Pese a las críticas, el Gobierno le cederá 10 hectáreas de tierras fiscales a una comunidad mapuche

A pesar de las fuertes críticas por parte de todo el arco político y de los vecinos de Bariloche, el gobierno nacional prepara la cesión de 10 hectáreas de tierras fiscales a la comunidad mapuche que usurpó predios públicos y privados en Villa Mascardi y de otro espacio fiscal donde se erige un altar que es considerado sagrado.

Insólitamente, el compromiso oficial contempla también la construcción de viviendas para alojar a la autoridad espiritual de la comunidad, la “machi”, a su familia y allegados y también a los pacientes que podrían visitar ese lugar para recibir los tratamientos que brinda.

La coordinadora del Pueblo Mapuche de Río Negro confiaba en que el documento sería rubricado esta semana, aunque a último momento se postergó el encuentro entre el Estado y la comitiva. Se cree que se podría realizar a principios de junio.

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La propuesta estatal la realizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a instancias del presidente Alberto Fernández, con el objetivo de descomprimir el conflicto que desde 2017 protagoniza la agrupación Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.

Pero además, el Ejecutivo Nacional intercedió ante la Justicia para aplazar la audiencia de debate del juicio oral por las usurpaciones del paraje cordillerano y supeditar su desarrollo al resultado que tuvieran las mesas de diálogo. “Una clara intromisión del Poder Ejecutivo en un proceso judicial”, se quejaron los vecinos afectados por las usurpaciones.

El último encuentro entre funcionarios gubernamentales y dirigentes mapuches se realizó en febrero pasado en Bariloche, ocasión en la que, tal como adelantó Infobae, el gobierno propuso varios beneficios para la comunidad Lafken Winkul Mapu, a pesar de que sus integrantes están prófugos de la Justicia desde octubre del año pasado y que las familias que la integran no están registradas ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Increíblemente, en un principio los mapuches rechazaron la idea de ubicarse en las 10 hectáreas por considerarlas “no aptas e insuficientes” para el desarrollo de sus actividades, aunque ahora cambiaron de postura y decidieron aceptarlas. “Es el puntapié y no quita que luego podamos reclamar más superficie”, dijeron desde ese sector.

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El vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, advirtió: “No son unidades productivas aunque no descartamos ampliar esa superficie”. Y comparó el caso con la comunidad Paichil Antriao de Villa la Angostura, que recibió 625 hectáreas con la misma finalidad.

Como parte del mismo compromiso, el Gobierno propuso ceder otro espacio de tierras fiscales dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi –donde llevaron adelante las usurpaciones– para conservar la escultura de madera denominada “rewe” –que es utilizada por la líder espiritual para entrar en trance y poner en práctica sus sanaciones.

Allí, el Estado les construirá tres viviendas. Una para albergar a la “Machi” y su familia, otra para sus colaboradores y la tercera para alojar a los posibles “pacientes” de la “sanadora”.

Pero en la cesión de las tierras no termina la discusión. En el marco de esa mesa de diálogo, los mapuches exigen la liberación de las cuatro mujeres que integran la comunidad Lafken Winkul Mapu y que están detenidas desde el desalojo de las tierras que habían usurpado. “Exigimos que las mujeres sean liberadas para poder seguir conversando. El conflicto aún no terminó y no va a terminar si siguen detenidas injustamente” sostuvo.

Se trata de la “machi” Betiana Colhuan, Martha Jaramillo, Romina Rosas y María Celeste Ardaiz quienes están detenidas bajo el régimen de prisión domiciliaria, imputadas por la usurpación de predios públicos y privados de Villa Mascardi.

Los abogados defensores de tres de ellas solicitaron también que queden en libertad aunque el Juez Federal Gustavo Villanueva, rechazó la excarcelación y defendió la medida argumentando que “no es un proceso de usurpación como cualquier otro”.

El magistrado, en su rechazo a la liberación de las detenidas, dijo que “entre 2017 y 2022, durante la permanencia de las personas que integraron la autodenominada Lafken Winkul Mapu, se sucedieron más de 200 hechos delictivos, entre incendios, robos, atentados con armas de fuego, etc”.

La comitiva mapuche, que involucra a dirigentes de distintos organismos y autoridades de múltiples comunidades de la Patagonia, solicitó al Presidente de la Nación Alberto Fernández que la reciba para evaluar el resultado de los espacios de diálogo, de acuerdo al compromiso que asumió el mandatario nacional durante el primer encuentro celebrado en Casa Rosada en diciembre de 2022.

“Debía recibirnos en febrero para evaluar cómo funcionó la Mesa de Diálogo y los avances que hubo, pero cinco meses más tarde sólo tenemos anuncios y ninguna definición” dijeron.

En la nota que enviaron al mandatario mencionaron, una vez más, la liberación de las mujeres detenidas y pidieron la “desmilitarización del sitio donde se erige el rewe, sitio sagrado que le pertenece a la líder espiritual de la comunidad”.

“En el último encuentro, celebrado el 10 de febrero, pactamos volver a reunirnos el 24 de ese mismo mes para avanzar en las definiciones que necesitamos, aunque varios meses más tarde seguimos esperando” dijeron.

En Bariloche, la cesión de tierras públicas a la comunidad cosecha cada vez más resistencia. Los damnificados por las usurpaciones dijeron que “el Gobierno quiere regalarles 10 hectáreas fiscales a unas pocas familias que como máximo mérito, incendiaron nuestras casas, destrozaron edificios públicos, agredieron a miembros de las fuerzas de seguridad con armas de fuego y otros elementos”.

“Parece una broma de mal gusto. La mayoría de los integrantes de ese grupo, que no es reconocido por el Estado y carece de inscripción ante el INAI, están prófugos de la Justicia. Hay que encontrarlos para contarles todo lo que el gobierno tiene para regalarles” ironizaron.

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