Se triplicaron las multas a los partidos políticos por irregularidades en los balances de campaña por fondos que no se pueden justificar

El financiamiento electoral para el sueño presidencial de muchos candidatos ya empezó a rodar. Recaudar es clave para mantener la visibilidad durante los meses de campaña, pero justificar el origen de esos fondos -que en un porcentaje importante suelen ser en negro- no siempre es tarea sencilla para los partidos políticos. De hecho, las sanciones por irregularidades en los informes de campañas casi se triplicaron en la última década y marcaron un récord en 2021, según datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE) analizados por Unidad de Datos de Infobae.

Fueron 479 multas por irregularidades en los informes de campaña durante 2021, el mayor número desde 2013, cuando habían sido sólo 164. En total, en la última década, la Justicia electoral aplicó 1.503 sanciones a más de un centenar de partidos políticos por este motivo.

Hay distintos motivos para explicar el aumento de las sanciones que involucran, desde pequeños partidos provinciales hasta grandes sellos como el Partido Justicialista o Juntos por el Cambio. La cantidad de agrupaciones que participan en las elecciones aumentó en la última década, pero también aumentó la fiscalización por parte de la Justicia electoral y mejoró la digitalización de los expedientes. Esto permitió que muchas provincias pudieran comunicar las irregularidades a través de un formulario online.

Las sanciones de mayor impacto son las que derivan en una quita progresiva de los aportes del Estado que el Ministerio del Interior asigna a las fuerzas políticas para hacer campaña en la siguiente elección. Los montos alcanzan hasta los $21 millones, como en el caso del Frente Patriota Federal, liderado por Alejandro Biondini, por el presunto desvío de dinero público para la impresión de boletas. La Alianza Avanza Libertad, liderada por José Luis Espert, y Cambiemos también fueron multados con $18 y $17,6 millones, respectivamente, por sus rendiciones de campaña en 2021, en el caso del libertario, y en 2017, de la alianza opositora.

¿El motivo? La imposibilidad de trazar una ruta para el dinero que sustentó actos proselitistas, viajes en aviones o helicópteros, hoteles en los viajes por el Interior del país, entre otros gastos en época electoral. Pero el efecto de las sanciones se licúa por una zona gris en la ley de financiamiento electoral, que solo alcanza a los precandidatos en las PASO en la responsabilidad por los incumplimientos, pero excluye a los candidatos en las generales.

Así, las caras más visibles de la escena electoral quedan en su mayoría indemnes. “Los candidatos no están comprometidos con el cumplimiento de la norma. Cuando se suben a un avión privado no preguntan quién lo pagó. Eso es porque no tienen ninguna responsabilidad legal”, indicó un experto en temas de financiamiento electoral. La ley establece sanciones económicas para los partidos, pero no existen sanciones para los candidatos en período de campaña. Las inhabilitaciones a presentarse a cargos públicos nacionales o partidarios - de entre 6 meses y 10 años - sólo corren para los presidentes, tesoreros y responsables financieros y económicos de las fuerzas políticas.

En ese sentido, Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, advirtió que la transparencia en las campañas debe alcanzar a todos los actores. “Los candidatos y sus fundaciones deben estar sujetos a las mismas obligaciones y limitaciones en cuanto a los fondos que reciben y manejan. También deben ser sancionados si violan las normas. Cuando la regulación sólo alcanza a los partidos, los candidatos y otros actores se transforman en ventanas de oportunidad para el financiamiento en negro y la canalización de fondos prohibidos”.

En tanto, Adrián Pérez, ex secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, durante la gestión de Cambiemos, destacó que la nueva ley de Financiamiento de los Partidos Políticos mejoró los controles a nivel nacional y la capacidad de fiscalización de la Justicia electoral, aunque marcó algunas falencias a nivel provincial. “Hubo un proceso que mejoró mucho que fue la bancarización absoluta de los aportes de campaña, pero tenemos un agujero muy grande en lo provincial porque hay varias provincias sin legislación o con leyes laxas. Es un problema cuando hay simultaneidad de elecciones, ese es como un gran agujero”, indicó el ex funcionario a cargo de organizar las elecciones desde el Poder Ejecutivo en la gestión pasada.

El crecimiento de las sanciones a los partidos políticos no se limita al período electoral, sino que también se extiende a la actividad institucional ordinaria de los partidos, por incumplimientos en la presentación de los balances partidarios, o inconsistencias su confección. En 2021 las sanciones por este motivo fueron 408, casi el doble que en 2013, superando la cantidad de multas aplicadas por la rendición de las campañas de ese año.

En total, si se consideran ambos tipos de sanciones -por rendición de ingresos y gastos electorales y las inconsistencias o no presentación de balances-, la Justicia electoral aplicó en promedio entre dos y tres sanciones por día a un centenar y medio de partidos políticos de todo el país durante 2021. En total, fueron 887 multas, según el relevamiento realizado por la Unidad de Datos de Infobae.

Y se considera desde el 2013, el total de multas aplicadas fue de 3.790. De ellas, el 40% (1.503) fueron sanciones por observaciones en los informes de campaña y el restante 60% (2.287) por faltas en los balances contables o no estar debidamente confeccionados.

Existen distintos tipos de sanciones previstas. Primero, si las agrupaciones políticas se demoran en la presentación de sus informes de campaña o balances contables anuales, se les aplica una multa que, dependiendo del retraso, comienza en un 10% de los fondos públicos destinados para esa misma alianza en los próximos comicios. Ese porcentaje va en ascenso si el retraso se mantiene y puede concluir con la pérdida total de aportes. Si el incumplimiento es sobre los balances, dejan de recibir el Fondo Partidario Permanente fijado por ley hasta que lo presente.

Previo a la última modificación de la ley, la multa era un monto fijado por la Justicia electoral, que no se pagaba hasta que la sentencia quedara firme. Y cuando esto sucedía, la cifra quedaba desactualizada al no ajustarse por inflación.

Si las agrupaciones o alianzas no presentan la documentación exigida, o su presentación es desaprobada por la Justicia, se les aplica una pérdida total del financiamiento estatal que le corresponde en las próximas elecciones. Fue lo que sucedió en 534 casos en 2021, en los que se aplicó una multa del 100% del aporte estatal para la campaña más próxima cuando la sentencia queda firme. “Esa es la máxima sanción, la anterior es la multa. Pero la sanción es siempre económica”, explicó Pérez. En ningún caso se puede suspender a la agrupación o impedirle que se presente a elecciones.

La mayor multa aplicada en la última década fue por $21 millones al Frente Patriota Federal, liderado por Biondini (y que anteriormente se denominó Frente Patriota Bandera Vecinal), por inconsistencias en su informe de ingresos y gastos de campaña de las PASO legislativas del 2017. Entre otras irregularidades, la Justicia electoral mencionó “la no acreditación en debida forma del gasto declarado en impresión de boletas electorales”. En su fallo, advirtió el cobro por ventanilla bancaria por parte de dirigentes del Frente del dinero pagado por el Estado para la impresión de boletas para cada una de las seis listas a senadores presentadas, que no se habría usado para tal fin. Aún está en estado de apelación.

Le sigue la que recibió Avanza Libertad en la última elección de 2021, por $18,1 millones, por no presentar el Informe Final de Recursos y Gastos de Campaña de las últimas Primarias en la Provincia de Buenos Aires. Esta multa - deducible del aporte extraordinario de campaña electoral y de impresión de boletas - fue aplicada a la alianza que llevó a Espert como cabeza de lista de Diputados por el juez Alejo Ramos Padilla a las tres agrupaciones que conformaron ese frente electoral: Dignidad Popular Unión del Centro Democrático y Partido Demócrata, que recibieron un punitorio de alrededor de $6 millones cada una.

En tercer lugar, aparece Cambiemos con una multa global de $17,6 millones por las irregularidades en sus rendiciones de la campaña de las legislativas generales de 2017 en la Provincia de Buenos Aires. Según determinó la Justicia electoral, se detectó una “una masiva cantidad de denuncias de aportantes que aparecían en el listado de ingresos privados, pero que negaron haber hecho tal contribución, y rectificaciones masivas del listado de aportantes sin justificación alguna”.

La existencia de falsos aportantes en la campaña de Cambiemos de ese año había sido denunciada también en las PASO de ese año. La multa fue aplicada a todos los partidos de la coalición entonces gobernante, aunque los principales montos le corresponden al PRO ($10.514.086), y a la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica ($3.177.764 cada una). El resto de los partidos recibieron todos una multa de $98.000. El fallo de primera instancia fue apelado por Cambiemos.

Esta semana, se conoció que la Cámara Electoral confirmó la resolución del juez federal Ramos Padilla que había desaprobado los informes finales de recursos y gastos de la campaña de esa alianza para las Primarias en territorio bonaerense, cuando María Eugenia Vidal gobernaba el distrito. Así, la CNE ratificó que se debía “sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que hubieran correspondido a los partidos como integrantes de la alianza” y dispuso que se investigara a los eventuales responsables de las “numerosas irregularidades detectadas” que “impiden de esta manera conocer el origen y destino de los fondos de campaña”.

A pesar de la ratificación de los camaristas, el caso todavía no tiene sentencia firme ya que queda disponible un recurso extraordinario de apelación que podría demorar la aplicación de la sanción económica hasta las siguientes elecciones de 2025.

También recibió una multa abultada el Partido Justicialista bonaerense por su balance contable correspondiente al ejercicio del 1 de julio del 2011 al 30 junio de 2012. Entre otras deficiencias, la Justicia electoral advirtió que el partido tenía, además de la cuenta bancaria única partidaria, “seis cuentas corrientes en diferentes sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires”, en las que “se registraron saldos y distintos movimientos significativos de los cuales no ha sido posible identificar el origen y destino de los fondos”. Pero este incumplimiento no implicará pérdida de los aportes públicos hasta dentro de algunos años, cuando la sentencia quede firme.

¿Cómo se procesó la información?

La Unidad de Datos de Infobae accedió al repositorio de datos sobre sanciones a las agrupaciones políticas que publica la Cámara Nacional Electoral. Tras confirmar que los datos al 2021, son parciales, se solicitaron los totales por año actualizados a la misma fuente. Si desea visualizar y/o descargar la hoja de cálculo, siga este enlace.

Procesamiento de datos: Daniela Czibener

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky

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