Cristina Fernández de Kirchner volvió a encabezar un acto público, esta vez con acompañamiento internacional pero sin descuidar la consigna local: “Cristina presidente”. El discurso estuvo centrado otra vez en el frente judicial -fue el motivo de la convocatoria- y redondeó los ejes de la campaña del kirchnerismo, antes que electoral destinada al interior del oficialismo, para correr definitivamente a Alberto Fernández hacia los márgenes de la política. Jugada riesgosa, en un cuadro complejo, dominado por las inquietudes económicas. Casi en paralelo con la exposición de la ex presidente, eran difundidas las medidas que Economía formalizará hoy para tratar de contener el dólar y la trepada inflacionaria.
CFK habló en un encuentro rodeada de integrantes del Grupo de Puebla y con tribuna propia. La convocatoria decía todo: “Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”. La ex presidente escaló en el discurso habitual sobre el lawfare y describió un objetivo que busca darle color superador a la ofensiva sobre la cabeza del Poder Judicial como mensaje más amplio. “Recuperar el sistema judicial”, fue la síntesis, que tiene sello personal y escasa chance para su proyecto, como ocurre con el trámite de juicio político a la Corte Suprema.
El mensaje corre en simultáneo con el renovado intento de “operativo” para mantener la movida de la candidatura y sostener como objetivo discursivo la batalla contra la “proscripción”. A los desafíos hacia el interior del frente gobernante, se añade la disociación con los problemas que encabezan el listado de preocupaciones sociales, comenzando por la economía -inflación, en el primer renglón- y la inseguridad. Precisamente esos dos terrenos son alcanzados por el oleaje de las batallas domésticas.
El dato más novedoso, entre los que toman estado público, lo constituyó la áspera conversación sostenida por Sergio Massa y Alberto Fernández en el inicio de la semana. Según trascendió esta vez, el ministro se comunicó con el Presidente apenas pisó Buenos Aires, en regreso adelantado desde Panamá, entre otras razones para redondear el anuncio de intervención “administrativa” de Edesur y las nuevas medidas económicas.
Las versiones con ciertos detalles del contacto señalaron que se trató de una respuesta a jugadas en off que según el ministro partieron desde el círculo de Olivos. El trascendido sugiere algo más que un derrape comunicacional, como otros adjudicados a Antonio Aracre. El jefe de asesores de la Presidencia ya hizo varias exposiciones que sólo repercutieron en contra, desde sugerencias sobre una reforma laboral a desafíos de Olivos para las PASO. Esta vez, le atribuyen rumores sobre medidas para contener el dólar.
De todos modos, lo que importa es el hecho político que representa la circulación de la referida conversación, destemplada, y el escenario en que se produce. El registro inflacionario de febrero y las proyecciones para este mes, junto a los problemas para evitar el drenaje de reservas -que incluyen de manera repetida artillería sobre Miguel Pesce-, habrían generado este clima de nuevos recelos.
En ese contexto, quedan a la vista contradicciones que pueden explicarse únicamente por el cálculo político menor. La tensión en continuado y el internismo afectan negativamente la gestión económica en el difícil camino hacia las elecciones. Y las complicaciones en ese terreno, empezando por la escalada de precios y su efecto social, generan malestar, exponen tomas de distancia y retroalimentan la interna.
Este nuevo capítulo se anota precisamente en un clima doméstico de fisura creciente entre CFK y Alberto Fernández. Chocan las necesidades. La ex presidente da batalla por el control y el poder de decisión en la interna, antes de terminar de definir su propio lugar en las boletas electorales. Busca precipitar el desierto para Alberto Fernández, que sostiene la idea de la reelección y la competencia en las primarias en resguardo propio ante al deterioro y el largo cuarto año de gestión.
El malestar transmitido por el ministro a Olivos es una señal que puede traducirse como el reclamo de encapsular la economía frente a la batalla política en el interior del espacio gobernante. O al menos, de evitar que la complique. Hasta ahora -es decir, hasta la previa al último impacto por la magnitud de la inflación- eso venía siendo sostenido.
Massa dedicó las últimas horas a las nuevas medidas de freno al dólar, en línea con el objetivo de “estabilizar” el cuadro heredado de la última crisis, la del 2022. No es ese un señalamiento menor hacia la interna. CFK cuida su discurso, al poner el foco en los problemas económicos como desafío ineludible -desde la política de precios al planteo de revisión del acuerdo con el FMI- sin rozar al ministro. Dicho de otra forma: discutir el rumbo sin alterar el intento de contención actual. Los mensajes a Olivos son claros.
De todas maneras, el supuesto de evitar conflictos autoinfligidos en áreas sensibles es puesto en crisis a diario. La seguridad siempre estuvo en esa lista. Y las declaraciones de Aníbal Fernández recrean esos ruidos, con el agregado del papel del ministro como principal voz en la batalla pública con el kirchnerismo. Esa doble condición le agrega potencia especial a los cruces con el gobierno de Axel Kicillof. Supera, por la contraparte, las idas y vueltas de hace apenas un par de semanas con el santafesino Omar Perotti, con repercusión amplificada por la amenaza mafiosa a Lionel Messi.
La batalla mediática entre el ministro nacional y el gobernador bonaerense, que involucra además a media docena de intendencias, es realmente llamativa. Se trata del envío de gendarmes a puntos “calientes” del GBA y de La Plata. Por supuesto, nadie rechazaría una mayor presencia de fuerzas federales frente al actual nivel del delito -en especial, narcotráfico y robos violentos-, pero la discusión sería por el grado de planificación e información transmitidas, o no, a la Provincia y a los municipios involucrados.
Otra vez, la cuestión es potente en clave política. Los protagonistas son Aníbal Fernández, escudo destacado del reducido núcleo presidencial, y Kicillof, pieza fundamental para CFK. No parece ser fruto -nadie lo destaca así- de una evaluación vinculada a la operatividad. Es decir: no asoma como una estrategia de operaciones en el terreno ante la posible contaminación entre fuerzas locales y organizaciones de narcotráfico, sino como una nueva entrega del conflicto político.
Todo aparece atado a la mecánica de la interna, sin límites, a pesar de los resultados adversos y los costos autofabricados.
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