En los momentos previos a que una nutrida comitiva compuesta por 35 funcionarios argentinos organizaba detalles para abordar el flamante ARG-01 -un renovado Boeing 757-200 de 23 años- rumbo a Shangai, Infobae publicaba un revelador informe escrito por el periodista Bernard Condon. En la crónica, el reportero enumeraba los países que permanecen ahogados y en cesación de pagos por las demandas que el régimen chino impone a cada nación a la que le presta dinero. “El pago de la deuda está consumiendo una parte cada vez mayor de los ingresos fiscales necesarios para mantener abiertas las escuelas, suministrar electricidad y pagar los alimentos y el combustible”, decía el reportero.
Una de las características que tienen estas “milagrosas ayudas” de Beijing es que las condiciones en que se concretan se mantienen secretas. Esto genera un doble problema al deudor: a la lógica obligación de cancelar los vencimientos -sean cuales fueran las condiciones- se suma la imposibilidad de obtener un posible rescate de un tercer organismo o país. Pero Condon ejemplifica con países lejanos para la Argentina y cualquiera de aquella delegación podría pensar que Pakistán, Kenia, Zambia, Laos y Mongolia nada tienen que ver con la región latinoamericana, cuya situación es diferente pese a que requieren las divisas por los mismos déficits.
Pero una nación más cercana -al menos geográficamente- es Surinam. Su presidente, Chan Santokhi, estuvo en el retiro de blanqueamiento a Nicolás Maduro que Lula da Silva celebró en Brasilia el martes para todos los presidentes de Sudamérica. Allí habrá estrechado sus manos con Alberto Fernández. Quizás les confió a sus pares sobre la jaqueca que no le permite conciliar el sueño como desearía. Es producto de la deuda que mantiene con Beijing y que le paraliza la reestructuración del pago de otros créditos que ha comprometido. Son 800 millones prometidos para obras de infraestructura que emplearían mano de obra exportada desde China y que ahora el gobierno local no puede pagar.
Un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 700 millones de dólares -un alivio para un país de 600 mil habitantes- ayudaría a la administración de Santokhi. Sin embargo, no avanza por las trabas del régimen chino. ¿Pretende Xi Jinping quedarse con los yacimientos petrolíferos de esa pequeña nación?
Dos informes firmados por los académicos Sebastian Horn, Carmen M. Reinhart, Christoph Trebesch y Bradley C. Parks precisan muy bien las condiciones de la conocida “trampa de la deuda china”. El primero de los papers es de julio de 2019; el otro es más reciente: abril último. En el primero de los trabajos realizaron una base de datos de 5 mil préstamos y subvenciones: “El 50% de los préstamos de China a los países en desarrollo no se comunican al FMI ni al Banco Mundial. Estas ‘deudas ocultas’ distorsionan la vigilancia política, la valoración del riesgo y los análisis de sostenibilidad de la deuda”, señalan los investigadores y agregan: “Comprobamos que la República Popular siempre ha sido un prestamista internacional activo, incluso en los años cincuenta y sesenta, cuando prestó cantidades sustanciales a los Estados hermanos comunistas. Es decir, los préstamos oficiales chinos siempre han tenido un elemento estratégico”. Nota: siempre tuvieron un interés oculto.
El segundo estudio continúa sus revelaciones: desde el 2000 al 2021 unos 20 países han acumulado una deuda total con China que asciende a unos 240 mil millones de dólares. “Nuestras conclusiones tienen importantes implicaciones para la evolución del sistema financiero internacional a medida que las operaciones de rescate transfronterizas se vuelven menos institucionalizadas, menos transparentes y más fragmentarias. China ha demostrado que un gran país acreedor puede crear un gran sistema de rescate transfronterizo casi a dos docenas de países receptores, al tiempo que mantiene sus operaciones de rescate en gran medida fuera de la vista pública”. La oscuridad de los contratos celebrados con el régimen chino incluye a los famosos swaps a los que adhieren cada vez más naciones en situaciones de profundo estrés de sus reservas, como es el caso argentino.
Temas fuera de la agenda
Como corresponde diplomáticamente, la delegación argentina no incomodó a sus anfitriones. No existieron preguntas inoportunas sobre el sistemático encierro de las minorías en Xinjiang para someterlas a prácticas de “reeducación”, un macabro eufemismo pronunciado por las autoridades chinas. Oportunamente, ese tema no estuvo en agenda. La ONU -como en Venezuela- describió lo que ocurre en esa región donde florecen los campos de tortura donde miembros de la minoría uigur son sometidos a todo tipo de tormentos bajo la acusación de ser terroristas. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentado el pasado 1 de septiembre es escalofriante. Enumera con precisión cada una de las atrocidades que padecen las minorías étnicas. Vale la pena su relectura.
Falta de elecciones libres, presos políticos, detenciones arbitrarias, purgas políticas y falta de libertad de prensa son otros de los puntos oscuros que se dejan sin sacar de las maletas cuando un gobierno va a solicitar ayuda económica.
Atraídos por la deslumbrante Shangai, quizás algún funcionario sueñe con importar el modelo productivo chino pese a los números negativos que difundió el miércoles la Oficina Nacional de Estadística que advirtió que “el nivel de prosperidad ha retrocedido y las bases para el desarrollo aún necesitan consolidación”. ¿Traerán también en sus valijas la idea de implementar el mismo sistema laboral que rige allí? El sindicalismo tradicional argentino sufre de escozor cada vez que se rumorea algún cambio que modifique el sistema en el que se siente tan cómodo: ya se opone a una nueva legislación, un sistema “a lo chino” provocaría una revolución en sus bases.
A todo esto, habrá que rogar que Xi Jinping reflexione respecto a Taiwán. Su permanente acoso a la isla democrática podría causar una chispa que desencadene una guerra devastadora. Un conflicto bélico en ese estrecho marítimo provocaría una catástrofe humana, pero también un cimbronazo a la economía mundial de dimensiones incomparables con la actual invasión rusa a Ucrania. Beijing entraría en recesión -como gran parte del mundo- con la premura de tener que alimentar a 1.400 millones de personas y trataría de cobrar sus deudas en lo inmediato.
Aquellos países sometidos a los préstamos chinos permanecen ante una encrucijada. Se enfrentan a la posibilidad cierta de verse encerrados y tener que ejecutar cláusulas secretas -recursos naturales como el litio, el oro o el petróleo dependiendo de cada país, más puertos, infraestructura o dragados de ríos- o someterse a otro tipo de pedido por parte de Beijing: ¿5G? La tecnológica es otra de las grandes obsesiones del régimen que podría usar como moneda de cambio.
Ante este panorama, no habría que descartar una situación extrema en economías precarias. Es la que vive, por ejemplo, Kenia desde hace meses. David Ndii, principal asesor del presidente William Ruto, fue sincero ante el público y tuiteó: “Cada dos días se informa que el servicio de la deuda consume más del 60% de los ingresos. Las crisis de liquidez son inevitables. Cuando los vencimientos se amontonan, o los ingresos se quedan cortos, o los mercados cambian, algo tiene que ceder. ¿Salarios o default? Elija usted”.
Twitter: @TotiPI
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