El Gobierno ya canceló 26.720 planes Potenciar Trabajo: cuál es el movimiento social que tenía más beneficiarios “fantasma”

Una auditoría interna de la ministra de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, comprobó que las cooperativas vinculadas al Movimiento Evita, lideradas por Emilio Pérsico, secretario de Economía Social de la misma cartera y administrador del Potenciar Trabajo, registraban 26.720 beneficiarios “fantasmas” que ya cobraron $1.129.080.320. Anualizada, la cifra asciende a más de trece mil millones de pesos, exactamente $13.548.963.840, si se toma el valor actual del monto del plan que es de $42.256. La documentación que acreditaría las irregularidades cometidas por cooperativas y federaciones, que en su mayoría eran controladas por las organizaciones sociales vinculadas al Frente de Todos, ya está en los despachos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Carlos Rívolo, quien tiene bajo investigación al líder social.

Tolosa Paz envió a la Justicia las planillas que acreditan que, al 15 de abril de este año, su cartera dio de baja a 87.555 personas que no validaron su identidad y pertenencían al mayor programa social de su cartera, tal como lo dispuso en una resolución a pocos días de reemplazar en el cargo a Juan Zabaleta. De ese monto, 26.720 beneficiarios forman parte de 42 federaciones y cooperativas dependientes de organizaciones sociales.

Más de la mitad de esas cancelaciones, 14.876, más precisamente, pertenecen a la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada. El presidente de esa organización es Gildo Onorato, dirigente del Evita y secretario gremial de la UTEP. Un año antes de formar parte del gobierno del Frente de Todos, Pérsico era el directivo de esta organización. De no haber sido detectadas las supuestas irregularidades, sus presuntos beneficiarios -o las terceras personas percibían el dinero- seguirían recibiendo de manera mensual, por parte del Estado Nacional, $628.600.256.

Entre las organizaciones sociales con mayor cantidad de bajas le sigue la Asociación Civil Polo Obrero (PO), que lidera el dirigente de izquierda Eduardo Belliboni, también líder de la Unidad Piquetera

Según la auditoría de la funcionaria las Unidades de Gestión del Polo Obrero, no pudieron convalidar su acreditación al Potenciar Trabajo 7.164 beneficiarios. Esto significaría una erogación mensual de las flacas arcas del Estado de $302.721.984.

Belliboni reconoció a este medio el pasado 15 de junio de 2022 que, “de forma voluntaria”, la organización de izquierda se quedaba con “el dos por ciento del valor que cada militante del PO cobraba del Potenciar Trabajo” y que lo realizaban de manera “no compulsiva” sino que era “un aporte voluntario de los ingresos votado en las asambleas”. La Mesa Directiva del Polo Obrero afirmó en un comunicado que en los encuentros que llevan a cabo “se rinden cuentas sistemáticamente sobre los ingresos y gastos y se aprueba colectivamente el destino de los recursos que son de todas y todos los compañeros”.

El tema de la no validación de identidad dispuesto por la ministra de Desarrollo Social, según fuentes judiciales, genera la sospecha de que los intermediarios se podrían quedar con esos millones mensuales para solventar movilizaciones y acciones políticas.

Infobae consultó a Belliboni sobre este tema: “En una primera tanda teníamos más de ocho mil personas que, efectivamente, no hicieron la verificación impuesta por Tolosa Paz. Cuando vieron que no cobraban el plan si no verificaban, la gente comenzó a hacerlo de manera masiva”. En ese sentido, indicó: “Cuando detectamos que algunos punteros amenazan a la gente para quedarse con la plata, los rajamos a la mierda”.

El dirigente del Polo Obrero aceptó que “unos tres mil beneficiarios pertenecientes a la organización no se identificaron”, pero, en la documentación oficial, la cifra es más del doble.

La tercera agrupación cuestionada es la Federación de Cooperativas René Salamanca Limitada, que pertenece a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), cuyo líder es el diputado nacional oficialista, Juan Carlos Alderete, y que también forma parte de la UTEP. Fueron 2.835 beneficiarios los que no validaron su identidad. Esto significa una erogación mensual de $119.795.760; un equivalente a $1.437.549.120 al año.

Al respecto, Alderete le dijo a Infobae: “Nosotros teníamos más de 1.800 beneficiarios sin validar en el Impenetrable Chaqueño. Tolosa Paz nos dijo que ellos se iban a encargar de validar sus identidades por falta de conectividad. Ahora nos involucra poniendo un manto de sospecha sobre las organizaciones sociales. De esta manera, la ministra justifica el ajuste que pide el FMI”.

La asociación Civil “El Grito Sagrado” es una cooperativa de ex convictos y familiares de detenidos que, según el ministerio de Desarrollo Social, no pudo validar 227 personas que figuran como beneficiarios en esa organización, también vinculada al oficialismo.

Está bajo la supervisión de la Universidad Nacional de La Plata por medio de la Licenciatura en Gestión Ambiental Urbana. “ Se firmó un convenio para que una de las entidades realice tareas de desmalezamiento en el campus y con otra para desarrollar infraestructura destinada a que los estudiantes y los trabajadores separen los desechos”, precisaron.

La Federación de Cooperativas de Trabajo Padre Carlos Mujica integra también la lista de organizaciones que cuentan con receptores del plan que no validaron su identidad, por lo que sus datos fueron aportados al juzgado de Lijo. En este caso, se confirmó que 246 personas que no ratificaron su pertenencia al Potenciar Trabajo. Así, esta organización se encuentra en el puesto número 15 del ranking de cooperativas que habrían cometido irregularidades. La lista es larga, y el juzgado deberá emplear todos los recursos para determinar si terceras personas se quedaban con el dinero de los más necesitados o si asociaron al plan social a personas que no lo necesitaban.

La Patria es el Otro es otra de las organizaciones vinculadas al kirchnerismo que tampoco valido identidades, junto a, por ejemplo, la Cooperativa 3 de Enero, John William Cook; el Frente Social Peronista o la Corriente Popular Eva Perón, entre otras.

Otras agrupaciones que forman parte de la oficialista UTEP con bajas son, la propia Unión de Trabajadores de la Economía Popular y Misioneros de Francisco. En cambio no aparece, por ejemplo, ninguna Unidad de Gestión que dependen del Movimientos de Trabajadores Excluidos (MTE) que tiene como referente a Juan Grabois; Somo Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es el funcionario Daniel Menéndez; y el Frente Popular Darío Santillán, de Dina Sánchez.

De todas, la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada es la que sobresale en la auditoria de Tolosa Paz por la cantidad de beneficiarios que no cumplieron con los requisitos, ya que se detectaron 14.876 considerados “fantasmas”. En su redes sociales se presenta como FECOEVITA. Aseguran ser un “nodos de acción especifica que trabajan a diario para mejorar las condiciones y los ingresos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, brindando capacitación y asistencia en todas las áreas que continúan sumándose a una extensa red de fortalecimiento laboral”. Y lleva el sello del Movimiento Evita y el de la UTEP.

Son las mismas organizaciones que el jueves pasado, junto a la Unidad Piquetera realizaron una imponente manifestación frente a la cartera de Desarrollo Social, en contra del ajuste de 400 mil planes sociales reclamado por el FMI; protestaron por las bajas y solicitaron más alimentos para los comedores. La marcha la encabezaron los propios funcionarios del Frente de Todos que cumplen sus tareas en el Ministerio. También fue una demostración de fuerza ante el próximo gobierno.

Consultado por este medio por los presuntos beneficiarios “fantasma” de FECOVITA, Gildo Onorato, el titular de la Federación, respondió: “Desconozco el motivo de por qué no lo hicieron -validad la identidad- pero era una de las posibilidades y demuestra una vez más la libertad de elección de cada titular del programa. No validar la identidad era una opción personal. Que tengas buen día”.

Según Tolosa Paz, y así lo expreso a la Justicia, el 88,7% del padrón de beneficiarios verificó sus datos. No hacerlo significaba no cobrar más los $42.256, que en muchos casos esta cifra se convirtió en el principal ingreso familiar junto a la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. Un año antes de ser nombrado secretario de Economía Social, por parte del presidente Alberto Fernández,-el ministro de Desarrollo Social era Daniel Arroyo-. Pérsico, junto a Somos Barrios de Pie, fundó el partido La Patria de Los Comunes para disputar poder territorial a intendentes peronistas y opositores, sobre todo, en el conurbano bonaerense.

Consultado sobre el tema, el responsable del programa Potenciar Trabajo le dijo a este medio que: “El Ministerio no decidió validar a las personas que lo hicieron después del límite impuesto por la titular de la cartea y, si hubiese seguido habilitado el sistema, hubieran conseguido validar todos”. Cuando se le preguntó si es posible que, como se sospecha, parte del dinero que se pagaba a estas personas se utilizaba para hacer política o solventar movilizaciones y protestas, Pérsico decidió no responder.

En la Justicia consta que el dirigente del Evita está a cargo del mayor programa de la cartera social, y es el responsable de llevar el control del plan, también de autorizar altas y bajas.

Acorde a la información oficial, los planes que se cancelaron estaban bajo la dependencia de gobernaciones, ministerios, municipalidades, cooperativas, mutuales y federaciones de movimientos sociales. Ante una pregunta puntual de Infobae, el Gobierno informó que el supuesto fraude alcanzaría una cifra cercana a los $3.699.724.080 mensuales. Anualizado, la cifra asciende a $ 44.396.688.960, si se hubieran seguido pagando durante los restantes meses de 2023.

Según los arquitectos consultados del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con el dinero que se evitó derivar de manera presuntamente irregular, se podrían construir, por ejemplo, unas 300 viviendas mensuales de entre 50 y 78 metros cuadrados, similares a las que se construyen para el programa Procrear. Es decir 3.600 casas en un año.

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