Los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodriguez pidieron hoy la indagatoria del ex ministro de Salud Ginés González García por el escándalo del vacunatorio VIP, que motivó su salida del Gobierno. En un escrito de 100 carillas, al que tuvo acceso Infobae, los fiscales también reclamaron que sean citados el ex titular del Hospital Posadas Alberto Maceira, María Elena Borda (ex Jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas), Marcelo Guille (fue secretario privado de González García y realizó llamados para convocar a los vacunados VIP al Ministerio de Salud) y Alejandro Salvador Costa (en ese momento era Subsecretario de Estrategias Sanitarias).
A todos les imputa los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes, previstos en los artículos 248 y 261 del Código Penal. “La sustracción se produjo cuando las vacunas dejaron de estar disponibles en el Hospital Posadas para cumplir con el objetivo estatal dispuesto para esas dosis, que comprendía únicamente la inoculación del “Personal de Salud” y eventualmente del Personal estratégico”, dice el dictamen.
Entre los “vacunados vip” aparecía el procurador del Tesoro Carlos Zannini, quien luego justificó haber recibido la vacuna contra el coronavirus bajo la figura de “personal de salud”. “Se podía hacer, fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en aquel momento”, dijo en ese momento. Llamativamente, Zannini no aparece mencionado en el dictamen de los fiscales aunque sí aparece su mujer, Patricia Alsua, a quien se le aplicó una dosis el 26 de enero de 2021.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Zannini encajaría, al menos para los investigadores, dentro del concepto de “personal estratégico”.
El escándalo estalló en febrero de 2021 cuando el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido a vacunarse contra el coronavirus al Ministerio de Salud, tras un llamado al ex ministro González García.
Los fiscales explicaron que Maceira y Borda, que estaba e cargo del vacunatorio de ese hospital, ordenaron el retiro de unas 50 dosis de la vacuna contra el COVID-19 para vacunar a personas “elegidas discrecionalmente y por motivos particulares, que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos previstos al no integrar la categoría “Personal de Salud y/o Estratégico”, infringiendo de esa forma el esquema de vacunación estipulado en la Resolución MSAL 2883/2020 y vulnerando también, los derechos con jerarquía constitucional relativos a la salud, a la igualdad y no discriminación”.
El dictamen describe tres hechos que motivan las indagatorias. En el primero, se imputa el retiro de 10 dosis del Hospital Posadas para vacunar a personas que no estaban habilitadas por la legislación vigente. En el segundo, se menciona el retiro de 5 dosis de la Sputnik V y su traslado al domicilio del ex presidente Eduardo Duhalde, donde se vacunó su familia y Carlos Alberto Mao. Y el tercer hecho comprende la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 vacunas.
Las 10 dosis descriptas en el primer hecho fueron retiradas del Posadas, trasladadas al Ministerio de Salud, y aplicadas a Seza Manukian, Horacio Verbitsky, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Felix Eulogio Guille, Florencio Aldrey, Jorge Enrique Taiana (actual ministro de Defensa), Salomón Schachter y el diputado Eduardo Valdes. “Las dosis asignadas al Hospital Posadas no se encontraban destinadas a inocular a otras personas que no integrasen -de manera real y bajo acreditación expresa- otra categoría que no fuera “Personal de Salud y/o Estratégico”, explicaron los fiscales.
El dictamen hizo hincapié en la situación de Taiana y Valdés. Para los fiscales, no encuadraban en la categoría de “personal estratégico”. “La mera invocación del cargo no era suficiente para integrar el segmento de prioridad”, destacaron Taiano y Rodriguez.
La investigación determinó que el traslado de esas 10 dosis fue planificada, al menos, un día antes, tras un llamado del secretario privado de González García. Además, se comprobó que las vacunas fueron trasladadas en un auto del Posadas tras una orden de Maceira. “El traslado desde el Hospital comenzó a las 12 horas, las vacunas las traía el enfermero en una heladerita para su correcta conservación. El vehículo de traslado fue en una camioneta que fue asignada al Hospital a modo de préstamo cuando comenzó la pandemia y por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación”, declaró uno de los testigos.
El “Vacunatorio Vip” se montó en una sala del segundo piso, cercana al despacho del entonces ministro. “Guille traía las personas que se iban a vacunar de las dos oficinas, trajo 6 y 4 de cada una de ellas. En la de 6 estaba este señor Aldrey y su familia compuesta por una mujer y dos hijas, había un médico que se llamaba Salomón, un tal Manukian, y no recuerdo más respecto a ese grupo. Del que eran 4 recuerdo a Guille padre que creo que se llama Félix, Taiana, Valdés y Verbitsky”, puntualizó otro de los testigos.
Durante la investigación se analizaron las llamadas entre los vacunados y los funcionarios imputados. Según consta en el dictamen de los fiscales, entre el 10 de febrero y el 17 de ese mes hubo al menos 4 comunicaciones entre González García y el diputado Valdés, y un llamado entre el entonces ministro y Eduardo Taiana.
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El segundo hecho se concentró en la familia Duhalde. Los investigadores dieron por probado que Alejandro Costa, por entonces Subsecretario de Estrategias Sanitarias, retiró las dosis del Ministerio de Salud por una orden del entonces ministros, las trasladó al domicilio particular de Duhalde y vacunó a Juliana Duhalde, María Eva Duhalde, Eduardo Duhalde, Hilda Beatriz González de Duhalde y Carlos Alberto Mao.
Por último, se investigó el manejo irregular de al menos 35 dosis para inocular a 23 personas elegidas discrecionalmente por afinidades y/o compromisos personales. Esa maniobra tuvo lugar dentro del Hospital Posadas. El dictamen puntualiza seis casos puntuales por su condición de funcionarios: Esteban Collazo, Lorenzo Antonio Pepe, Filomena Marta Burgos, Jorge Héctor Devoto, Hugo Curto, y Miguel Ángel González.
La causa judicial comenzó el 22 de febrero de 2021 con las denuncias del fiscal Guillermo Marijuan y de varios diputados.
En julio de 2021, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar parcialmente el caso al afirmar que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Pero el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), apeló y luego la Sala I de la Cámara Federal le dio la razón y ordenó reabrir la investigación.
En ese momento, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens le pidieron a Capuchetti que apuntara a la responsabilidad de los funcionarios pero también a la de todos los que recibieron las vacunas dentro del ministerio de Salud y del Hospital Posadas.
Ahora, más de dos años después del escándalo, los dos fiscales reclamaron la indagatoria de Ginés González García. “Más allá de que la cantidad de dosis sustraídas que aquí se imputan pueda parecer insignificante, no hay que dejar de tener en cuenta la situación de angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor por la que la sociedad atravesaba entonces”, sostiene el dictamen.
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