Basural de Luján: la Municipalidad no cumple con un fallo judicial y sigue volcando residuos en el mayor vertedero a cielo abierto del país

La municipalidad de Luján, a cargo del dirigente de La Cámpora Leonardo Boto, no cumple con el fallo de la Justicia que resolvió paralizar las obras del mayor basural a cielo abierto ubicado en esa localidad. Los camiones con los residuos siguen ingresando. En una nota enviada el 22 de mayo pasado, le informó al juez federal de Mercedes Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto que la orden impartida hace un mes -y que fue apelada por la misma intendencia- que no podrá cumplir con la la orden. Los abogados de la municipalidad informan sobre la desobediencia al mandato judicial sin miramientos: “La medida en los términos en que fue dispuesta, resultaba de cumplimiento imposible”. Así se lee en el documento al que Infobae accedió de manera exclusiva.

El magistrado dispuso la paralización de los trabajos ante el pedido de la Asociación Civil Nuevo Ambiente, la Fundación Banco de Bosques y un grupo de vecinos de la zona encabezados por Viviana Novelle quien es parte querellante de una denuncia por volcamiento y generación de residuos peligrosos, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público “ante la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”.

Después de analizar los argumentos, el magistrado también impidió que se sigan arrojando residuos en el actual predio del municipio. Un hecho que no se cumple desde el primer día de mandato.

El documento que la Municipalidad envió a la Justicia, mientras desoían el mandato del juez y los propios vecinos grababan la entrada y salida de camiones con residuos domiciliarios y tóxicos, consta de 4 páginas encabezadas con el membrete oficial. En el primer párrafo se argumenta: “Sin perjuicio que dicha medida cautelar no se encuentra firme y que se ha recurrido la decisión adoptada por V.S. (vuestra señoría) el 27 de abril de 2023 de conceder con efecto devolutivo y no suspensivo el recurso de apelación presentado por la Municipalidad el 26 de abril de 2023, este Departamento Ejecutivo ha instruido a todas las áreas con incumbencia a instrumentar todas las medidas necesarias para evaluar la forma, los plazos, los costos, las eventuales consecuencias económicas, presupuestarias, jurídicas, etc. y así poder dar cumplimiento a la medida”.

Tres párrafos después, se informa al magistrado que la resolución ya se había tomado: “La medida en los términos en que fue dispuesta, resultaba de cumplimiento imposible”.

La cautelar, según las fuentes consultadas por este medio, nunca se cumplió; es decir, se paralizaron los trabajos de la construcción de la planta recicladora pero no el volcado de residuos como ordenó el magistrado. Los vuelcos de los camiones municipales siguen siendo continuos, como lo muestran las imágenes tomadas el 26 de mayo y reproducidas en esta nota.

Boto, un hombre ligado a Máximo Kirchner y la Vicepresidenta de la Nación, le advierte al juez federal de Mercedes: “En el municipio, entonces, el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos es público, lo que conlleva que deba prestarse con continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad, igualdad, obligatoriedad, etc. Así las cosas, la Municipalidad no puede dejar de prestarlo”.

En el último párrafo del escrito judicial, la Intendencia de Luján le pide al magistrado: “Por todo lo expuesto, solicito al Sr. Juez tenga a bien conceder un plazo prudencial no menor de noventa (90) días hábiles (a) fin de procurar dar cumplimiento a la medida cautelar dispuesta”.

De esta manera, Boto reconoce que desde el mismo día en que Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto ordenó paralizar las obras y dejar de volcar los residuos en el basural de Luján, lo siguió haciendo.

Infobae corroboró, a través de los recicladores que trabajan en el lugar agrupados en una cooperativa del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que tiene como referente a Juan Grabois, que los recicladores urbanos que realizan sus tareas en pésimas condiciones de salubridad “nunca dejaron de trabajar porque la basura siguió entrando a pesar de la orden del juez de Mercedes”.

En el escrito, la Municipalidad justifica en parte su incumplimiento mencionando a los militantes del MTE que desarrollan tareas allí: “Son alrededor de 250 personas cuyo principal ingreso económico surge de la actividad que allí realizan, conformando un universo que asciende a no menos de 1.000 personas si consideramos sus grupos familiares. Si se detiene intempestivamente la deposición de residuos en el basural, estaríamos coartando las posibilidades laborales de todas estas personas que excluidas del sistema formal de trabajo encontraron en la tarea de separación y reciclado el modo de sostener a sus familias. Un impacto de tal magnitud podría tener consecuencias inimaginables en términos de conmoción social”.

Los vecinos de Luján que reclamaron ante la justicia y el BID argumentaron ante este medio: “Las autoridades municipales nunca quisieron cerrar el basural porque si lo hacen ¿de qué vive la gente de los barrios?”. Y especularon que parte del dinero, producto del reciclaje manual diario, “se lo quedan los dirigentes del MTE”.

Reclamos en Washington y el juzgado de Mercedes. La instalación de la planta de tratamiento de residuos en el viejo predio de la estación ferroviaria de Sucre, ubicada a 2,5 kilómetros del mayor vertedero a cielo abierto de la Argentina, genera controversia.

Se realiza con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de casi 11 millones de dólares ya que, como anticipó este medio, la oficina de Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), que trabaja de manera independiente para el BID, habilitó una investigación para determinar si el “Grupo BID ha cumplido con sus políticas y estándares sociales y ambientales al diseñar y ejecutar un proyecto”.

El propio MICI fue quien emitió un comunicado en el que confirmó el hecho: “La Fase de Verificación de la Observancia del MICI ha iniciado el proceso de selección de los expertos que conformarán el panel de investigación para el reclamo ‘Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos — Solicitud IV’ (MICI-BID-AR-2022-0182)”. Y detalló: “El panel estará integrado por la coordinadora de la Fase y dos miembros de su roster de expertos con acreditada experiencia en los temas objeto de la Verificación de la Observancia”.

A este punto se llegó porque los propios Vecinos Autoconvocados elevaron sus reclamos ante la oficina de Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación. Tal como informó este medio, la auditoría externa del banco investiga posibles “deficiencias técnicas y riesgo para la salud por la presencia de desechos tóxicos y líquidos contaminantes”.

De manera simultánea los firmantes de ese reclamo: Ignacio Francisco Uranga, Carlos Reyes Terrabusi y Viviana Karina Novelle, que ven perjudicados sus emprendimientos agropecuarios, presentaron el recurso de amparo ante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto quien hizo lugar al pedido. Sin embargo, el municipio de Lujan incumple con la medida judicial.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible derivó fondos por $431.021.898 al Municipio de Lujan -según constancias que tiene Infobae- Para colmo de males, se destinaron más de $431.021.898 para hacer un pozo en el lugar con un ancho de 80 metros para arrojar allí 120 toneladas diarias.

Según denunciaron ante este medio los Vecinos Autoconvocados, “los residuos volcados durante más de medio siglo ya invade la napa freática”. Según conta en análisis químicos realizados en los laboratorios de la provincia de Buenos Aires, en algunos sectores del lugar, cerca de la escuela, por ejemplo, las napas de agua están contaminados con diversas sustancias tóxicas como el “BIS-2 ETILHEXIL FTALATO”.

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha determinado que el DEHP (esa es su abreviatura) “probablemente sea un carcinógeno en los seres humanos”, por esa razón, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer “ha clasificado el DEHP como posible carcinogénico para los seres humanos”.

También “se destruyó un bosque de árboles”; “impactaron suelos, escurrimiento de aguas, se rompió el alambrado que divide el predio” y, como se observa en las fotos, “ni se podría entrar por la puerta principal a Sucre ya que con las lluvia se acumuló casi medio metro de agua”.

Mientras la lucha de este grupo de vecinos perjudicados con las obras en el basural a cielo abierto y el vertido de residuos continúa sin clasificar cuáles son tóxicos, el organismo externo del BID que realizó el préstamo para erradicar el basural que lleva más de 50 años de permanencia, y se sigue extendiendo, también explicó que por las denuncias de los vecinos organizados de Luján iniciará una investigación: “Dará comienzo una vez esté constituido el panel que decidirá, entre otros aspectos, las personas y organizaciones que entrevistará para el proceso de verificación de cumplimiento, el calendario y el formato de estas interacciones”.

El MICI detalló que las entrevistas a los denunciantes y/o funcionarios “podrían ser tanto virtuales como presenciales si se estimara necesario realizar una misión al área del proyecto”, es decir que podrían viajar de Washington a Buenos Aires en caso de ser necesario. Conforme a los términos de referencia aprobados por el Directorio Ejecutivo del BID, la investigación se llevará a cabo en un período de 187 días hábiles a partir de la conformación del panel.

Mientras tanto, los denunciantes esperan que la Justicia haga cumplir con la orden que dio y que la Cámara de Apelaciones se expida lo antes posible.

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