Antes del nuevo incendio, Iron Mountain denunció que habían vandalizado el inmueble

Poco antes del nuevo incendio, el 19 de abril, la empresa Iron Mountain denunció ante la Justicia que uno de los depósitos del inmueble había sido vandalizado.

Así lo notificaron los abogados defensores ante la Fiscalía interviniente en el marco de la causa que investiga el trágico incendio del 5 de febrero de 2014 que se cobró la vida de diez bomberos y dos integrantes de Defensa Civil que intentaban apagar el fuego.

En representación de Héctor García y Guillermo Lockhart, directivos de la compañía multinacional, los letrados defensores hicieron un presentación judicial para advertir que se verificó que el depósito de la calle Azara 1245, ubicado en el barrio porteño de Barracas, “se encontraba vandalizado” y que, por lo tanto, el tribunal “dispongan de las medidas pertinentes tendientes a determinar lo sucedido, sus responsables como así también los daños y faltantes que se hayan producido”.

La constatación de los destrozos, según la empresa, ocurrió cuando personal de la proveedora de Servicios CAME SA llegó al lugar para realizar tareas de desratización, indicaron a Infobae fuentes vinculadas a la causa.

Ante la confirmación de los daños y la “gravedad de los acontecimientos”, Iron Mountain tomó imágenes y avanzó con la presentación judicial.

Las fotografías adjuntadas en el expediente ilustran el estado del inmueble. Hay estructuras caídas, roturas, papeles arrojados, extintores en el suelo y mobiliario fuera de su lugar. También aparecen cajas de guarda de documentación ajeadas y vulneradas, máquinas con la estructura de hojalata doblada intencionalmente, piezas metálicas y mangueras sueltas en el piso.

De acuerdo al material presentado, en la escena donde se produjeron los hechos vandálicos cuesta discernir aquello que obedece a una situación de abandono o descuido, y lo destrozado voluntariamente.

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Los daños se suman a una larga secuencia de hechos sospechosos y sin explicación que envuelven a la tragedia sucedida hace 9 años, en la que murieron Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Juan Monticelli, José Luis Méndez Araujo, Sebastián Campos, Pedro Báricola y Franco Ambrosi.

Ayer, pasadas las 14, se desató un nuevo incendio en el contrafrente del depósito de la firma. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad porteños y Bomberos de CABA, el fuego fue “circunscripto”, pero su extinción demandará dos semanas. Anoche, se habían dos paredes, una de manera parcial y otra total, sin reportes de daños personales.

Las llamas, esta vez, alcanzaron a zonas de Iron Mountain que no habían sido afectadas por los incendios de 2014. Estás áreas están bajo fuego en un área de cien por ciento a la cumbrera, de unos 20 metros de altura. Las viviendas de alrededor del depósito no corren el riesgo de derrumbe, informó personal de Bomberos.

En el incendio de 2014, desde un primer momento se sospechó que el inicio del fuego no fue fortuito sino que tuvo como objetivo destruir documentos de grandes empresas y bancos nacionales y multinacionales que los conectarían con maniobras de lavado de dinero.

El 12 de abril pasado, la jueza Fabiana Palmaghini envió a juicio oral y público la causa en la que se investiga el incendio de 2014. El expediente tiene imputadas a 18 personas entre las que figuran directivos de la empresa y ex funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno porteño, como así también un empleado de seguridad de Iron Mountain que estaba en funciones cuando se inició el incendio.

Los peritajes realizado sobre el siniestro de 2014 señalaron que la causa inmediata del derrumbe de la pared hacia el exterior al colapso de la estructura metálica del depósito -cabriadas y columnas-, tuvo como consecuencia el fuego. Esa caída propició la tragedia. Un grupo de bomberos había ingresado al predio por la entrada de la calle Azara, mientras que otro grupo trabajaba sobre el acceso de la calle Melchor Gaspar de Jovellanos. A las 9 de la mañana, la pared de la calle Jovellanos se desplomó encima de los bomberos.

Iron Mountain cuenta con antecedentes de incendios sospechosos. En 1997 se quemaron tres depósitos de la empresa en Nueva Jersey, Estados Unidos; en 2006 en Ottawa, Canadá y en Londres; en 2011 en Italia. En tres de los casos se comprobó que los incendios fueron intencionales. En agosto de 2014, una investigación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encontró 29 coincidencias entre clientes de Iron Mountain e investigaciones o denuncias por lavado de dinero, fraudes y delitos tributarios.

Sin embargo, las pericias encontradas en Barracas son contradictorias.

En febrero de 2015, los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron sus informes periciales en los que se concluía que el incendio podría haber sido intencional. Más tarde, un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) cuestionó esa hipótesis.

Así, nunca se pudo determinar si el inicio del incendio fue intencional o un accidente. Ahora bien, existirían otras responsabilidades a criterio de la Fiscalía, a cargo de Romina Monteleone. Allí incluyó a responsables de Iron Mountain por las instalaciones fijas contra incendio y la seguridad del edificio, junto a gerentes por obrar de manera imprudente. Pero también a otros responsables de la firma porque se habría sobornado a funcionarios de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina para conseguir la habilitación del depósito, a pesar de sus defectuosas condiciones de seguridad contra incendios.

En la lista de imputados figura hasta el empleado de Seguridad, Oscar Godoy, acusado de ignorar 27 alarmas y reaccionar lentamente ante la emergencia, y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que intervinieron en los trámites de inspección y habilitación del establecimiento.

Los 18 involucrados están acusados de los delitos de incendio culposo seguido de muerte y lesiones culposas.

Según la instrucción judicial, en la propagación del incendio incidieron una “suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa”, fallas de los “diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes”. No haber obrado como correspondía contribuyó a las pérdidas humanas y materiales.

Las acusaciones penales contra funcionarios y miembros de la empresa fueron materia de controversia a lo largo del trámite judicial. En diciembre de 2020, la Cámara de Crimen porteña cuestionó la “deficiente investigación” realizada por los jueces de primera instancia y anuló los 18 procesamientos. Para ese tribunal, era crucial que se determinen las causas del origen del fuego a fin de determinar las responsabilidades.

“En ningún caso se explicó por qué los imputados ocupaban posición de garante y se incurre en el error de sostener que diecisiete personas responden casi con el mismo grado de intervención; se construye la responsabilidad sobre un deber genérico de controlar todo, sin indicar puntualmente si les correspondía un especial deber de custodia”, sostenía la resolución de la sala IV de la Cámara del Crimen de los jueces Magdalena Laíño y Marcelo Lucini.

De esta manera, se había “colocado en pie de igualdad al verificador técnico que habría realizado una inspección deficiente, con el funcionario a cargo de la dirección por no haberla advertido. No se explica, sin embargo, cómo podría haberlo hecho y, eventualmente, subsanado”, replicaba entre otros duros argumentos a la sentencia de primera instancia.

La investigación judicial tuvo distintos momentos y en diciembre del año pasado la Cámara del Crimen confirmó, finalmente, el procesamiento de los 18 acusados. La sentencia contó con los votos de los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Ricardo Matías Pinto, con el voto en disidensia de Laiño, que mantuvo su postura. Allí se estableció que se detectaron falencias compartidas entre la empresa y funcionarios gubernamentales en el control del depósito de Barracas.

De esa última resolución, quienes resultaron favorecidos por falta de mérito fue el inspector de la División Prevención de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (SFBPFA) y del gerente de Operaciones de Iron Mountain.

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