Juicio político a la Corte: el oficialismo citará como testigos a Jorge Lanata y otros periodistas

El diputado Rodolfo Tailhade pidió una ampliación de pruebas y también que sean citados como testigos los periodistas Jorge Lanata, Martín Granovsky, Luciana Bertoia e Irina Hauser dado que todos escribieron sobre el caso Muiña (2x1).

Desde el oficialismo explicaron a Infobae que el objetivo es que los periodistas “confirmen las versiones” sobre cómo se negoció a nivel político el fallo que plasmaron en sus artículos.

El secretario letrado de la Vocalía de Carlos Rosenkrantz, Federico Morgenstern, reveló durante su testimonio que mantuvo dos encuentros privados con la jueza Elena Highton de Nolasco para discutir la sentencia del caso Muiña (2x1).

Al ser consultado sobre lo que discutieron, el testigo se negó a contestar y argumentó que por ley tiene “el deber de guardar reserva y confidencialidad sobre las opiniones que se dieron en el transcurso de la deliberación”.

“Lo dispenso de ese deber”, dijo la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard. Inmediatamente los diputados de Juntos por el Cambio protestaron enérgicamente, señalando que Gaillard no tenía esa potestad.

En la misma línea, Federico Morgenstern contestó: “Usted no me puede dispensar porque yo tengo una obligación con mis superiores de la Corte”. En tono desafiante también le explicó que la comisión tenía dos opciones: pedirle a la Corte que le ordene hacer esa declaración o detenerlo por la fuerza pública.

“No hagás una de más. No te hagás el canchero. Bajate del caballo”, le reclamó el oficialista Marcelo Casaretto. “Ustedes tienen la obligación de respetar a los testigos”, replicó el testigo, en medio de gritos desde ambas bancas.

Por otro lado, el testigo afirmó que su “experiencia desmiente categóricamente la hipótesis” del oficialismo, es decir que la jueza Elena Highton de Nolasco votó en el fallo Muiña en el mismo sentido que Carlos Rosenkrantz como parte de un acuerdo político, del que también participó el gobierno de Mauricio Macri, a cambio de poder continuar en su cargo a pesar de haber cumplido 75 años.

Gladys Cuervo, quien trabajó en el Hospital Posadas y fue secuestrada y torturada durante la última dictadura militar, fue la primera testigo de la jornada. Su testimonio desató una acalorada discusión entre los diputados del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Tras relatar detalles de los tormentos que sufrió, la testigo dijo que, según su opinión, el fallo del 2x1 (causa Luis Muiña) buscó lograr “una amnistía encubierta”. Y agregó: “Hay un partido que vino a continuar la obra del partido judicial”.

Los comentarios desataron las críticas de la oposición. “¿Se refiere al partido de la autoamnistía militar, de los indultos y que se opuso a la CONADEP?”, preguntó con sarcasmo el diputado del PRO Fernando Iglesias, en referencia al peronismo.

Desde Juntos por el Cambio también apuntaron contra el diputado oficialista Rodolfo Tailhade por “revictimizar” a la testigo al preguntarle detalles sobre el período durante el que estuvo secuestrada. Por otro lado, insistieron en la improcedencia del testimonio en relación a las acusaciones por mal desempeño contra miembros de la Corte Suprema.

“Es lamentable que esta comisión de Juicio Político utilice los Derechos Humanos y víctimas del terrorismo de Estado para atacar a la Corte. Las vamos a escuchar con el respeto que merece su sufrimiento pero proponiendo que toda declaración no vinculada con el juicio sea desglosada del expediente”, publicó la diputada radical Carla Carrizo a través de las redes sociales.

“Aportar sobre el contexto de lo que pasó, con el respeto de las víctimas, no es revictimizar, es reconstruir memoria, y rememorar la valentía de quienes enfrentaron en tiempos oscuros”, contestó casi entre lágrimas la oficialista Susana Landriscini, que recordó que su hermano estuvo secuestrado junto con el padre de la testigo Zulema Chester porque también era médico del Hospital Posadas.

“Le podemos preguntar al diputado Moreau por qué votó a favor de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Y Moreau también votó a favor de la ley de 2x1″, chicaneó el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.

“La Comisión, lejos de realizar un juicio político, tal como lo habilita la Constitución Nacional —puesto que, en efecto, es una de las funciones que les asignó a los legisladores—, está llevando a cabo un “proceso penal paralelo”, produciendo prueba manifiestamente ilegal, violentando las reglas del debido proceso y, por ende, el Estado de Derecho. Así, no solo se está poniendo en riesgo la independencia del Poder Judicial —en este caso, mediante un arbitrario ataque a la Corte Suprema— sino, además, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de nuestro país”, señala la nota presentada antes las autoridades de la Cámara donde se enumeran todas las presuntas irregularidades denunciadas.

El ex ministro de Justicia, Germán Garavano, informó por nota en los días previos a la reunión que no podría asistir por estar de viaje en Córdoba por una actividad laboral. En ese sentido, el ex funcionario adjuntó copia de los pasajes y quedó “a disposición” para una eventual segunda citación.

Por su parte, el senador Torello elevó un escrito a la comisión en la que dijo que “la Cámara de Diputados carece de competencia” para citarlo por su “condición de Senador de la Nación”. Y agregó: “Por lo que hago saber a la señora presidente (Carolina Gaillard) que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular”.

“Su pretensión constituye un menoscabo a los fueros que protegen el ejercicio de la función legislativa que ejerzo y para la que fui votado por el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, agregó el legislador nacional del PRO. Además advirtió que de presentarse quedaría inhabilitado luego en su rol de juzgador si el tema llega al Senado.

En cuanto a Rodríguez Simón, se le había enviado una nota a Interpol para requerir los pasos a seguir para su presentación, pero la Policía Internacional respondió explicando que no lo puede detener porque aún no se resolvió su pedido de asilo político en Uruguay, que está a estudio de la Corte de ese país.

“Con fecha 17 de marzo, Interpol contestó con una nota que decía que sobre esta persona pesa una notificación roja por el delito de amenazas y extorsión. El nombrado fue localizado en Uruguay, país donde solicitó refugio. Las autoridades han rechazado esa condición en dos instancias, restando una. Por lo tanto, no puede ser detenido hasta tanto la Justicia de ese país resuelva su condición”, explicó Carolina Gaillard.

Finalmente, el exviceministro de Justicia Santiago Otamendi avisó que también estaría de viaje y no podría estar. Sin embargo, no brindó más detalles y no dejó en claro si concurriría en caso de ser citado nuevamente.

El ex ministro de Justicia de Juntos por el Cambio (JxC) Germán Garavano; el senador José Torello, exjefe de asesores de Presidencia; Fabián Rodríguez Simón, ex asesor judicial de Mauricio Macri; y el ex viceministro de Justicia Santiago Otamendi fueron citados a declarar hoy en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en el marco del proceso contra la Corte Suprema.

La citación es para que expongan por el fallo del “2x1″ en favor de represores condenados, dictado en 2017 por la Corte Suprema, una de las resoluciones por las cuales son acusados por mal desempeño los ministros del máximo tribunal.

La comisión que preside Gaillard (Frente de Todos) convocó, además, desde las 13, a Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación; Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz; y Gladys Cuervo y Zulema Chester, víctima e hija de una víctima de la dictadura en el Hospital Posadas, respectivamente.

Estos testimonios se darán en el marco del proceso que sustancia la comisión que analiza la conducta de los jueces de la Corte Horacio Rosatti (presidente), Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.