El sereno del campo de El Marquesado, un terreno de 140 hectáreas ubicado entre Miramar y Chapadmalal, dio su testimonio ante la Policía sobre cómo fue la llegada de militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera el dirigente Juan Grabois el sábado pasado. El hombre, identificado como L.B., declaró que le ofrecieron un millón y medio de pesos para que dejara su puesto de trabajo.
En su testimonio, al que tuvo acceso Infobae, el sereno explicó que es empleado de una fundación, denominada ”Justicia Social”, y que era el encargado de “cuidar y mantener” el campo ubicado en el kilómetro 551 de la ruta 11. Por esa labor, que hacía desde el 17 de enero de 2010, sin interrupciones; percibía un sueldo mensual.
De acuerdo a su versión, 20 días atrás de la llegada de los militantes del MTE se presentó en el terreno la abogada Gabriela Carpineti, la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
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“(Estaba) Acompañada por cinco personas más, entre ellos Santucho Marco (NdeR: dirigente del MTE)”, explicó el sereno sobre la visita de la abogada, y dijo que le referieron que “tenían la posesión del campo”, por lo que le ofrecieron que se quedara, y le ofrecieron una “percepción mayor” a la que cobraba.
El sueldo de L.B. pagado por la fundación “Justicia Social”, según indicó él mismo en su declaración, era de 30 mil pesos por mes. Y contó que la abogada y sus acompañantes le ofrecieron pagarle 80 mil pesos.
Diez días más tarde, el sereno recibió un llamado de Carpineti en el que le informaba que “no lo podían tener en el campo y que debía abandonar el lugar”, en base a la denuncia. A cambio, le ofreció pagar “por los animales y las mejoras en la casa”. L.B. explicó ante las autoridades que entonces llegaron a un “acuerdo conveniente”, pero la funcionaria no cumplió con su parte.
El sábado 25 de marzo, cerca de las 10, L.B. salió de su casa porque escuchó el sonido de una camioneta y encontró a unas 50 personas “haciendo una fogata dentro del campo”. En ese momento, la abogada se le acercó y le dijo que “tenía hasta el mediodía para abandonar el lugar”, detalló el hombre.
Luego, refirió ante las autoridades que habló “con Paco o Gabriel, quien es el actual presidente de la cooperativa de trabajo 15 de Enero” y contó que “le ofreció una solución por medio de una indemnización de $1.500.000″.
El sereno aseguró ante los policías de la Jefatura Departamental de El Marquesado que, luego de “llegar a una solución parcial”, abandonó la propiedad que ocupaba y le entregó el predio al presidente de la asociación civil “de manera voluntaria y conforme”.
Aclaró, al mismo tiempo, que llamó a Norma Corcione, presidenta de “Justicia Social” para la que trabajaba desde 2010. La mujer le dijo que no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Fuentes de la zona consultadas por este medio indicaron que el convenio que el Estado tenía con esa fundación para el cuidado del campo había llegado a su fin.
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El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, formalizó este lunes 27 de marzo una denuncia contra el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Eduardo Alfonso Albanes, y dos integrantes de la Asociación Civil “Tercer Tiempo”, que forma parte del MTE, por la cesión de un inmueble de 140 hectáreas en la ciudad balnearia con “argumentos falaces y arbitrarios”.
El escrito presentado ante la justicia federal denuncia a Albanese por ceder “en custodia” el predio a los dirigentes del MTE Marcos Santucho y Eliseo Núñez; y también apunta contra Carpineti, bajo un argumento que califica como falaz: el supuesto peligro de que las tierras sean intrusadas.
Montenegro advirtió que los denunciados del MTE mantienen un vínculo con el dirigente del Frente de Todos, Juan Grabois, y acusó al titular del AABE de usar su influencia para ceder terrenos de gran valor turístico a “amigos del poder”.
El hecho cobró notoriedad durante la mañana del sábado, cuando vecinos del barrio El Marquesado se manifestaron con preocupación al observar que unas 40 personas ingresaban al campo de 140 hectáreas en el Sur de Mar del Plata. Al notar el movimiento, advirtieron a la Intendencia, que llegó hasta el lugar y cuestionó la cesión.
Se trata de un inmueble que pertenece al Estado y, como tal, se encuentran bajo la tutela de la AABE. Está ubicado en el sitio conocido como Playa Escondida, entre Chapadmalal y Miramar. En la denuncia formalizada a primera hora del lunes, el propio Montenegro destacó que se trata de tierras particularmente valiosas por su ubicación y el potencial turístico en la zona.
La organización y el propio Grabois habían esgrimido que la ocupación de los terrenos ocurrió luego de un trámite legal, gestionado ante el AABE, para utilizar los campos con el objetivo de desarrollar una huerta agroecológica. Montenegro, sin embargo, consideró ese trámite nulo.
“Es falso que el inmueble esté en peligro de ser intrusado, sólo se pretende justificar la ilegal entrega”, se quejó el Intendente en la denuncia, e insistió: “Es falaz la alusión a un riesgo de intrusión que no se verifica ni se verificó”.
Luego de que el hecho tomara estado público, el propio Juan Grabois eligió sus redes sociales para anteponer una respuesta, en la que justificó el trámite iniciado por los dirigentes de la organización y los apoyó. “El objetivo es producir sin agroquímicos para que toda la zona de General Pueyrredón tenga alimentos sanos y baratos”, sostuvo.
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