A pesar de una orden judicial y de tener un convenio con CEAMSE, la Municipalidad de Luján sigue arrojando residuos en un basural a cielo abierto

La Municipalidad de Luján, a cargo de Leonardo Boto, incumple la resolución judicial de no seguir arrojando residuos en el basural a cielo abierto más grande del país. Continúan con su accionar a pesar de que el Consejo Deliberante, el 5 de septiembre de 2016, aprobó la ordenanza 6695 que autorizaba al Ejecutivo local a la suscripción del convenio con la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) “para la disposición final de residuos sólidos urbanos”. El convenio fue firmado durante la gestión anterior, a cargo de Oscar Luciani.

El 20 de mayo de 2019, el ex alcalde realizó una ampliación del acuerdo, llamado “convenio marco”, por ejemplo, para trasportar las más de 120 toneladas de basura diaria que generan los habitantes de Luján al relleno sanitario ubicado en el kilómetro 6,5 del Camino del Buen Ayre, en la localidad bonaerense de José León Suárez, en el municipio de General San Martín.

El convenio sigue vigente. Fue homologado durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Entre las rúbricas figura la del entonces responsable de la CEAMSE, Eduardo Ricciuti; y la ex secretaria de gobierno de la comuna -por entonces oficialista-, Rita Sallaberry.

El 2 de octubre de 2019, la propia Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado le envió una comunicación al Despacho de Obras Públicas en el cual la CEAMSE pidió a la Municipalidad de Luján que en el transcurso de ese mes le envíen “el listado donde conste las empresas y dominios de vehículos autorizados a realizar descargas, con el propósito de regularizar nuestra base de datos”.

Era en plena recta final de las elecciones presidenciales que ganaría el Frente de Todos con Alberto Fernández en la presidencia; Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y el camporista Leonardo Boto en Luján.

Ante una consulta de Infobae, desde la alcaldía de Luján, a través de un escrito refrendado por el secretario de Desarrollo Productivo, Juan Pablo Redondo, aseguró: “El supuesto convenio con la CEAMSE ya tiene características míticas y bastante alejadas de la realidad. Solo se trató de la firma de un acuerdo marco, una simple acción política del entonces intendente municipal Oscar Luciani, de la que participaron un actual concejal que acercó al CEAMSE y el ex subsecretario de servicios públicos de la comuna hoy devenido en especialista ambiental (no da sus nombres)”.

Para el funcionario de Boto, “esa acción comunicacional, maquillada de ordenanza, se decretó en septiembre de 2016″. “Nunca hubo un convenio específico o una agenda de trabajo entre el Municipio y la CEAMSE para avanzar en la disposición final de los residuos del Municipio. Estimamos que, en ese entonces, los funcionarios a cargo del área conocían y dieron cuenta de la imposibilidad para las arcas municipales de llevar adelante esa empresa”, aclaró.

Las ex autoridades de la CEAMSE refutaron las expresiones de Juan Pablo Redondo. Afirmaron que el acuerdo con la alcaldía de Luján se firmó.

Los residuos llegaban allí a través de los grandes camiones verdes llamados “multipropósitos“ que eran cargados con máquinas tipo excavadoras. “Si Luján no hubiera tenido convenio con la CEAMSE no podríamos haberles mandado el listado de Obras Públicas para aportar el nombre de las empresas y la flota de camiones autorizados para realizar descargas en el relleno sanitario de José León Suárez”, explicaron. También recordaron que se llevaron las campanas de reciclado que durante la actual gestión la vendieron por chatarra.

Quizás pocos lo recuerden, pero el semanario El Civismo de Luján, el 29 de mayo de 2017 publicó una nota titulada “Basural: llevan denuncia la Comisión de DD.HH.”, en la cual se hace referencia a que el entonces concejal opositor Leonardo Boto, del Frente para la Victoria, advertía en una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del “grave perjuicio que ocasiona para la salud y el medio ambiente, la existencia de un basural a cielo abierto en una zona urbana/residencial”. También solicitaba el cierre técnico y que se deje de volcar los residuos en el vertedero más grande del país.

Es lo mismo que realiza desde su primer día de gestión ya que los residuos siguen engrosando el vertedero a cielo abierto.

La situación es muy compleja ya que hasta el momento no se encontró una solución sostenible para todos los vecinos de Luján.

Por esa razón, Ignacio Francisco Uranga, Carlos Reyes Terrabusi y Viviana Karina Novelle, entre otros vecinos, que ven perjudicados sus emprendimientos agropecuarios, presentaron un recurso de amparo ante el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, argumentando, entre otros puntos, “la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”.

El magistrado hizo lugar al pedido. Sin embargo, el Municipio de Luján incumple con la medida judicial al seguir ingresando al basural los residuos.

El juez además ordenó la paralización de la planta de reciclado y relleno sanitario en la ex estación Sucre, ubicada a unos dos kilómetros del basural de 11 hectáreas que afecta, de manera directa por su cercanía, a emprendimientos como “Tallo Verde”, que genera productos con certificación orgánica (Kiwis, higos, limones, mandarinas, mango, manzanas, peras, huevos orgánicos, acelga, batatas, entre otras frutas y hortalizas). En la empresa trabajan unas 60 personas más los quinteros a los que les compran verduras y frutas.

Estas obras se realizaban con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de casi 18 millones de dólares.

Los mismos demandantes recurrieron al BID al entender que no se cumplieron con todos los pasos que se debían seguir. Entro otros hechos, denunciaron presuntas “deficiencias técnicas y riesgo para la salud por la presencia de desechos tóxicos y líquidos contaminantes”. El hecho derivó en que una auditoría externa del Banco Interamericano de Desarrollo investigue actualmente la denuncia de vecinos de Luján por posibles “deficiencias técnicas”, un aspecto que el ministro Juan Cabandié rechazó de manera enfática ante este medio.

De todos modos, la pesquisa, que está a cargo del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), ya inició la conformación del panel que estará a cargo del tema.

“Doble genocidio ambiental”

Los terrenos de la ex Estación Sucre, donde se realiza la obra civil en conflicto -que está a cargo del Ministerio de Ambiente-, fueron otorgados a la Municipalidad de Lujan a través de una “tenencia Precaria” por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Según documentación a la que accedió este medio, el 25 de noviembre de 2020, Ricardo Lissarde, por entonces presidente de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado, se negó a ceder al Municipio la “solicitud de uso de permiso precario y gratuito sobre la fracción comprendida en el cuadro de Estación Sucre de Luján”.

Las razones esgrimidas por Lissarde fueron contundentes: “Dicha solicitud tiene como objetivo que la Municipalidad lleve adelante la ejecución de un relleno sanitario, formalizando y ordenando las condiciones de disposición de residuos sólidos urbanos del partido”.

En el segundo párrafo, el entonces funcionario explicó: “Frente a tal solicitud ADIF se opone al destino de este, toda vez que resulta incompatible el uso propuesto con los futuros planes de recuperación de la infraestructura ferroviaria al menos en la traza principal. Basta con representarse que, sobre una montaña de basura, no se puede en el futuro pasar con un servicio ferroviario (…) Asimismo, ese cuadro de esa estación se halla con una importante cantidad de árboles, lo que sería un doble genocidio, ambiental talarlos y luego generar un relleno sanitario a cielo abierto”.

Coincidencia o no, el 28 de noviembre, apenas un mes después de esa negativa, el directorio de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) aceptó la renuncia de Ricardo Lissalde a la presidencia de la empresa.

A pesar de los argumentos del entonces presidente Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado, la AABE le desafectó a ferrocarriles esas casi 12 hectáreas de tierras y se las cedió con una “tenencia precaria” al Municipio de Luján, Ese lugar es el punto actual de conflicto que ahora está judicializado.

Infobae consultó a una alta fuente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación si el relleno sanitario y la plata de reciclado, galpones y hasta una guardería que está proyectada allí se podría haber realizado en otro lugar y, de esa manera, hacer sostenible la obra patrocinada por el BID. La respuesta textual y en estricto off the record fue: “Obviamente podría haberse hecho en otro lugar, pero por qué se haría en otro lugar. ¿Por qué Terrabusi no quiere que se haga ahí?”. Y agregó: “Ese lugar cumple con todas las exigencias que solicita el BID y fue aprobado por el BID. Cumple con todas las normativas y fue aprobado por la provincia de Buenos Aires, Además está a muy poca distancia del basural actual dónde también va a haber una parte de la disposición final. La pregunta en realidad debería ser ¿por qué no lo haríamos en Sucre, porque Terrabusi no quiere?”. Carlos Reyes Terrabusi es uno de los vecinos que presentó el amparo.

La respuesta podría ser “el doble genocidio ambiental”, esgrimido por Ricardo Lissalde al negarse a otorgar el “permiso de uso precario” de los terrenos que por entonces el ABBE le había dado a Ferrocarriles y ahora al Municipio de Luján.

La medida cautelar a la que hizo lugar el juez federal fue apelada y ahora será la Cámara de Apelaciones quien deberá resolver sobre el impacto negativo que el relleno sanitario y la planta de reciclado tendría sobre los emprendimientos de la zona.

El alcalde de esa localidad, al seguir volcando los residuos en el basural a cielo abierto a pesar de la prohibición impuesta por la Justicia, se expone a una posible denuncia penal, ya que estaría violando el artículo 239 del Código Penal de “desobediencia”. Esto sucedería si se verifica “una clara conminación al cumplimiento de una orden dada por la autoridad”. En ese caso, la pena sería mínima, de 15 días a un año de prisión.

Boto, en declaraciones a la prensa de Luján, aseguró que, con la planta de reciclado parada por la Justicia, “se va a recuperar el 50% de la basura”.

Aunque auspiciosa, la cifra parece de difícil cumplimiento. El proyecto realizado por la empresa EVASA, que ganó la obra aprobada por el BID, incluye una tabla en la que se asegura que, en la actualidad, los trabajadores informales y los 30 agrupados en una de las cooperativas del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), cuyo referente es Juan Grabois, recuperan el 2% de la basura. Entre los años 2025 y 2040 el proyectado es de apenas 35% de recupero.

Hoy por hoy, los residuos que siguen siendo arrojados en el vertedero a cielo abierto más grande del país están tercerizados. Una de las dos firmas que realizan las tareas -con los camiones municipales, porque no cuentan con propios- es la Cooperativa de Trabajo Usina ECO, la que, según la rendición de cuentas de 2022, rechazada por la Legislatura local, le facturó al Municipio de Luján, $94.143.048.

La otra es una empresa privada, Terminal Multipropósito S.A. que en 2022 le facturó a los vecinos de Luján $264.544.133.

Al día de hoy lo siguen haciendo por orden de la administración comunal a pesar de la orden en contrario del juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto.

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