Los planes de Juntos por el Cambio para la Justicia en caso de volver al poder

¿Qué quiere hacer Juntos por el Cambio con la Justicia, en caso de volver al poder? Cada vez más vapuleada por distintos actores del oficialismo, se trata de un área que se convirtió casi en la obsesión del kirchnerismo en esta gestión del Frente de Todos. La principal coalición opositora, con chances reales de ganar las próximas elecciones, ¿piensa ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema?¿Evalúa cambios en el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo planea cubrir las vacantes en los Juzgados que hoy llegan a casi un tercio del total de los cargos?

Pese a la interna existente entre los distintos sectores del PRO y dentro de Juntos, el tema de la Justicia parece haber quedado al margen de las disputas. Las fundaciones de los cuatro partidos que integran Juntos por el Cambio - Pensar, por el PRO; Alem por la UCR; Hannah Arendt por la Coalición Cívica; y Encuentro Republicano por el Peronismo Republicano - vienen trabajando con sus técnicos y especialistas en la materia desde hace más de un año en un espacio de debate común. El objetivo es acordar posiciones que funcionen como un marco de políticas públicas en el tema para el próximo Presidente, que confían será de Juntos por el Cambio.

“Desde las cuatro fundaciones de JxC venimos trabajando en acuerdos programáticos para que el próximo gobierno tenga una agenda consensuada de medidas para mejorar el funcionamiento de la justicia. A diferencia del oficialismo queremos un Poder Judicial independiente, eficaz y creíble que resuelva los problemas concretos de las personas”, le dijo Martín Casares, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia durante la gestión de Cambiemos a Infobae.

Es uno de los participantes por la Fundación Pensar, junto a la abogada y consejera de la Magistratura Jimena de la Torre. En esa Fundación del PRO, cada sector tiene un representante e interlocutor en el nuevo diseño judicial: el ex ministro Germán Garavano, por Mauricio Macri; Pablo Nocetti, por Patricia Bullrich, de quien fue funcionario en el Ministerio de Seguridad; el ex ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari, por María Eugenia Vidal; y el procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Astarloa, por Horacio Rodríguez Larreta.

Por la Fundación Alem, en el grupo redactor del documento están el abogado y consejero Miguel Piedecasas y el ex diputado nacional por Chubut Gustavo Menna, y en sus comienzos también participó Ricardo Gil Lavedra, ex camarista federal, ex diputado y ex ministro, aunque el año pasado se corrió parcialmente al asumir la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Por la Fundación Hannah Arendt, participa la abogada Mariana Stilman, muy cercana a Elisa Carrió; y por Encuentro Republicano, el también abogado Alejandro Fargosi.

“El objetivo es impulsar un conjunto de reformas para mejorar el funcionamiento de la Justicia, fortalecerla, garantizar su independencia y la división de poderes, y apuntar a que sea más abierta y eficaz. El objetivo es llegar a una posición unificada con grandes lineamientos acordados, aunque luego cada candidato le pondrá su impronta. No hay mayores disidencias en algunos puntos generales”, sostuvo uno de los principales referentes del radicalismo que participó del debate para consensuar las propuestas.

Todos participan de un grupo de Whatsapp para el intercambio de opiniones, y vienen manteniendo encuentros presenciales y por zoom cada 15 días para la redacción de un documento que está en la etapa final. A esta altura tiene 50 páginas, con comentarios en sus laterales con los distintos aportes, pero la idea es hacerlo más corto. Estiman que estará terminado para fin de mes, cuando se lo presentarán a la Mesa Nacional de Juntos. Hasta ahora, los avances y acuerdos logrados en la redacción son reportados a las autoridades de cada Fundación: Franco Moccia (Pensar); Ricardo Campero (Alem), Fernando Sánchez (Hannah Arendt), quien además es el coordinador de las reuniones y está a cargo del cronograma y seguimiento del documento, y Eduardo Mondino (Encuentro Republicano).

“Hay un consenso muy grande entre las cuatro fundaciones de que la Justicia, como los temas institucionales, queden fuera de la interna de Juntos. Y eso es muy importante”, afirmó Garavano en diálogo con Infobae. Según pudo saber Infobae, el documento recoge muchos de los lineamientos y reformas que se habían venido trabajando en la gestión de Macri, desde el PRO, el radicalismo y la CC, como los proyectos de Justicia 2020 y Justicia 2030.

Las definiciones más finas sobre la implementación quedarán en manos de quien sea Presidente, algo que no se empezará a delinear hasta después de las PASO, según sea el resultado electoral. Entre esas definiciones está el nombre del futuro ministro de Justicia, que es un tema político y deberá tener en cuenta el reparto de poder interno ante un eventual triunfo de la alianza opositora. Pero todos dan por descontado que los candidatos en la campaña, más allá de sus perfiles y necesidad de diferenciarse en la disputa interna, buscarán mostrarse como la antítesis de las posturas sobre la Justicia del gobierno actual.

Hay coincidencia en que “tiene que haber un restablecimiento de la confianza en el sistema judicial para contrarrestar esta campaña de prédica constante contra ella, que va erosionando la confianza en el sistema judicial y socava su credibilidad”.

Los participantes de la redacción del documento creen que la Justicia va a seguir en agenda. Las causas que involucran a Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de su gobierno no van a terminar en los próximos cuatro años, más allá de quien gobierne. “La embestida contra la Justicia responde, básicamente, a las causas por corrupción que se extenderán durante todo el mandato del próximo gobierno y más allá. Vienen años de apelaciones hasta llegar a la Corte, por lo que es probable que siga el hostigamiento del kirchnerismo a la Justicia. En esto también influirá cómo salga parado de esta elección. Por eso va a ser clave fortalecer la credibilidad en su funcionamiento”, advirtió uno de los redactores del documento conjunto.

Con una mirada más técnica, consideran que se deben evitar “prácticas dañinas para la Justicia” como el escándalo del Lago Escondido en el que se vieron envueltos jueces, operadores, empresarios y dueños de medios. También rechazan la existencia de “gestores” en la relación del Ejecutivo con los Juzgados y Fiscalías, aunque saben que varios de esos intermediarios siguen activos y tienen vínculos cercanos con los actuales precandidatos o sus referentes.

“La cantidad de interlocutores paralelos que hubo en la administración de Macri, más allá del ministro del área, afectó la administración de Justicia. Fue una práctica pésima, instalada básicamente por el PRO, dentro de Cambiemos”, admitió un integrante del radicalismo. “Es muy importante que las relaciones con la Justicia las lleve el ministro o funcionarios del Ministerio. No abrir canales informales paralelos”, agregó en referencia a los asesores del ex presidente Fabián “Pepín” Rodríguez Simón o José Torello. En ese sentido, uno de los consultados especuló que “si Rodríguez Larreta es electo presidente, la intervención de operadores judiciales podría proseguir”, pero lo vio menos factible si la electa fuera Patricia Bullrich.

Desde sectores del PRO creen, sin embargo, que “debe haber diálogo con los jueces sobre determinadas políticas estratégicas para el país” para poder avanzar sin impedimentos legales. En lo que sí hay consenso unánime es en que los futuros funcionarios “deben abstenerse de criticar a magistrados o sus fallos”.

En los distintos sectores de Juntos hay consenso en que quieren una Corte que sea “independiente” y que “resuelva según las leyes y lo que dice la Constitución Nacional”. No se evalúa ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema, al menos en la primera etapa ya que podría ser visto como una forma de “buscar una mayoría propia”.

Sí se buscará cubrir la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco con otra mujer de perfil “incuestionable e independiente”. Sin embargo, evitaron dar nombres. “Hay muy buenas candidatas, pero ninguna definida”.

También el próximo gobierno deberá evaluar la continuidad eventual de Juan Carlos Maqueda, que el año próximo cumple 75 años. “No se descarta darle 5 años de prórroga”, afirmó sin embargo uno de los participantes del grupo redactor del documento. “Va ser clave ver cómo queda el Senado, y el número que tengamos”, agregó. Si no hubiera acuerdo para su continuidad, se buscaría completar esa nueva vacante con otra mujer.

Maqueda hoy está alcanzado por las sospechas sobre manejos irregulares en la obra social del Poder Judicial, ya que en la organización interna del tribunal era el que se ocupaba de su seguimiento. Su posible continuidad deberá ser evaluada en el marco de una interna dentro de la Corte que estalló esta semana luego del tumultuoso despido de Héctor Marchi, el administrador general del Máximo Tribunal, y la exteriorización de la grieta existente entre el sector que integran el presidente Horacio Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda por un lado, y Ricardo Lorenzetti, por el otro.

Los técnicos y referentes de Juntos dedicados a elaborar el programa judicial sí analizan alguna reforma para mejorar el funcionamiento de la Corte. “La cantidad de expedientes que llegan a los tribunales superiores es un tema de debate en todo el mundo. La Corte tiene toda la potestad política de decidir cuándo expedirse sobre algo, pero lo ideal sería reducir el grado de discrecionalidad en el manejo de los expedientes”, señaló uno de ellos.

Los referentes de Juntos en materia de Justicia tampoco están pensando en cambiar su integración. “No sería bueno como señal política. Es un tema de debate, pero la Corte ya dijo que la actual integración es equilibrada”, sostuvieron en el PRO. “Si propusiéramos modificar el número, podría ser visto como otro gobierno que quiere manejar el Consejo”, explicó otro de los redactores del documento. Sin embargo, algunos creen que “lo ideal sería darle una formulación menos precaria, porque hoy se está usando la conformación de la primera ley, ya que la última cayó por una resolución de la Corte”. Pero admiten que se trata de un tema delicado políticamente, y que requeriría de un alto consenso en el Congreso.

No obstante, hay varios proyectos de ley dando vueltas para modificar este organismo que selecciona las ternas de jueces y lleva adelante su enjuiciamiento por mal desempeño. El objetivo es mejorar aspectos de su funcionamiento, pero con consenso previo de la oposición. Entre ellos, la selección de magistrados, la Escuela Judicial, el proceso disciplinario - que suele extenderse en el tiempo según intereses políticos - y el jurado de enjuiciamiento. También, un tema central como el de los recursos que requiere la Justicia para su mejor funcionamiento, con particular atención a la tecnología, “que arrastra problemas crónicos”.

Un tema prioritario para Juntos es resolver la cantidad de Juzgados vacantes. “La Justicia no puede funcionar con un 30% de cargos a cubrir”, sostuvo uno de los abogados que trabaja en las propuestas. Por eso coinciden en que hay que “darle prioridad”, una vez iniciado el próximo gobierno, a avanzar con las ternas que ya fueron elevadas al Poder Ejecutivo y buscar aprobar los pliegos que están en la Cámara alta. Muchas de esas ternas vienen de la gestión anterior de Cambiemos, ya que al llegar a la Casa Rosada, Alberto Fernández retiró los 200 pliegos que estaban en el Senado esperando aprobación, y solo volvió a enviar un número muy inferior.

Confían en que en esta elección lograrán mejores números en el Senado que cuando llegaron en 2015, y que alcanzarán la mayoría necesaria para aprobar los pliegos, además de contar con “la fuerza de todo gobierno nuevo que llega con legitimidad”. Uno de los expertos de la UCR, recordó que “Alfonsín tenía el Senado en contra, pero nombró jueces acordando. La nominación es política. Es legítimo acordar con la otra fuerza política para las designaciones. Siempre se hizo así”.

Hoy hay unas 290 vacantes en la Justicia en total. Unas 70 termas estaban entre el Ejecutivo (unas 50) y el Senado (unas 20) hasta el jueves 13 de abril, cuando el Presidente envió 47 pliegos para designar a magistrados judiciales y del Ministerio Público, y se aprobaron seis correspondientes a las provincias de Santa Fe y Córdoba.

“Vamos a asumir un compromiso de repetir y profundizar lo que hicimos cuando llegamos con Macri, de impulsar rápidamente la aprobación de la mayor cantidad de pliegos posible para cubrir las vacantes. En la gestión de Cambiemos logramos aprobar 311 pliegos de jueces y funcionarios judiciales, casi todos en los dos primeros años, aún sin tener mayoría en el Senado. Y enviamos otros 200 que Cristina Kirchner bloqueó a partir de 2017″, afirmó Garavano, al recordar su gestión al frente del Ministerio de Justicia.

Todos los expertos de la alianza opositora coinciden en que es “central” extender la puesta en práctica del sistema acusatorio (o “adversarial” como se lo denomina técnicamente) en el fuero penal federal, dando prioridad a la jurisdicción de Santa Fe, donde debía haber empezado a implementarse en 2020.

“Con el sistema acusatorio se terminó el poder de los Tribunales de Comodoro Py porque ya no van a ser los jueces los que investiguen, sino los fiscales”, advirtió uno de los consultados, al admitir que en parte por eso genera resistencias en el propio Poder Judicial y en muchos magistrados. “Los jueces van a pasar a controlar la legalidad del proceso o autorizar medidas como allanamientos. Por lo cual no hará falta multiplicar juzgados, como proponía la reforma judicial de Alberto Fernández, sino fortalecer al Ministerio Público Fiscal”, agregó el especialista de origen radical.

En la anterior gestión estaba previsto un cronograma de puesta en vigencia progresiva, para llegar en el plazo de 7 años. El último distrito al que iba a llegar era la Capital. Pero solo comenzó a implementarse en Salta y Jujuy en la gestión de Cambiemos, y si bien todos coinciden en sus buenos resultados, con el cambio de gobierno no se extendió a ninguna provincia más. En la lista seguía Santa Fe, Mendoza y San Juan.

“La evaluación de cómo está funcionando en Salta y Jujuy es muy satisfactoria, tanto de parte de la Corte como de distintas ONGs. Se alquilaron edificios de plantas libres para trabajar en equipo en los dos lugares, abiertos a la gente en un lugar central. Está funcionando muy bien, los juicios se resuelven en semanas”, destacó Garavano, uno de los principales impulsores del sistema en la presidencia de Macri.

Uno de los referentes de consulta del radicalismo, señaló que “es increíble que en todos los proyectos de reformas se destaque la necesidad de implementar el sistema acusatorio, y el ministerio de Justicia no avanzó en absoluto en estos casi cuatro años. Desde que llegó Fernández solo se avanzó en las reformas que podían interesarle al poder”. De hecho, Garavano advirtió “solo se avanzó en la conformación de una Bicameral que lo único que hizo fue pedir una auditoría, cuyos resultados fueron satisfactorios y por eso, el oficialismo la guardó en un cajón”.

Según los especialistas que forman parte de la mesa de debate, la implementación requiere recursos y tiempo para avanzar con la capacitación de operadores, la habilitación de nuevos espacios físicos para las audiencias, la dotación de más fiscales, la asignación y distribución de más recursos humanos, con una previsión año a año para cada nueva jurisdicción.

De cara al avance de la implementación del sistema acusatorio, todos coinciden que la figura del Procurador general será clave. Los referentes de los cuatro partidos de Juntos coinciden en la decisión de nombrar uno nuevo, con consenso. Lo cierto es que, más allá de que el resultado electoral le garantice a Juntos mayor número de bancas en el Senado, no contarán con la mayoría necesaria de dos tercios para aprobar su pliego. “Se van a evaluar distintos perfiles. Mientras tanto (Eduardo) Casal va a seguir”, resumió uno de los consultados. “Hizo muy buena tarea de forma independiente, muy equilibrada y profesional”, agregó otro en referencia al procurador interno desde 2017, al que varios le auguran un buen tiempo más en el cargo.

Las cárceles federales es otro de los temas que se incluirá en los acuerdos programáticos para un posible futuro gobierno de Juntos. Se buscará darle prioridad a la finalización de la construcción de cárceles que estaban avanzadas sobre el final del gobierno de Cambiemos, como las de Coronda, Mercedes y la nueva de Marcos Paz, en reemplazo del penal de Devoto, que no fueron aún inauguradas y permitirían sumar un número importantes de nuevas plazas. “La única única nueva cárcel federal que se inaguró en 2018, después de siete años, fue el Centro Federal Penitenciario de Cuyo, ubicado en Luján de Cuyo”, recordó Garavano.

También hay consenso en profundizar los sistemas de tobilleras y mecanismos de monitoreo electrónico, como los dispositivos que se usaron en la gestión anterior en casos de violencia de género, en los que no solo el agresor usaba una tobillera, sino que además la víctima tenía un dispositivo que la alertaba si el agresor rompía la perimetral, y a su vez el dispositivo le avisaba a la Policía del posible peligro de que se acercara a la víctima. En la alianza opositora creen, además, que se debe incorporar tecnología en las cárceles, como los inhibidores de celulares para evitar que los detenidos ordenen o cometan delitos desde sus teléfonos.

También hay un consenso en modificar el Régimen Penal Juvenil, vigente desde la época de la dictadura. “No es garantista, ni efectivo para dar una mayor seguridad”, opinó uno de los expertos.

Conscientes de que hay posturas diversas, que van desde desde la de Bullrich a la que defendía, por ejemplo, la ex ministra de Desarrollo Social de Macri, Carolina Stanley, admiten que es un tema en el que no será fácil ponerse de acuerdo en la letra fina, como bajar o no la edad de imputabilidad. “Pero quizás podamos acordar bajar la edad para algunos delitos muy graves y no para todos, por ejemplo”, señaló uno de los que participa de los debates.

Si bien los Centros de Acceso a la Justicia siguen estando operativos, y dentro de ellos funcionan los Centros de Atención a las Víctimas de Delitos, en el PRO advirtieron que no sucede lo mismo con el Observatorio para las Víctimas destinado a monitorear la situación de los afectados. Inaugurado en 2018, funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia. “Fue un cambio de paradigma en materia penal, pero pareciera que para el kirchnerismo las víctimas de los delitos no son suficientemente importantes, y las invisibilizan. Y para nosotros son cruciales”, reflexionó el ex ministro Garavano.

Los redactores del documento de las fundaciones de Juntos consideran que el flagelo del narcotráfico con foco está en Rosario, se va a extender en todo el país si no se actúa a tiempo en forma conjunta desde la Nación y las provincias. Desde la Fundación Pensar destacan el programa que se desarrolló en la gestión pasada desde el Ministerio de Justicia con el de Seguridad, llamado Argentina sin narcotráfico. “Habíamos logrado buenos resultados. Pero cuando se frenó este programa, las organizaciones criminales avanzaron de nuevo. Y cuando ganan territorio, corrompen más funcionarios y tienen más recursos”. En ese sentido, comparten la preocupación por el ingreso de drogas por la Hidrovía, y la amenaza de la penetración en el Litoral argentino de las organizaciones criminales Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, surgidas en Brasil.

Otro proyecto que había quedado trunco y que desde el PRO quieren reimpulsar es el del Centro de Fusión en Rosario para el trabajo conjunto de las fiscalías federales, provinciales, las fuerzas de seguridad federales y locales, y otros organismos como la UIF, el ex Registro Nacional de Armas y el Registro de Reincidencia, impulsado en la gestión anterior, quedó trunco porque se demoró la cesión del lugar donde se iba a construir el edificio y, finalmente no se concretó.

Los distintos sectores están convencidos de avanzar en reformas para “brindar un mejor servicio de Justicia a la gente”, como el proceso de audiencias por oralidad efectiva en juicios civiles, en lugar de actas escritas, con mayor involucramiento del juez. En las 15 provincias donde se está implementando, los procesos pasaron a durar 6 años a menos de uno. Es el caso, por ejemplo, de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Corrientes, La Pampa, Santiago del Estero, Misiones y Jujuy. “Faltaría llevarla a todo el país en el orden nacional y en la Capital Federal”, advirtió uno de los expertos.

“Hay que priorizar el mejoramiento de la justicia civil, la vecinal, la del consumidor, que son las que afectan el día a día de la gente, antes que pensar en reformar la justicia penal federal”, que es la que interviene en los casos de corrupción de funcionarios, sostuvo uno de los redactores del documento.

Finalmente, los técnicos de Juntos también promueven sancionar una nueva ley de amparo, ya que la actual es de la época de Juan Carlos Onganía, para hacerla “menos formal y burocrática, y volverla más fácil de usar para cualquier ciudadano”.

Seguir leyendo