Se pospuso la polémica iniciativa para regular a Rappi y Pedidos Ya en la provincia de Buenos Aires

El oficialismo bonaerense había llamado a un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para las 14 horas de hoy para iniciar el debate de un proyecto que levantó polémica en las últimas horas y que busca “regular la actividad de diligencias, transporte, entregas y/o retiro de sustancias alimenticias, elementos varios, correctamente embalados y sellados, hacia terceros realizadas en moto vehículo y/o bicicleta rodada, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires a través de aplicaciones”, pero finalmente en un plenario en conjunto de las comisiones de Trabajo, Asuntos Constitucionales y Justicia, Presupuesto y Legislación Genaral se optó por posponer el tratamiento de la iniciativa. Las razones: seguir escuchando a los trabajadores sobre los cuales impactaría la normativa.

Vale recordar que se trata de una iniciativa impulsada por el senador del Frente de Todos Omar Plaini para darle un marco normativo a quiénes prestan servicios para las empresas Rappi, Pedidos Ya y otras apps de delivery. El proyecto de ley ya fue aprobado en el Senado con tratamiento sobre tablas en octubre del año pasado por unanimidad, lo que hacía prever que en Diputados correría la misma suerte.

Sin embargo, en el plenario de comisiones que se realizó este martes en Diputados, los representantes del PRO consideraron que el proyecto tenía que seguir siendo debatido y escuchar a las partes implicadas: empresas y repartidores, en concordancia con lo que habían planteado los diputados de Avanza Libertad, Nahuel Sotelo y Guillermo Castello.

Mientras se llevaba adelante la reunión en la que se terminó posponiendo la iniciativa, un grupo de repartidores montaron presencia en la puerta del anexo de la Cámara de Diputados, en pleno centro platense. Una vez confirmado que la iniciativa no tendría despacho de comisiones en lo inmediato y que seguiría su debate, el diputado Sotelo se acercó a hablar con los repartidores de las apps que mantenían la guardia sobre la avenida 53. “Por ahora pudimos frenarlo”, le decía a los repartidores que rodeaban al legislador. Se llevó un aplausos y algunas selfies.

En lo reglamentario, las comisiones volverán a reunirse. Aún no hay fecha definida para ese encuentro. La voluntad del oficialismo es tratar la iniciativa. Así lo hicieron saber distintos legisladores en el plenario de esta tarde; en la que algunos legisladores daban por descontado que Juntos acompañaría la iniciativa que llegaba del Senado y aprobada por unanimidad. “Como este proyecto venía votado por unanimidad en el Senado, pensé que acá Juntos iba a acompañar también, no sé qué pasó en el medio”, planteó el diputado del unibloque 17 de noviembre, Fabio Britos. Un diputado del PRO le aseguró a Infobae, que el si el texto iba al recinto no conseguía el número necesario para se tratado. “Con los liberales juntamos 46 votos en contra”, advirtió.

Para el peronismo es una situación compleja, toda vez que son los mismos trabajadores quiénes no quieren estar regulados. O al menos así lo manifestaron buena parte de quiénes este martes se hicieron presente en la puerta del edifico anexo de la Cámara baja bonaerense. Plantearon que no están sindicalizados ni quieren sindicalizarse.

Sin embargo, el Frente de Todos insistirá con la discusión de la norma. “Este registro avanza en una lógica interesante; en algún nivel de registración para los trabajadores que están absolutamente a la intemperie, más allá de lo salarial”, sostuvo el diputado oficialista Matías Molle durante el plenario; quién le pidió a la presidenta de la comisión de Trabajo, Soledad Alonso (FdT), entrar a un cuarto intermedio.

“Si hoy no se trata, se posterga su tratamiento, fijamos una nueva fecha y convocamos nuevamente a un plenario de las comisiones”, planteó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, Susana González (FdT).

“Quieren legislar sobre una nueva actividad con leyes de hace 50 años, es un delirio”, le dijo Sotelo a Infobae. Sotelo es uno de los representantes de Javier Milei en la Legislatura bonaerense.

Pese a haber acompañado en el Senado, ahora el PRO muestra resistencias al proyecto para darle un marco regulatorio a quiénes trabajan para empresas de deliverys. “Había un apuro inexplicable”, planteó el legislador Daniel Lipovetzki, que además dijo creer en el sistema bicameral y que no porque un proyecto se haya tratado en una Cámara “no se le pueda hacer una objeción en la otra Cámara; tenemos nuestro propio criterio”.

En la iniciativa se explica que “las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediaras (APP), tendrán la obligación de inscribir a sus trabajadoras y trabajadores. así como los vehículos utilizados a tal fin”.

Además, el ministerio de Trabajo bonaerense será la Autoridad de Aplicación de la regulación de esta actividad y en ese marco deberá: fijar las condiciones y requisitos de inscripción; identificar a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias de esta actividad e individualizar a los trabajadores/ras habilitados; controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva esta actividad; determinar las condiciones y plazos para la inscripción, así como las sanciones y responsabilidades que deriven de su incumplimiento; exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP), que denuncie la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la cual pertenecen sus trabajadoras y trabajadores; exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP), que denuncie el horario de conexión y desconexión que integran la jornada de las trabajadoras y trabajadores.

El gobierno de Axel Kicillof también es parte activa de esta discusión. En mayo del año pasado, a través del ministerio de Trabajo que en ese momento conducía Mara Ruiz Malec había realizado realizó un mega operativa de inspección con el fin de controlar la registración, condiciones laborales y de Seguridad y Salud de las y los trabajadores de plataformas digitales de delivery.

Se trató de un despliegue por los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, La Plata, La Matanza, Morón, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Campana, José C. Paz, San Miguel, Zarate, Pilar, Pinamar, Azul, Junín, Mar del Plata, Necochea, Tandil y Bahía Blanca. “El Estado debe estar protegiendo a los trabajadores frente a estas apps que a pesar de ser millonarias les niegan los derechos más básicos. Ser registrado es un cambio sustancial en las condiciones laborales y de vida de cada uno porque no es lo mismo tener obra social que no tenerla, saber que estás aportando a una caja para tu futura jubilación que no hacerlo”, decía la entonces funcionaria provincial, hoy con responsabilidades en AFIP.

Los primeros controles de este tipo datan del 2020 cuando en la ciudad de La Plata se realizó un primer relevamiento de 172 trabajadores y trabajadoras intimándose a las empresas a presentar la documentación laboral de los mismos, las cuales desconocieron la relación de dependencia.

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