Alberto Fernández en Olivos y Sergio Massa en el Palacio de Hacienda -recién aterrizado de Panamá- anoche cruzaron mensajes por WhatsApp y llamadas por celular para analizar la decisión tomada por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra, entre otras autoridades monetarias del G7, destinada a permitir que los bancos privados alrededor del mundo tengan acceso a un flujo constante de dólares ante una eventual corrida global como consecuencia de las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank en Estados Unidos y la sorpresiva adquisición de Credit Suisse por UBS.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene escasas reservas y una crisis global puede causar un efecto dominó que implicaría profundizar la tendencia en la liquidación de activos en pesos para buscar protección en el dólar blue. El Banco Central tiene poco poder de fuego para aplacar la suba del dólar paralelo y ese incremento provocado por un hecho global se trasladaría inmediatamente a los precios de la canasta familiar.
Es decir: si la medida coordinada ayer por la Reserva Federal no funciona como un cortafuegos, el mercado local puede sufrir un alza abrupta del dólar y una caída vertical de las reservas, y a continuación habría un aumento indiscriminado de los productos de consumo masivo. En el actual estado de la economía domestica, este eventual escenario significa una mayor inflación y una debilidad consecuente del plan de estabilidad que se empuja desde el Palacio de Hacienda.
Alberto Fernández y Massa anoche analizaron estas hipótesis económicas-financieras y decidieron mover con cautela a la espera de la reacción de los mercados. El presidente y su ministro de Economía saben que la decisión liderada por la FED no es un hecho común y que su contenido tiene como finalidad principal que haya oferta de dólares frente a una eventual corrida en el sistema mundial.
Pero Argentina no tiene posibilidades de acceder al flujo de dólares que dispusieron las autoridades monetarias del G7, y tampoco puede proponer una acción coordinada con Brasil para blindar ambas economías ante una posible avalancha financiera que inicia en Estados Unidos y Europa y puede terminar barriendo a los países pobres y de medianos ingresos.
En este contexto, el Banco Central necesita que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe el desembolso de 5.400 millones de dólares atados a la revisión del cuarto trimestre de 2022. Pero la reunión del directorio del FMI se pasó para el 31 de marzo, y recién ese día se girarán las partidas desde Washington.
Tras una compleja negociación reservada, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, y el jefe de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur, lograron que Argentina postergue el pago de 2.700 millones de dólares que debía cumplir durante esta semana. Se pagará la deuda pendiente cuando lleguen los 5.400 millones de dólares vinculados al cumplimiento de las metas del último trimestre de 2022.
Es un alivio, en un escenario de incertidumbre mundial.
Mientras tanto, Alberto Fernández y Massa exploran variables ante el peligro que se cierne en el mercado financiero. Si ya es difícil acceder a un flujo constante de dólares, el dispositivo de rescate anunciado ayer por la FED complica aún más al plan de estabilidad.
Es poco probable que el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la CAF articulen un fondo contracíclico para sostener a países mediados o pobres, y pareciera que la única alternativa es solicitar la ayuda financiera de China. Una apuesta compleja si se considera que Xi Jinping se reunirá con Vladimir Putin en Moscú y que Argentina necesita de la influencia de Estados Unidos en el directorio del FMI para acceder a los desembolsos pactados en la última negociación.
No se descarta que hoy se realice un cónclave entre Alberto Fernández y Massa en Olivos para avanzar en el análisis de posibles medidas que tomarán en cuenta el impacto causado por el salvataje que anunció ayer la FED junta a las otras entidades monetarias del G7.
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