de ese contexto, el magistrado federal ordenó detener los trabajos que están a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandie.
A pesar de la resolución judicial, Boto no cumplió con la orden de la Justicia y siguió volcando los desechos en el vertedero y presentó el 22 de mayo un escrito judicial a través del cual le informa sobre la desobediencia a su mandato en los siguientes términos: “La medida en los términos en que fue dispuesta resultaba de cumplimiento imposible”.
El documento que la Municipalidad envió al magistrado consta de 4 páginas encabezadas con el membrete oficial. En el primer párrafo se argumenta: “Sin perjuicio que dicha medida cautelar no se encuentra firme y que se ha recurrido la decisión adoptada por V.S. (vuestra señoría) el 27 de abril de 2023 de conceder con efecto devolutivo y no suspensivo el recurso de apelación presentado por la Municipalidad el 26 de abril de 2023, este Departamento Ejecutivo ha instruido a todas las áreas con incumbencia a instrumentar todas las medidas necesarias para evaluar la forma, los plazos, los costos, las eventuales consecuencias económicas, presupuestarias, jurídicas, etc. y así poder dar cumplimiento a la medida”.
Boto, un hombre ligado a Máximo Kirchner y la Vicepresidenta de la Nación, le advierte al juez federal de Mercedes: “En el municipio, entonces, el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos es público, lo que conlleva que deba prestarse con continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad, igualdad, obligatoriedad, etc. Así las cosas, la Municipalidad no puede dejar de prestarlo”.
Por último, la Municipalidad de Luján le pide al magistrado: “Por todo lo expuesto, solicito al Sr. Juez tenga a bien conceder un plazo prudencial no menor de noventa (90) días hábiles (a) fin de procurar dar cumplimiento a la medida cautelar dispuesta”.
El magistrado, en principio, le otorgó “diez Díaz corridos”. Sin embargo, ayer, modificó el lapso para que la Municipalidad de Luján cumpla con la medida que fue apelada ante la Cámara y que aún no resolvió.
Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto argumentó: “Advirtiendo en este estado que por un error material en el proveído de fecha 1-6-2023, se concedió prórroga a la Municipalidad de Lujan por el plazo de 10 días corridos, corríjase el mismo y otórguese por el término de sesenta (60) días hábiles administrativos. Notifíquese por Secretaría”.
La situación en Luján es muy compleja ya que hasta el momento no se encontró una solución sostenible para todos los vecinos de la localidad.
Como ya informo este medio, el Consejo Deliberante local aprobó el 5 de septiembre de 2016, la ordenanza 6695 que autorizaba al Ejecutivo local a la suscripción del convenio con la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado “para la disposición final de residuos sólidos urbanos”. El convenio fue firmado durante la gestión anterior, a cargo de Oscar Luciani.
El 20 de mayo de 2019, el ex alcalde realizó una ampliación del acuerdo, llamado “convenio marco”, que sigue vigente y que Boto debería renovar los términos, por ejemplo, sobre el precio que debería abonar por tonelada al disponer sus desechos a la CEAMSE y dejar de contaminar y perjudicar a los vecinos de la municipalidad dónde se erige Basílica Nuestra Señora de Luján.
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