Diputados aprobó la creación de juzgados y fiscalías en Santa Fe para frenar la escalada de violencia narco

La iniciativa tuvo 214 votos a favor de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, 0 votos en contra y 4 abstenciones del Frente de Izquierda.

El diputado camporista Marcos Cleri reclamó a la oposición por su oportunismo político y defendió la presencia del Estado para combatir al narcotráfico.

“Con la inseguridad no se especula, no hay que hacer turismo electoral, para que con el dolor de los que vivimos en Rosario alguno pueda caranchear una presencia en algún medio de comunicación”, dijo el santafesino.

Asimismo, recordó que el año pasado el oficialismo impulsó un proyecto para que todos los jueces y funcionarios judiciales paguen el impuesto a las Ganancias y que parte de esos fondos se destinen a educación, con el Progresar, y a un fondo especial para infraestructura y seguridad.

“Pero ahí no primó el partido del bien común, sino la defensa de un sector”, recriminó.

El diputado de Avanza Libertad planteó que la difícil situación que atraviesa la provincia de Santa Fe no está únicamente en la deficiente respuesta del sistema judicial, sino en las fuerzas de seguridad.

“Lo que está en el territorio es la policía, no la Justicia. No son los fiscales los que van a romperle la puerta a los narcos. Por eso es necesario una policía confiable. Podríamos nombrar 2000 fiscales e igualmente sería inutil”, detalló.

A su vez, destacó que el proyecto le costará a los contribuyentes $7.000 millones anuales pero sin mejorar “la materia prima” que genera la policía y luego utiliza la Justicia.

“Es necesario que a la par haya una policía judicial moralmente intachable y entrenada en inteligencia criminal”, continuó.

“Esta ley a todas luces va a ser ineficaz. Sin embargo, en todo caso, es mejor poco que nada, por lo que voy a apoyar esta ley”, concluyó.

El diputado del PRO apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por frenar “desde hace tres años la implementación del sistema acusatorio”. Según su visión, la demora en poner en marcha la comisión bicameral encargada de implementar el nuevo Código Procesal Penal solo “beneficia a los narcos”.

“Ahora que pasó lo del supermercado de la familia Messi, decidieron avanzar”, dijo Angelini.

Por otro lado, reclamó a los gobiernos provincial y nacional que implementen medidas de corto plazo como, por ejemplo, reestablecer la inteligencia penitenciaria, volver a los pabellones de presos de alto perfil, saturar las zonas calientes con fuerzas federales.

“No lo hacen porque priorizan los derechos de los delincuentes”, concluyó.

El Diputado Nacional del PRO Santa Fe, Gabriel Chumpitaz, celebró el acuerdo entre todos los bloques para la sanción del fortalecimiento de la justicia penal federal en su provincia pero alertó que no será suficiente. “Es un medida de mediano plazo que no alcanza para nada si no sitiamos a la ciudad de Rosario con fuerzas de seguridad federales, si no reformamos el Código Procesal Penal para terminar con la puerta giratoria, si no se construyen pabellones de alto perfil y, sobretodo, si no se termina con la concepción ideológica corrosiva de este gobierno que transforma a los criminales en víctimas”, aseguró.

El diputado oficialista de la provincia de Santa Fe caracterizó el proyecto como una “salto cualitativo” en la estructura para enfrentar los delitos vinculados con el narcotráfico.

En esa línea, señaló que en Santa Fe se tramitan el 20% de las causas de drogas de todo el país, al tiempo que la tasa de homicidios en Rosario cuadriplica la media nacional. El 80% de los asesinatos se relaciona con ajustes de cuentas entre bandas.

“Esto no va a estar en marcha mañana, pero es un gesto político importante. Estamos dando un paso importante para enfrentar la narcocriminalidad”, concluyó.

El jefe del bloque radical Mario Negri llamó a tratar sobre tablas un proyecto para dejar sin efecto por vía de derogación los Decretos de Necesidad y Urgencia 163/23 y 164/23, publicados en el Boletín Oficial del 23 de marzo, que ordenó a los organismos públicos la venta de los títulos públicos denominados en dólares recibiendo a cambio títulos públicos en pesos que serán emitidos por el Tesoro Nacional.

Dado que la medida incluye al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, la oposición denuncia que las inversiones del organismo serán pesificadas “comprometiendo gravemente el futuro de los jubilados y pensionados al quedar deteriorada la solidez de la inversión actual pasando de una moneda ‘fuerte’ a la moneda local en proceso de pérdida de valor constante frente a la moneda extranjera”.

“Están rascando el fondo de la olla. La pesificación del FGS es un manotazo ilegal de activos que pertenecen a los jubilados. No puede ser tolerado, es una medida inédita y defraudatoria”, dijo Negri.

Y agregó: “No sabemos adónde más van a ir. Estamos absortos. Hay 11 mil millones de dólares en el FGS de la ANSES. Y con las empresas y organismos públicos se llega a 30 mil millones de dólares. ¿A dónde van? ¿Dónde van a terminar? Paren, no se lleven todo por delante, menos el futuro de los jubilados”.

Finalmente, la votación -que requería dos cuartas partes de los votos- fue rechazada por la falta de acompañamiento del Frente de Todos.

El diputado del PRO, Gerardo Milman, reapareció tras meses fuera de la escena política a raíz de la acusación de Cristina Kirchner quien lo vinculó con su intento de asesinato. El hombre cercano a Patricia Bullrich también había sido apuntado por contrataciones irregulares en la Cámara de Diputados y el Ministerio de Seguridad.

La bancada del Frente de Todos incluso había pedido su expulsión de la Cámara por “inhabilidad moral”. La propia CFK, en un acto en Avellaneda, había sugerido que debía ser apartado meses atrás.  “¿Qué pasa cuando nos enteramos que el señor Milman tiene no sé cuántas señoritas a cargo?”, planteó. Y agregó: “No solamente eso: que siendo integrante de la Comisión de Seguridad tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad”.

El gobernador Omar Perotti asistirá a partir de las 13.30 a la Cámara de Diputados donde se tratará el proyecto para nombrar 50 fiscales y jueces federales.

Entre otras cosas, la iniciativa propone la creación de 27 puestos de fiscales (15 con asiento en Rosario), 9 cargos de defensores, 6 jueces con funciones de garantías, 6 jueces con funciones de revisión y 2 jueces con funciones de juicio y ejecución.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación del proyecto tendría un impacto fiscal de $7.500 millones.

La reunión de Labor Parlamentaria comenzó pasadas las 10.30. Desde el oficialismo estimaban que la sesión duraría al menos 9 horas pero podría extenderse por las cuestiones de privilegio, homenajes y pedidos de apartamiento del reglamento.