Una auditoría externa del BID investiga posibles deficiencias técnicas en las obras para sanear un basural en Luján: se utilizó un préstamo de USD 11 millones

Una auditoría externa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) investiga la denuncia de vecinos de Luján por posibles “deficiencias técnicas y riesgo para la salud por la presencia de desechos tóxicos y líquidos contaminantes” en las obras de saneamiento, y cierre del mayor basurero de la Argentina ubicado en esa localidad bonaerense. Las obras, a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al frente de de Juan Cabandié, son ejecutadas con un préstamo de casi 11 millones de dólares otorgado por el BID. La pesquisa está a cargo del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). No se descarta que en las próximas semanas una delegación de esa oficina desembarque en el país. Los demandantes también se presentaron ante la Justicia federal de Mercedes que paralizó la construcción Ecoparque y Centro Ambiental.

La denuncia tiene recorrido propio. El 31 de enero de 2022, los vecinos que se sienten perjudicados por las obras -porque ven afectados sus emprendimientos agropecuarios- encabezados por Viviana Karina Novelle, Ignacio Francisco Uranga y Carlos Reyes Terrabusi, se presentaron ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación para denunciar que las obras que forman parte del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto -adjudicada la empresa Evasa- podían producir “potenciales daños a la calidad de vida, salud y patrimonio aunado a afectaciones ambientales y al patrimonio cultural para la comunidad, por el saneamiento de un basural (actualmente en operación) y la apertura de un nuevo relleno sanitario en la zona, que hacen parte del Programa”. Las actuaciones están identificadas como “MICI-BID-AR-2022-0182″.

El MICI es la oficina independiente del Grupo BID que atiende los reclamos de daños causados a la población por proyectos financiados por alguna de las instituciones del Grupo debido al potencial incumplimiento de una o más de sus políticas operativas.

Ante el MICI, los denunciantes también mencionaron los “potenciales incumplimientos con las Políticas Operativas Pertinentes al Banco (por el BID) ante la falta de información pública del proyecto y de consultas públicas adecuadas para dar consentimiento, por parte de la población afectada”.

Los Vecinos Autoconvocados de Luján afectados por la extensión de las obras para sanear el vertedero destacaron que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible no realizó “estudios ambientales y sociales completos” e hizo “un deficiente análisis de riesgo sobre el impacto de las obras” que se realizan en terrenos cedidos por la Agencia de Bienes del Estado (ABE) a unos 2,5 kilómetros de distancia del basurero, en la zona denominada Sucre.

La superficie del vertedero es de unas 12 hectáreas y recibe más de 100 toneladas de residuos diarios que producen los 111.365 habitantes de Luján, según el Censo 2022.

Ante el organismo multilateral y su oficina externa de auditoría los afectados alegaron que “existen fallas técnicas que hacen el proyecto inviable en términos ambientales y un riesgo para la salud por la presencia de desechos tóxicos y líquidos contaminantes que no serían tratados correctamente (ni por el actual basural en operación, ni contemplados en las nuevas obras)”. Del mismo modo, señalan que el predio elegido para llevar a cabo el nuevo basural no tendría capacidad suficiente para cumplir la función, aunado a los potenciales daños a sitios cercanos considerados patrimonio histórico. Lo anterior también afectaría significativamente, desde su punto de vista, a la calidad de vida y al patrimonio de los vecinos que residen en la zona de influencia directa de ambos basurales.

Por último, destacan “potenciales irregularidades en el proceso licitatorio o respecto de regulación local sobre obras, las cuales serán remitidas a las Oficinas de Integridad Institucional y Adquisiciones”, una temática que ya anunció el MICI que está fuera de su ámbito de investigación.

Desde Washington, funcionarios del MICI le informaron a este medio que: “Tal como se informó en el registro público del caso, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó la recomendación para realizar una Verificación de la Observancia el pasado 3 de abril. Desde ese momento, el MICI está realizando diversas actividades para poder desarrollar la verificación de cumplimiento siguiendo el cronograma previsto en la recomendación”, es decir que la investigación de continúa abierta.

Las mismas autoridades que trabajan para externamente para el organismo multilateral sostuvo ante Infobae que: “Como se detalla en el registro público, la Verificación empezará una vez se haya constituido el panel de investigación, que estará integrado por la coordinadora de la Fase y dos personas expertas. Actualmente se está trabajando en el punto 1 del cronograma para escoger y contratar al panel de investigación”.

Los funcionarios del MICI, al ser consultados si en las próximas semanas llegará la auditoría a la Argentina explicaron que: “Mientras se planean diversos aspectos del trabajo del MICI sobre este caso, aún no se ha determinado las fechas en las que la misión pudiera tener lugar”.

— ¿Está al tanto de las denuncias que los Vecinos Autoconvocados de Luján realizaron ante el MICI?, le preguntó Infobae al ministro Juan Cabandié.

— En las obras no existen irregularidades. Cuando mucho esta gente, estos vecinos con mucho poder económico, objeta cuestiones técnicas, sin sustento, porque no quiere la planta de tratamiento cerca de sus campos donde crían caballos de polo. La más molesta con todo esto es Viviana Karina Novelle, porque tiene temor que la planta se abandone y quede parte del basural al lado de sus campos.

— Sin embargo, la oficina externa que realiza las auditorias para el BID tomó el caso y está investigando.

— Nos quieren ensuciar porque no quieren la planta de tratamiento al lado de sus caballos de polo. Son gente de poder económico que tienen temor que quede abandonada la obra cerca de sus terrenos. Tienen múltiples negocios familiares, tienen uno de producción de alimentos orgánicos. Estas familias tienen un gran poder de lobby. El MICI no tiene poder para detener la obra. Nosotros ya nos reunimos con los vecinos y representantes del BID para llegar a un acuerdo, pero ellos se levantaron de la mesa de negociación. Estos son fondos del BID. El BID está chocho con nuestra gestión. Son más de 350 millones de dólares que ya los utilizamos. Repito, esta gente nos vuelve locos por sus intereses personales. Nosotros estamos dispuestos a eliminar el mayor basural de la Argentina. Ellos no quieren que afecte su producción de caballos de polo y de carrera.

La documentación oficial del Banco Interamericano de Desarrollo revela que el 16 de julio de 2014, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner el sector de “agua y saneamiento” aprobó un préstamo para el gobierno argentino de USD 150.000.000 del “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” para “disminuir la disposición de residuos sólidos urbanos en Basurales a Cielo Abierto e incrementar la disposición de los mismos en rellenos sanitarios diseñados, construidos y operados adecuadamente en centros urbanos y turísticos e incrementar su recuperación y valorización” que “beneficiarán a alrededor de 975 mil hogares con servicios mejorados de recolección y disposición final”. De ese monto, 11 millones de dólares se utilizan en la obra cuestionada por los Vecinos Autoconvocados.

El plan contempla una planta de reciclado de desechos e incluye la formalización de 220 puestos de trabajo, que quedarán en manos de los cooperativistas del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que desde hace años realizan las tareas de reciclado a mano, expuestos a la contaminación ambiental y enfermedades.

El principal dirigente del MTE es Juan Grabois. Esa organización social forma parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que agrupa a la mayoría de las organizaciones populares que integran el Frente de Todos.

El viernes 26 de agosto de 2022, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la presencia del secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, realizó la consulta pública del “Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Inclusión Social Preliminar”, en cumplimiento de los requisitos solicitados por el BID, para la realización de la obra “Diseño, construcción y operación del centro de gestión ambiental Luján y cierre técnico del basural a cielo abierto”, es decir del mega basurero conocido como “La Quema”. Los Vecinos Autoconvocados aseguran que ese estudio es deficiente y por eso se lo hicieron saber al MICI.

La misma agrupación vecinal que denunció ante la oficina de Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID interpuso varios recursos de amparo ante la Justicia para frenar las obras.

En primer lugar, el 29 de diciembre pasado, lo hicieron ante el juez federal de Quilmes Luis Armella para, a través de una medida cautelar, frenar la construcción del centro de saneamiento ambiental de Luján. Según fuentes del juzgado de Armella, el magistrado “declaró la incompetencia” y la causa recayó en el despacho del juez federal de Mercedes Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto.

Después de analizar los argumentos de los denunciantes, el magistrado falló a favor de la medida cautelar y frenó el saneamiento del basural e impidió que se sigan arrojando residuos en el actual predio del municipio. El municipio de Luján y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible apelaron la medida judicial y ahora será tratada por la Cámara de Apelaciones.

Como medida de protesta, el Movimiento de Trabajadores Excluidos realizó piquetes y quema de neumáticos sobre la ruta provincial 192 de camino al basural y no descartan nuevas manifestaciones los próximos días en los tribunales de Mercedes donde se resolverá si la obra se frena o puede continuar.

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