Luján le pagó más de $200 millones a dos cooperativas de Grabois: opera en el basural que la Justicia ordenó paralizar

La Municipalidad de Luján destinó el año pasado $202.104.438 a dos cooperativas que forman parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) liderado por el precandidato presidencial del Frente de Todos Juan Grabois. Una de ellas, “Trabajo, Dignidad y Cambio Social”, es la que realiza tareas de reciclaje en el Basural a Cielo Abierto (BCA) de esa localidad que la Justicia ordenó cerrar de manera provisoria al fallar a favor de un recurso de amparo presentado por un grupo de vecinos que se ven perjudicados por una planta de tratamiento que se está construyendo y que el intendente de La Cámpora, Leonardo Boto, no cumple ya que sigue volcando las 120 toneladas de residuos generados por los vecinos en el mayor vertedero del país.

Según la rendición de cuentas presentada ante el Concejo Deliberante, la cooperativa “Trabajo, Dignidad y Cambio Social”, del MTE, le facturó a la intendencia, hasta el 31 de diciembre de 2022, $20.541.725. La administración de Boto le abonó $19.360.923 y le adeudaba $2.002.050.

Esta cooperativa de trabajo firmó al menos dos contratos con la municipalidad de Luján. Uno de ellos es por “la articulación de las acciones necesarias para fortalecer y mejorar las actividades relativas a la separación y reciclado de residuos sólidos urbanos, que tendrán lugar en el basural a cielo abierto sito en calle 359 y Camino Vecinal Sucre”, según se lee en la ordenanza a la que accedió Infobae.

Un segundo contrato es por “el saneamiento de nuestra Plaza Belgrano y las Recovas, sitios históricos y afectos a los visitantes de nuestra Ciudad y de la Basílica Nacional”.

El martes pasado, el Consejo Deliberante de Luján, de mayoría opositora -11 a 9-, rechazó la rendición de cuentas, en este caso del año 2022, presentadas por la administración de Boto. Algunos de los fundamentos que esgrimieron los concejales es que existen “datos contrarios a la realidad” y un supuesto aumento de la deuda municipal pese al incremento de la recaudación y la coparticipación provincial.

Entre esas supuestas inconsistencias aparece la facturación de los $20.541.725 de la cooperativa del MTE ya que los dos contratos mencionados no llegan a seis millones de pesos. “No encontramos entre la documentación que respalde la totalidad de ese pago”, le explicaron a este medio y se aclaró que el “rechazo a la rendición de cuentas fue total”.

Infobae consultó al intendente Boto sobre la contratación a la cooperativa vinculada a Juan Grabois y en nombre del alcalde respondieron por escrito: “El proyecto integral también tiene una parte importante de inclusión social. Más de 200 familias trabajan informalmente como recuperadores in situ en el BCA (basural a cielo abierto). Nuestro proyecto no mira para otro lado. Acciona en el ´mientras tanto´. Cuando se encuentre en funcionamiento el Centro Ambiental Laudato Si esos vecinos lujanenses tendrán dignidad, trabajando en la planta de separación y clasificación de residuos en el Centro Ambiental Laudato Si”.

El nombre de la planta de reciclado, obra paralizada por orden judicial, cuya construcción es financiada con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hace mención a un escrito del Papa Francisco pidiendo “proteger la Tierra, nuestro hogar común”. En la carta, su Santidad dice que “la tierra es un don de Dios para nosotros, lleno de belleza y maravilla donde los frutos de la tierra pertenecen a todos”.

Casualidad o no, el intendente Boto participó del encuentro Scholas Occurrentes junto al Papa. El evento se realizó en el Instituto Agustiniano. La información y la foto del alcalde y su Santidad fue publicada en la página Web del municipio el 27 de mayo pasado.

Este medio consultó de manera oficial a través de la dirección de prensa por los más de 20 millones de pesos que facturó la Cooperativa “Trabajo, Dignidad y Cambio Social”; y los $181.569.713,42 facturados por otra de las cooperativas del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Cooperativa de Trabajo Vencedores Vencidos. La intendencia Boto respondió de manera oficia: “Ya habíamos enunciado, la Cooperativa ‘Trabajo, Dignidad y Cambio Social´ viene trabajando desde la gestión anterior del intendente Oscar Luciani de Juntos, donde brindaba servicios de limpieza y barrido en la zona histórico-basilical, espacios verdes y en el área de influencia de la Avenida Nuestra Señora de Luján”. Y continuó: “Por eso, nos parece insólito escandalizarse por un monto de veinte millones de pesos, cuando eso surge del desarrollo de la cuenta durante 12 meses (un promedio de un 1.700.000 pesos por mes y más teniendo en cuenta un promedio de salario mensual de treinta cooperativistas de $56.000 per cápita en 2022″.

Ante este medio, Boto no mencionó los casi 250 recicladores que en otras notas se afirmó que “viven” del basural a cielo abierto. En cambio afirmó: “En el Basural a Cielo Abierto son treinta trabajadores que ejecutan separación en origen según parámetros de reciclaje y normas ambientales, llevando desde su implementación unos 127.611 kilogramos de materiales recuperados. Por otro lado, realizan tareas de limpieza, refacciones del predio, relevamiento socio/previsional/productivo de los trabajadores y se han mejorado notoriamente sus condiciones laborales”, asegura el texto enviado a Infobae para esta nota.

A la facturación por esas tareas hay que agregarle las lógicas ganancias que la cooperativa del MTE obtiene por la venta de los elementos recuperados, como, metales, vidrios, cartones, plásticos, entre otros elementos.

Los convenios firmados con el municipio dejan en claro que las condiciones de trabajo de los recicladores deben ser “dignos” y se les debe suministrar todos los elementos de seguridad necesario a los trabajadores expuestos a todo tipo de residuos, incluso tóxicos, como glifosato, un herbicida prohibido ya que genera desde cáncer y enfermedades neurológicas hasta malformaciones en los bebés en gestación.

Durante el recorrido de Infobae quedó expuesto que al menos una gran parte de quienes trabajan allí están enfermos, que comen sobre la misma montaña de residuos y no tienen ni baños químicos. Trabajan de forma denigrante.

Desde el MTE de Luján se asegura que muchos de las los recicladores que se ganan la vida revolviendo basura están expuestos a enfermedades e intoxicaciones, pero que con la inauguración “de un galpón para realizar el proceso necesario para que los productos reciclados se puedan comercializar” y que al menos para los integrantes enrolados en la cooperativa de Grabois, las condiciones cambiarán. También se explicó que el lugar se instaló por “una sesión de la tierra que hizo el municipio” y que “los materiales procesados se los venden de manera directa a los llamados galponeros que les compra el material al precio que quiere” y que por esa razón “un grupo chico de recicladores se incorporaron a la cooperativa del MTE” para lograr un mejor precio de los residuos recuperados.

La relación del camporista Boto con Grabois es estrecha. Tanto que ayer a las 18 ambos presentaron el libro del dirigente social “Los Peores” en el Hotel La Plaza ubicada en la Calle 9 de Julio 1054 del distrito bonaerense.

Al ser consultada la Municipalidad por los $181.569.713,42 facturados por otra de las cooperativa del MTE contratada, “Los Vencedores Vencidos”, se respondió: “Esta otra cooperativa, que efectivamente forma parte del MTE, realiza la construcción de 54 viviendas que durante el gobierno anterior dejaron sin terminar. Son viviendas para los vecinos que relocalizaron luego de las inundaciones del 2015″.

En total, en 2022 al menos estas dos cooperativas del MTE facturaron a la intendencia de Boto $202.104.438. No son las únicas. La Cooperativa de Trabajo Fe y Esperanza de Luján Limitada también vinculada al MTE para participar del control del estacionamiento medido.

Tal como viene informando este medio, la Justicia ordenó paralizar las obras de una planta de reciclado que en la denominada Estación Sucre se construía con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También se impidió que la Municipalidad siga arrojando residuos en el mayor vertedero del país. Un hecho que el intendente Boto incumple desde el primer día.

El cierre del basural a cielo abierto y la planta procesadora que seguiría trabajando a unos 2,5 kilómetros del vertedero está a cargo del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandie y se realiza con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de casi 11 millones de dólares.

Empresarios y vecinos del lugar que se ven afectados por esta obra, ya que perjudicaría a sus emprendimientos agroindustriales; presentaron un recurso de amparo para paralizar las obras en la Estación Sucre “ante la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”.

Después de analizar los argumentos el juzgado federal de Mercedes, a cargo de Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto les dio la razón y fue más allá, le prohibió al intendente Leonardo Boto, que se sigan arrojando residuos en el predio municipal de unas 13 hectáreas.

A través de un escrito, los abogados de la intendencia le advirtieron al magistrado que incumplirían la medida de seguir arroyando basura al vertedero -que lleva abierto 50 años- porque: “La medida en los términos en que fue dispuesta, resultaba de cumplimiento imposible”. También adujo “conmoción social” al perjudicar a los recicladores urbanos del MTE. La medida fue apelada por los abogados de la intendencia y el ministerio de Cabandie, pero hasta ahora no se expresaron.

Seguir leyendo: