Bettina Romero —la intendenta de Salta que apunta a lograr su reelección el próximo 14 de mayo— había promulgado hace dos semanas la ordenanza que impulsaba el debate público entre los 15 aspirantes al cargo máximo en la Municipalidad local, pero en el Concejo Deliberante —donde surgió la iniciativa— el desenlace del proyecto quedó trunco. Las razones por las que se cayó y por qué el conflicto terminó de exponer la marcada interna en el oficialismo salteño por la capital.
A través del Decreto N°143, la mandataria municipal —quien se postula bajo el ala del gobernador Gustavo Sáenz— había promulgado el 20 de abril el proyecto de Ordenanza N°16.083 que en marzo había sido aprobado por el Concejo Deliberante local. Por medio de este trámite oficial, entonces, se había establecido “la obligatoriedad para quienes se postulen como candidatos a ocupar el cargo de Intendente o Intendenta de la ciudad de Salta, a participar de un debate público”.
En un escenario marcado por la proximidad de las elecciones, todo parecía transitar con normalidad para la realización del evento oficial, pero la iniciativa comenzó a caerse en la previa a la sesión del Concejo Deliberante de la última semana. Ocurre que según el Artículo 7° de la ordenanza municipal, el Concejo debía crear la Comisión de Redacción del Reglamento del Debate Público —”La que estará integrada por los miembros de la comisión de Labor Parlamentaria del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta”, precisaba la normativa—. Pero fue justamente en la Comisión de Labor Parlamentaria donde no hubo acuerdo entre los legisladores y finalmente el armado del reglamento no avanzó hacia la sesión correspondiente.
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Según pudo reconstruir Infobae, en aquella reunión de comisión hubo legisladores que dejaron su lugar al momento de tocar el tema del debate y se llegó a la conclusión, entre posturas divididas, de que no tenía sentido armar la comisión debido a que “no daban los plazos para organizar el debate de la manera más objetiva e imparcial posible”.
Al no haberse concertado la reglamentación, en la sesión posterior hubo concejales que se pronunciaron con duras críticas y señalaron que no hubo voluntad política ni compromiso. Estuvieron también quienes manifestaron que la cancelación le jugaba a favor a uno de los candidatos y el apuntado fue Emiliano Durand, quien también va por la intendencia capitalina bajo el ala del gobernador Gustavo Sáenz.
A falta de PASO, Durand y Bettina Romero protagonizan la interna oficialista por el cargo máximo en la municipalidad de Salta Capital. Ante este escenario, según fuentes consultadas, entre los legisladores que no hicieron propicio el avance del debate en la Comisión de Labor Parlamentaria se encuentran algunos oficialistas que responden a Durand, en lugar de a la intendenta, quien justamente promulgó la ordenanza.
Entre las responsabilidades de la comisión reguladora de cara al debate oficial estaban las de hacer participar a organismos como universidades pública y privada, además de elegir moderadores, pautar tiempos y temas a tratar en la discusión política, entre otros aspectos relacionados a la logística y producción del debate para su transmisión.
¿Cuándo se debía realizar el debate? Según la ordenanza promulgada, debía realizarse —por lo menos— con siete días de anticipación al acto eleccionario —pautado para el 14 de mayo próximo—, en un lugar físico que no pertenezca a la Municipalidad. Esta precisión en la norma fue otro de los puntos conflictivos, debido a que hubo concejales que pidieron flexibilizar la fecha —domingo 7 de mayo, en principio— para llegar con la organización.
Fuentes legislativas consultadas por este medio señalaron que el objetivo era pautar el debate un día en el que “muchas personas pudieran verlo”, pero que la coincidencia con el partido entre River-Boca por la Liga Profesional de Fútbol perjudicaba en gran medida la correcta difusión el domingo 7 de mayo. El argumento, según se supo, fue manifestado como argumento en contra en el marco de la reunión de comisión previa a la sesión del Concejo Deliberante.
Más allá de quienes se retiraron de la reunión, en Labor Parlamentaria estuvieron los legisladores que apuntaron a organizar el evento a pesar de los posibles problemas que podría generar la falta de tiempo aunque también estuvieron los que aseguraron que sería muy imprudente seguir esa línea. La votación estuvo dividida, pero se resolvió por no avanzar en el armado del reglamento.
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La decisión generó polémica en el escenario local y también diversas lecturas sobre la posible “jugadas” por parte de la intendenta —al promulgar la iniciativa de un debate de 15 candidatos con tan poco tiempo de cara a las elecciones— como así también de Durand —su adversario político dentro del oficialismo en las próximas elecciones— de quien señalan de no haber tenido intenciones de sumarse a la discusión entre los postulantes.
Desde el sector de Romero indican que la ordenanza se promulgó en tiempo y forma y que estaban todas las garantías y voluntades para la correcta organización. Se respaldan, además, en las críticas públicas que se realizaron desde distintos sectores por la cancelación del evento.
Desde el sector de Durand, en tanto, aseguran que el candidato no tiene inconvenientes en participar de un debate y que de hecho se está pautando uno para realizar en un canal local solo con los principales candidatos en una suerte de mano a mano.
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