Villa la Angostura: mapuches levantaron el bloqueo de una ruta pero exigieron ser indemnizados “por los daños sufridos”

Las familias que integran la comunidad mapuche Paicil Antriao, en Villa la Angostura, levantaron el campamento que bloqueaba desde enero la construcción de una ruta, luego de obtener el compromiso para finalizar el relevamiento territorial en la zona, aunque en la negociación exigieron ser indemnizadas “por todos los daños y perjuicios” que sufrieron.

Los manifestantes frenaron la ejecución de los trabajos durante dos meses, impidiendo el paso de los equipos viales y confrontando no sólo a la firma que construye la ruta sino también a los vecinos que se expresaron en contra de los reclamos.

Los mapuches obtuvieron el compromiso del gobierno neuquino para concluir ese relevamiento y otorgar las correspondientes carpetas técnicas y accedieron a levantar la medida de fuerza.

Sin embargo, entre las exigencias, plantearon que en un plazo de 20 días la comunidad deberá ser indemnizada “por los daños y perjuicios” que sufrió desde el inicio del conflicto.

El acuerdo se materializó en una audiencia de conciliación, que contó con la participación de la empresa constructora, los mapuches – de la comunidad y de otros organismos provinciales- y representantes del gobierno neuquino, cuya dilatada intervención podría haber descomprimido el conflicto varias semanas antes.

La comunidad mapuche – que mantiene varios frentes de conflicto con la comunidad angosturense – exigía al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que finalice con ese relevamiento territorial, con el objetivo de obtener el reconocimiento sobre su presencia ancestral en el lugar de conflicto.

Te puede interesar: Crece el malestar entre vecinos de Villa La Angostura por el bloqueo de los mapuches a una obra vial

Hasta obtener ese compromiso y rubricar el acuerdo, los mapuches frenaron los trabajos viales, intimidaron a los profesionales técnicos de la firma constructora e incluso protagonizaron cruces con los vecinos, que conformaron un grupo llamado Comunidad Angostura para “terminar con los atropellos de la comunidad”.

“Mas de 60 días de acampe finalizan hoy al establecerse un acuerdo entre el gobierno de Neuquén y el pueblo mapuche. Llegará el momento en que no harán falta medidas de fuerza para que se cumpla con la ley”, dijeron desde la comunidad.

El gobierno comunal, por su parte, se mantuvo al margen del conflicto y evitó dialogar con los vecinos que exigían su intervención para garantizar el avance de la obra. En el acuerdo rubricado este viernes, el mandatario comunal Fabio Stefani tampoco tuvo participación.

“No sólo queremos que se levante el bloqueo de la ruta. Notamos una llamativa connivencia entre el Ejecutivo local y los integrantes de la comunidad mapuche, que tiene varios negocios en la localidad aunque carece de habilitación, controles bromatológicos y otras exigencias que sí son comunes para los comerciantes convencionales”, habían denunciado los vecinos, en diálogo con Infobae.

El fiscal de Estado Raúl Gaitán, en representación del gobierno neuquino, fue quien expresó el compromiso de finalizar el relevamiento. La empresa constructora, por su parte, deberá entregar un plan de obra “que garantice el camino de acceso al cerro Belvedere, por ser camino de uso primordial comunitario”, de acuerdo a lo que consignó el diario Río Negro.

En simultáneo a la rúbrica de ese acuerdo, la misma comunidad mapuche fue acusada de usurpar otro terreno en el cerro Belvedere, cerca del sitio donde mantenían el bloqueo. La presentación la radicó una familia de Villa la Angostura que constató el avance de integrantes de esa comunidad sobre un predio privado.

Los presuntos usurpadores, incluso, habrían iniciado una construcción en ese espacio, cuyos propietarios presentaron el escrito. En la denuncia mencionaron que integrantes de la “pseudo comunidad mapuche” ingresaron al predio e iniciaron una construcción de material.

Sin embargo los dueños de las tierras exhibieron la documentación para acreditar la titularidad sobre las mismas desde 1969, mientras que los mapuches no pudieron documentar su presencia en ese sitio.

Finalmente, tras la intervención de funcionarios del Ministerio Público Fiscal, los mapuches debieron abandonar los trabajos y retirar parte de los equipos, debiendo acudir a las oficinas judiciales correspondientes donde se tramita el expediente por presunta usurpación.

Seguir leyendo: