El plan del gobierno nacional de ceder 10 hectáreas de tierras públicas y construir varias cabañas a la conflictiva comunidad mapuche de Villa Mascardi, cosecha cada vez más cuestionamientos en el Sur. Las críticas, además, recrudecen con la “intromisión del Poder Ejecutivo en causas que tramita la justicia federal”, para evitar condenas a los acusados de más de 200 hechos violentos en el paraje patagónico.
Los vecinos que sufrieron la pérdida de sus viviendas, producto de incendios y sabotajes, impulsan una campaña para evitar que la iniciativa del Gobierno de Alberto Fernández se concrete. “Es una oferta absurda, una recompensa a quienes han robado, quemado, usurpado y ejercido terror desde 2017″, dicen indignados los pobladores.
Las publicitadas mesas de diálogo que convocó la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a instancias del Presidente, tienen como objetivo resolver el conflicto de Villa Mascardi. Sin embargo, desde el desalojo masivo de los predios usurpados, en octubre de 2022, no hubo nuevos hechos de violencia. “Volvimos a estar en paz”, dicen los vecinos.
Las playas del lago homónimo a la villa volvieron a colmarse de veraneantes, que habían dejado de visitarlas por temor a los atentados que los encapuchados de la agrupación mapuche solían encabezar.
Cuatro integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, todas mujeres, permanecen detenidas y gozan del beneficio de prisión domiciliaria, donde cuidan de sus niños menores de edad. Sus parejas y familiares continúan prófugos desde el desalojo y su paradero sigue siendo incierto.
A pesar de esa situación, el titular de esa cartera nacional, Horacio Pietragalla Corti, avanza con un plan para otorgarle a la comunidad 10 hectáreas de tierras fiscales en inmediaciones del lago Guillelmo, a uno 10 kilómetros al sur del sitio donde destrozaron edificios públicos y usurparon viviendas públicas y privadas.
En el mismo proyecto prevé ceder un sitio, considerado sagrado por la comunidad mapuche, para que la “machi” Betiana Colhuan, a la que definen como guía espiritual del grupo, pueda poner en práctica “sus dotes de sanación”. Allí también el Gobierno Nacional tiene previsto construir cabañas. En una de ellas irán los amigos y allegados de Colhuan, la otra más amplia estará destinada a un “consultorio” y en la tercera vivirá la “machi” junto a su pareja, Matías Santana, a quien apodan como “el mapuche de los binoculares”.
Santana es uno de los integrantes de la comunidad que está prófugo desde octubre y, según comentarios, estaría oculto junto a los demás integrantes de la comunidad en un asentamiento mapuche que está entre Bariloche y El Bolsón. Por ahora, nadie lo comprobó.
Ni el gobierno ni los representantes de los pueblos originarios tienen detalles de las construcciones que se van a erigir, aunque los últimos anticipan que harán en función de sus exigencias.
Desde el área que conduce Pietragalla Corti aseguran que “aún no hay detalles de la firma” aunque los trascendidos indican que la rúbrica se realizará durante el transcurso de junio.
“Vemos con preocupación, rechazo y repudio todo tipo de entendimiento fuera del marco de la causa judicial en curso”, protestaron los vecinos, y aseguran que “mientras a los mapuches los benefician con casas, nosotros tenemos las nuestras destruidas por quienes ahora serán beneficiados por el gobierno”.
Para expresar su insatisfacción con la medida, los vecinos organizaron una movilización para el 25 de mayo. “El gobierno demostró su incapacidad para mantener nuestra tierra a salvo, pero nosotros no nos rendiremos”, sostienen en la convocatoria.
Mientras tanto, distintos organismos reclaman por la liberación de las cuatro integrantes de la comunidad que permanecen detenidas, a pesar de que el juez federal subrogante rechazó los planteos y confirmó que seguirán detenidas.
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