Tres días antes del vencimiento del plazo, el gobierno de Tucumán que conduce el peronista Juan Manzur respondió el sorpresivo pedido de informes de la Corte Suprema, que obligó a suspender las elecciones previstas para el próximo domingo, cinco días antes. A través de un duro escrito, el Ejecutivo tucumano argumentó largamente a favor de la polémica postulación del actual mandatario local al cargo de vicegobernador, cuestionó al máximo tribunal por “vulnerar las reglas fundantes de su competencia originaria”, y denunció, en la línea del gobierno nacional, que la intervención fue una “intromisión” en la autonomía provincial.
El documento, firmado por el fiscal provincial Federico Nazur, fue presentado ante el máximo tribunal ayer, 24 horas después de que trascendiera el fallo que frenó la ejecución de los comicios, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por la oposición local de Juntos por el Cambio. Mientras tanto, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, que fue afectada por la misma decisión judicial por motivos similares, aún trabaja en los argumentos que ofrecerá a la Corte y, a diferencia de Tucumán, tiene previsto mantener en marcha la elección para los cargos por fuera del Ejecutivo.
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“En el caso se han vulnerado las reglas fundantes de la competencia originaria de la Corte Nacional establecidas por la Constitución Nacional, así como la inveterada jurisprudencia de ese mismo Tribunal que impide la intromisión en las autonomías provinciales cuando la cuestión fue objeto de tratamiento y resolución por parte de la justicia local”, reza el extenso oficio que presentó el gobierno de Manzur ante los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkratz, al que tuvo acceso Infobae.
Además, señala la “notable diferencia” entre el caso de Tucumán y los citados por la oposición y por la Corte, que refieren a otras jurisdicciones. “No existe una transgresión a una disposición normativa. Se trató de una interpretación judicial ante la existencia de una laguna normativa”, justifica. Y reclama que la asunción de la competencia originaria en el caso y la emisión de la cautelar produjeron “una afectación del sistema federal de gobierno y una invasión a la autonomía provincial”.
El gobierno provincial protesta contra el “daño gravísimo al ejercicio de los derechos electorales” y critica el momento en que falló la Corte, en la proximidad de la fecha de los comicios. “Se ha generado un hecho inusitado de retroceso y perturbación en el desarrollo electoral propio de un sistema de democracia representativa en la República Argentina”, dice el escrito.
A su vez, recuerda que la Corte Suprema de Tucumán dictó sentencia a favor de la postulación de Manzur, en noviembre. “La regulación constitucional local respecto de las condiciones bajo las cuales un ciudadano puede ser elegido (o reelegido) gobernador o vicegobernador es una manifestación del poder constituyente provincial, que expresa la valoración de la sociedad tucumana respecto de la organización del Poder Ejecutivo en nuestra provincia, a partir de una singularidad propia de nuestras peculiaridades sociales y políticas”, agrega.
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El documento resume la postura que ya había adelantado Manzur públicamente luego de que se conociera la decisión de la Corte, y que tuvo el apoyo de Alberto Fernández y varios de sus ministros más cercanos. Sin embargo, hasta el jueves, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, los otros dos líderes máximos del Frente de Todos, no se habían pronunciado sobre el caso de Tucumán, ni de San Juan, que aún evalúa cómo avanzar frente a la decisión judicial.
“En una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo”, había expresado la Presidencia a través de un comunicado emitido tres horas después de conocido el fallo que puso en alerta al grueso del oficialismo, especialmente en el interior del país.
En Tucumán la decisión del máximo tribunal se apoya sobre la base de la causa que inició el Partido de la Justicia Social que conduce el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, quien había pedido que se declarara inconstitucional la candidatura a vicegobernador de Manzur, quien iba a acompañar en la fórmula a Osvaldo Jaldo.
La medida fue un traspié colosal en la complicada carrera hacia de Manzur hacia la Presidencia. El tucumano había renunciado al cargo de jefe de Gabinete para ordenar la campaña en su provincia, luego de una tregua en la interna con Osvaldo Jaldo, que había hecho cargo del Ejecutivo durante su licencia para ir a la Nación. En su entorno aseguraban que estaba vigente el plan “Juan 2023″, y que dependía de los resultados en Tucumán. Con un triunfo, deslizaban, tendría los argumentos para competir en las PASO. Ahora, sin fecha para la elección, el cacique del Norte Grande sopesa cómo seguir su carrera política en el año electoral donde pensaba dar un nuevo salto a la órbita nacional, esta vez convalidado por los votos.
Por lo pronto, con su candidatura en peligro, se enfocará en la discusión con la Corte Suprema, que empezó ayer con un duro escrito. Resta que los jueces supremos se expidan ante su defensa, y el Palacio de Tribunales aseguran que la respuesta podría estar entre el final de mayo y el principio de junio.
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