La Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina, una agrupación fundada, entre otros, por el ex líder guerrillero de Montoneros Roberto Cirilo “Pelado” Perdía y Eduardo “El Negro” Soares, se hizo cargo de la defensa del referente mapuche Facundo Jones Huala, que permanece detenido en el penal federal de Esquel a la espera de lo que resuelva la Justicia sobre el pedido de extradición formulado por Chile.
En diciembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo condenó como autor del incendio de una finca a 6 años de cárcel y además le impuso otra condena de 3 años y un día de prisión por tenencia ilegal de armas.
El tribunal de juicio le computó a favor los 1.178 días de prisión preventiva que Huala cumplió en Argentina y Chile. Por eso, el 26 de junio de 2024 se agota la pena.
Facundo Jones Huala, que se identifica como lonco o lonko, -jefe guerrero- de la Lof de Resistencia en Cushamen, de Chubut, fue detenido por la Policía de Río Negro la madrugada del 30 de enero pasado, en estado de ebriedad y disfrazado de mujer en un domicilio del barrio Nueva Esperanza de El Bolsón. Estaba prófugo desde febrero de 2022. De inmediato la Justicia trasandina inició los trámites para solicitar su extradición.
La Corte de Apelaciones de Temuco le había otorgado el 21 de enero del 2022 la libertad condicional; pero el Ministerio Público Fiscal impugnó esa decisión y la Corte Suprema de Chile revocó el beneficio a mediados de febrero del 2022. Cuando los carabineros fueron a detenerlo al domicilio que había declarado en el expediente, el líder de la RAM -Resistencia Ancestral Mapuche- ya no estaba.
El 5 de marzo pasado el propio referente mapuche rechazó ser extraditado en la audiencia que mantuvo ante el juez federal Gustavo Villanueva. Sostuvo ser “un preso político” y que en ese caso no es procedente la extradición según las normas vigentes.
Días pasados, Eduardo Soares, quien ingresó a la organización guerrillera Montoneros en 1972 y Gustavo Franquet -también ex Montonero e integrante la ex organización piquetera Quebracho- sus flamantes abogados, fueron quienes entraron en acción y comenzaron a desplegar su estrategia defensiva: recusaron al juez a cargo de la extradición.
En primer lugar, sostuvieron que el magistrado “intervino en el pedido de extradición anterior y en tal carácter emitió opinión tanto en la etapa de instrucción como en la de juicio”. En el escrito de “inhibición” de cuatro fojas, sostuvieron que Villanueva, que subroga el juzgado federal de Bariloche, “emitió opinión sobre el fondo del asunto”.
También presentaron una lista de seis testigos, entre los que se encuentra Rafael Antonio Bielsa, el embajador argentino ante la República de Chile porque “participó, en tal carácter, de las audiencias en las que se discutió la libertad condicional del señor Jones Huala”.
La estrategia es “desarrollar una visión clara del conflicto entre el estado chileno y el pueblo mapuche habitante de ese país, haciendo hincapié en las respuestas jurídicas, punitivas y carcelarias que fue desarrollando el estado, para concluir con una apreciación del desarrollo y las particularidades del proceso que, tras la extradición desde Argentina, se llevó adelante contra el señor Jones Huala, el tratamiento carcelario que recibió y el desarrollo del proceso administrativo y judicial en el cual se abordó la concesión de su libertad condicional”.
Soares y Franquet sostienen que en el sistema carcelario chileno será torturado tal como ya lo denuncio Huala. “Nosotros decimos que una de las causales que trabaría la extradición es la tortura en el país requiriente. Si Facundo fuera extraditado a Chille es probable y lo vamos a probar con testigos y documentación que va a ser torturado”, enfatizó Soares después de solicitar el apartamiento del juez.
En los fundamentos para evitar la extradición, los letrados insisten en que: “La condena, la prisión subsecuente y la resolución de la solicitud de libertad condicional, todo ello responde a un conflicto social y político y a decisiones administrativas y judiciales de pleno contenido político; a que pretendemos demostrar que el Estado chileno en todo ese trayecto incumplió diversos derechos fundamentales consagrados para todas las personas y, particularmente, aquellos que protegen a las poblaciones indígenas; y a que ya el Señor Juez actuante -por Villanueva-, al dictar en su momento la extradición para que fuera juzgado, adelantó opinión sobre las condiciones con las que se encontraría el señor Jones Huala tras la misma, ya en Chile, entendemos que debería inhibirse de entender en este proceso”.
El juez federal, en el primer trámite de extradición, había ponderado el sistema carcelario y de justicia de Chile.
“Villanueva ya dijo que no iba a ser torturado, o sea ya opinó sobre eso, entonces es un juez que -con todo respeto- está contaminado”, argumentó Soares.
La recusación ya fue elevada a la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca quien deberá expedirse. La maniobra dilatoria pretende extender hacia adelante la fecha para una nueva audiencia de extradición y que las semanas o los meses sigan trascurriendo con el líder mapuche encarcelado en el país y no en Chile dónde, entiende su defensa, el sistema penal es mucho más duro que en la Argentina.
Soares y Franquet, al revisar el pedido de extradición del líder de la RAM -que también tiene una causa penal abierta en Esquel- descubrieron un error en la documentación de extradición enviada a la Argentina a través de la embajada de Chile en el país.
Al dar los datos personales del imputado, y argumentar que fue condenado “como autor de los delitos consumados de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego”, se sostiene que por esa razón se solicita la “extradición activa del ciudadano chileno Francisco Facundo Jones Huala” (ver facsímil). La documentación, membretada y sellada está fechada el 27 de febrero de 2023.
El error flagrante es que el detenido no es de nacionalidad chilena, sino argentino. Nació en Bariloche y pasó su infancia en el barrio 169 Viviendas, en la periferia de la ciudad, junto a su madre María Isabel Huala.
Los dos abogados del líder mapuche argumentaron que “el requerimiento de la documentación que envió el Estado de Chile nombra a Facundo, y dice nacionalidad chilena, con lo cual nosotros entendemos que es un error o que se subsane o que implica una nulidad porque no estamos hablando de la misma persona”.
Sus días en prisión
Francisco Facundo Jones Huala inició una huelga de hambre apenas fue detenido y la interrumpió el jueves pasado, 49 días después. Su estado de salud era tan inestable que se desmayó, su cabeza golpeó contra los barrotes y fue trasladado a la enfermería.
El incidente coincidió con la visita que le realizó al penal federal de Esquel de Nora Cortiñas, la destacada referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Sobre ese encuentro, Cortiñas contó que lo vio “muy deteriorado” de salud, explicó que había ingresado en la “fase dos” de la huelga de hambre es decir cuando se comienza a consumir su musculación y que le dijo: “Hijo, no podes seguir así”. También se mostró indignada “porque cuando lo encontraron -la policía rionegrina-, trataron de denigrarlo, en vez de conocer un poco más de lo que él había pasado”.
La visita de “Norita”, tal como la llaman en los organismos de derechos humanos, habría sido factor decisivo para que el líder de la RAM comience a ingerir alimentos.
“Pidió ayuda al Estado, pidió ayuda a su gente y nadie lo supo entender, él reconoce que se equivocó en algunas cosas. Todos en la vida podemos equivocarnos”, dijo ante los medios la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
La caída en desgrada de el “lonko weichafe” (jefe guerrero) hizo que gran parte de los integrantes de la Lof de Resistencia en Cushamen, de Chubut, dejaran de referenciarse en él y que casi no lo visiten a la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal. Solo su madre viajaba hasta allí para verlo. También ella fue la que dio el visto bueno para que el grupo de abogados vinculados a Montoneros se hagan cargo de defensa, no solo en la causa por la extradición a Chile, sino en el expediente que tiene abierta desde el 6 de marzo de 2018 en Esquel por “haber incitado públicamente a la violencia colectiva contra el gobierno nacional -entonces a cargo de Mauricio Macri- y la Gendarmería Nacional Argentina” a través de una entrevista periodística que brindó desde su lugar de detención -la primera- mientras también esperaba su primera extradición a Chile.
“La gente tiene que tomar conciencia de lo que está sucediendo en el sur y también en el país, no puede ser este mensaje tan mafioso, nosotros desde aquí vamos a seguir llamando a la rebelión, y esto solamente se puede revertir con violencia política desde abajo contra la violencia política de los de arriba, con la resistencia popular, con la resistencia de los oprimidos y con un estallido social, porque hay que echar a la mierda a estos fachos asquerosos, a esas mugres, a estos asesinos, a estos mafiosos de miércoles que están ahí en el poder, a Macri, a la Gendarmería y el gobierno sabían dónde estaba el cuerpo de Santiago (aldonado”, expresó entre otras frases inflamables.
La defensa de esa causa está en manos de María del Rosario Fernández, otra de las abogadas integrantes del la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina.
En diálogo con Infobae la letrada recordó que el fiscal de ese expediente, a través de la resolución fiscal número 17/2023 se solicitó el “sobreseimiento” de Huala, sin embargo la jueza federal subrogante, Eva Paricio de Seleme, declaró la “nulidad” del dictamen fiscal subrogante Federico Baquioni, y elevó su resolución para que sea convalidada o rechazada por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
La fiscalía había entendido que el expediente “no reúne el estándar adjetivo necesario para transitar la instancia de juicio oral y público En particular, las razones que condujeron a un estado de sospecha que habilitó la imputación, hoy lucen insuficientes y me habilitan a peticionar el sobreseimiento del imputado”.
Baquioni afirmó que: “El análisis global y contextual de las manifestaciones que se atribuyen como delictuales a Facundo Jones Huala me permite afirmar que las mismas están por fuera del riesgo jurídicamente desaprobado por los tipos penales que se le endilgaron”.
Así las cosas, Huala, el hombre acusado de protagonizar hechos de extrema violencia para usurpar tierras en la Patagonia y en Chile, al asegurar que ancestralmente le pertenecen a las comunidades mapuches que representa, espera una dilatada decisión judicial para terminar su condena en el país vecino. Un trámite que se demora y al que el propio líder mapuche calificó de inapropiado dado su carácter de “preso político”.
El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche ya había sido beneficiado por la justicia rionegrina. El juez federal Guillermo Otranto, en 2017, le dictó la falta de mérito por una toma de tierras y hasta había declarado que su primer arresto había sido ilegal y que no correspondía su extradición a Chile. Esa historia ya es antigua. La visión del magistrado fue revertida. Huala fue extraditado y ahora espera una nueva decisión judicial que lo puede conducir al país que ya no es gobernado por Sebastián Piñera, sino por el izquierdista Gabriel Boric, el mandatario que ordenó el despliegue de las fuerzas armadas a la zona de la Araucanía por la violencia mapuche en ese país.
Seguir leyendo: