La Justicia le ordenó al Gobierno brindar información sobre los millonarios giros del Potenciar Trabajo al Movimiento Evita

En una severa resolución, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal intimó a Victoria Tolosa Paz para que el ministerio de Desarrollo Social le informe, en un máximo de diez días, a dirigentes de la Coalición Cívica (CC), liderados por Elisa Carrió, sobre los millonarios “convenios de financiamiento celebrados por la Secretaría de Economía Social -a cargo de Emilio Pérsico- con cooperativas y asociaciones que forman parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA., una organización vinculada de manera directa al Movimiento Evita. La CC ya había denunciado que esa Federación había recibido, a través del programa Potenciar Trabajo, casi dos mil millones de pesos en subsidios y que la suma se duplica si se toma en cuenta al resto de las organizaciones vinculadas a Pérsico.

El funcionario es uno de los líder del Evita y fue directivo de esa Federación que en la actualidad es presidida por Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

La cartera de Tolosa Paz se niega de manera sistemática a brindar información sobre los multimillonarios contratos que firma con cooperativas, mutuales y asociaciones civiles. Por esa razón, en un duro párrafo los camaristas Luis Márquez, José Luis López Castiñeira y, María Claudia Caputi, le recuerdan a Tolosa paz que: “El derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos sobre las actividades de la Administración, y sobre los datos o documentos que ésta posee, constituye una exigencia elemental del Estado democrático de Derecho”.

Para conocer los detalles de cada uno de esos convenios, la manera en que se autorizaron, los trabajos que debían desarrollar y, entre otras cuestiones, si intervino o no el presidente del partido La Patria de los Comunes, el 19 de julio de 2022 Hernán Reyes, Héctor “Toty” Flores, Juan Manuel López, Fernanda Reyes y Maricel Etchecoin Moro presentaron ante la cartera social un pedido de acceso a la información pública tal cual lo establece la ley 27.275 que en el artículo 1 establece: “Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”.

A pesar de las normas vigentes, y como si se tratase de un secreto de estado, el Ministerio de Desarrollo Social se negó a brindar esa información. Por esa razón, los dirigentes de la Coalición Cívica presentaron un recurso de amparo el 5 de octubre de 2022 que recayó en el despacho del juez federal en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico.

El 24 de noviembre de ese mismo año, el Juzgado N° 6 falló a favor de los dirigentes de la CC y dio curso al amparo e Intimó a la cartera de Tolosa Paz a “que informe en un plazo de diez días” sobre cada uno de los convenios celebrados en el marco del programa Potenciar Trabajo con diferentes agrupaciones o cooperativas entre los años 2018 y 2022 vinculados a la organización social que integra el Frente de Todos.

Un días después, el 25 de noviembre, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación apeló la sentencia y el 28 de marzo la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Contencioso Administrativo Federal resolvió declarar desierto el recurso de apelación, a favor de los demandantes.

Los camaristas hicieron especial hincapié en que los abogados de la cartera más sensible -junto a la económica- que tiene el gobierno de Alberto Fernández, “no justificó” la razón por la cual se niega, de manera reiterada, a hacer pública la información que involucra convenios por $11.649.356.644 entregados a Unidades de Gestión No Gubernamentales.

De ese total, las cooperativas, mutuales y entidades vinculadas al Evita firmaron convenios celebrados con la propia secretaría que comanda Pérsico por $3.646.159.320, el 31,30% del total. Esto es unos 17.000.000 de dólares al cambio oficial.

De ese total, $1.664.632.400 fueron destinados a las asociaciones comunitarias que forman parte de la Federación de Cooperativas Evita LTDA, es decir el 14,29% de los convenios celebrados con las Unidades de Gestión no gubernamentales.

Los tres camaristas hicieron suya la contundente resolución del juez de primera instancia en favor de los amparistas y en contra del ministerio a cargo de Tolosa Paz.

Lo dicen con estas palabras: “El Sr. juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por los Sres. Hernán Reyes, Héctor Flores, María Fernanda Reyes, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Maricel Echecoin, contra el Estado Nacional, Ministerio de Desarrollo Social, a fin de que se le ordenara a la demandada que cumpliera con la información que fuera requerida el 19 de julio de 2022, sobre los distintos puntos referidos al Programa Potenciar Trabajo”.

En otro de los párrafos de la resolución, los magistrados recordaron que el juez Enrique Lavié Pico ordenó que, en consecuencia, la accionada debería cumplir con “brindar la totalidad de la información que le fuera solicitada por los aquí actores, dentro del término de diez días de notificada de esa Resolución (tal) lo dispuesto por los artículos 1°, 2, 4, 5 y 11 de la ley 27.275″ para después precisar: “El derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos sobre las actividades de la Administración, y sobre los datos o documentos que ésta poseía, constituía una exigencia elemental del Estado democrático de Derecho”.

Es más, en la nueva resolución en contra de Tolosa Paz los jueces Márquez; López Castiñeira, Caputi insisten, como ya lo había hecho la instancia inferior en que: “El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, un instrumento para la participación ciudadana, un elemento para garantizar otros derechos, una herramienta para mejorar la gestión pública (…)”. Más adelante le recuerdan a la ex diputada nacional que “el Estado debe en primer término abstenerse de obstaculizarlo directa o indirectamente mediante restricciones infundadas” y que “en segundo plano, el Estado deberá adoptar medidas positivas concretas que tiendan a afianzar y garantizar el libre acceso a la información pública”.

Desde la Coalición Cívica especulan que Victoria Tolosa Paz y Emilio Pérsico se nieguen a que terceros analicen los convenios y a través de esa información se establezca si los trabajos que debían realizar las Unidades de Gestión se cumplieron o se desviaron los recursos del Estado para otros fines, como electorales.

“Tolosa Paz nos tiene que dar la información, y no solo a nosotros, sino a todos los argentinos que queremos saber ¿a quién? ¿y cuantos millones de pesos fueron desde la secretaría de Economía Social que maneja Emilio Pérsico del ministerio a cargo de Tolosa Paz, y el Movimiento Evita”, le dice Hernán Reyes a este medio.

“La sentencia de la Cámara nos dio la razón, nunca debieron negarnos el acceso a los convenios, es documentación pública y corresponde que accedamos. Es un derecho que nos asiste como ciudadanos y un deber del Estado ser transparente con la forma en que utilizan recursos que son de todos”, afirma el legislador porteño.

-¿Cree que esta vez sí el ministerio de Desarrollo Social cumplirá con el mandato de la justicia?

-Tolosa Paz tiene diez días para darnos copia de los convenios. Van a tener que cumplir porque sino se verán con las consecuencias personales por el incumplimiento de una sentencia firme de la justicia”. La sentencia dejó en ridículo la posición del Ministerio de Desarrollo Social, era una causa perdida desde el principio. Tuvieron muchas oportunidades para cumplir con la ley y optaron siempre por no hacerlo, respondió Reyes.

-¿En quién recae la sentencia de los camaristas?, le preguntó este medio a Reyes.

-Sin ninguna duda sobre el Ministerio de Desarrollo Social directamente, ellos son los que deben cumplir y es Victoria Tolosa Paz la responsable de garantizar el cumplimiento.

De la documentación oficial a la que accedió Infobae, contenida en el expediente 2613/2022, a cargo del juzgado federal número 5 a cago de María Eugenia Capuchetti, en la que se investiga a Pérsico y a otros dirigentes del Movimiento Evita por presunta “asociación ilícita” -también denunciado por la Coalición Cívica, se desprende que cientos de millones de pesos a través de convenios firmados por Pérsico, fueron derivados a cooperativas del Evita asentadas en el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires. Es más, sus direcciones corresponden a la ciudad matancera de Isidro Casanova, localidad dónde vive Pérsico y su pareja, la diputada provincial Patricia “Colo” Cubría y candidata de La Patria de los Comunes para disputarle en unas supuestas elecciones PASO, la intendencia a Fernando Espinoza.

Algo similar sucede en Moreno, dónde buscará su reelección Mariel Fernández, otra de las destacadas dirigentes del Evita.

Una de las impulsoras de estas investigaciones -que llevan adelante dirigentes como Reyes- es Elisa Carrió, la líder de la CC. Fue ella quien solicitó que se mantuviera en reserva la denuncia por la presunta “asociación ilícita” que lidera Pérsico, y que se tramita en los tribunales de Comodoro Py, “para que la Justicia pueda investigar sin presiones”, pero al entender que la causa no se movió, se decidió hacerlo público.

Ahora la expectativa está centrada en si Desarrollo Social liberará la documentación sobre los millonarios convenios o no lo hace es Tolosa Paz se expone a ser denunciada por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y de posible “encubrimiento”.