La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel ‘Kelly’ Olmos, calificó de “extorsión” la medida de fuerza que se realiza en unas 80 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país y advirtió que desde el Gobierno “vamos a actuar fuertemente” contra la empresa DOTA, al acusarla de “complicidad” con un sector opositor del sindicato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
La medida de fuerza comenzó a las 0 de este viernes y se extenderá por 12 horas, en reclamo de mejoras salariales y ante la “falta de respuestas” de la cartera laboral para el reconocimiento de las autoridades electas en distintas seccionales. Sin embargo, la ministra “Kelly” Olmos negó rotundamente que ese sea el motivo de la protesta. “Es falso. La representación gremial la tiene la UTA y no hay ninguna discusión salarial en marcha”, remarcó.
Olmos señaló que la acción gremial en curso “no es un paro” sino “un conflicto interno dentro del sindicato de la UTA” que tiene cierta venia de la empresa. El sector que protagoniza el reclamo pertenece a un agrupamiento opositor que está nucleado en la ‘Lista Azul Juan Manuel Palacio’, representada por los sindicalistas Miguel Bustinduy y Osvaldo Agrafogo. En esa interna, buscan disputarle la conducción al histórico secretario general del gremio, Roberto Fernández.
“No es un conflicto por un reclamo laboral, sino que es un grupo dentro de la UTA que no pudo ganar las elecciones internas y por eso hacen esta medida. En realidad, parece más que DOTA está haciendo un lockout patronal”, aseveró la ministra. “Están en la puerta del Ministerio reclamando que dejemos sin efecto una elección que se hizo con veedores, que tuvo definición y en la que ellos perdieron por más de 10 mil votos de diferencia”, agregó.
En ese contexto, la ministra de Trabajo advirtió que desde su cartera tomarán medidas contra la compañía: “Nosotros vamos a actuar fuertemente contra la empresa DOTA, que pretende digitar quien es su interlocutor gremial”. “Hemos puesto todas las herramientas desde el punto de vista legal en funcionamiento. Lamentablemente hay una capacidad de daño que quieren demostrar”, agregó en declaraciones a radio La Red y Radio 10.
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La funcionaria informó que desde la cartera laboral se ha enviado a inspectores fiscalizadores y que también desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se tomarán medidas. “He estado conversando con el ministro de Transporte (Diego Giuliano) anoche frente al conocimiento de esta situación y ellos también van a mandar las inspecciones (para aplicar) las multas. Esto es estrictamente ilegal”, indicó.
Acerca de una posible quita de concesión de las líneas a cargo de la empresa, Kelly Olmos aclaró: “Pediría que esa consulta se hiciera en el Ministerio de Transporte. Trabajo no lo puede hacer. Pero la CNRT puede llegar en el caso extremo de tomar una decisión así”. Mientras tanto, la titular de la cartera laboral remarcó que hay una mesa de trabajo abierta en el ámbito de su jurisdicción para encauzar el conflicto con el sector disidente del gremio: “El secretario de Trabajo, que es Marcelo Bellotti, recibió personalmente y conversó con estos trabajadores. Siempre que piden hablar se los atiende”.
En la provincia de Buenos Aires también se definieron medidas contra el grupo empresario. El ministerio de Transporte bonaerense hizo “responsable a la empresa” por la huelga e informó que “no sólo va a descontar las compensaciones correspondientes sino que se están evaluando otras penalidades por la falta de servicio que afecta a vecinas y vecinos”. Las multas alcanzarán los $43.010 por cada servicio que no funcione, informaron a este medio fuentes gubernamentales.
Las líneas principales afectadas por la huelga movilizan a unas 15 millones de personas al mes, y todas pertenecen al grupo empresario señalado. Se trata de la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 106, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188 y, en el ámbito provincial, la 256, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 540 y 543.
Según el sector disidente, la lista de Miguel Bustinduy y Osvaldo Agrafogo se impuso en las elecciones gremiales de cinco seccionales del país -Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán-, y que “a pesar de que la Justicia lo viene ordenando desde hace más de dos meses”, la conducción de la UTA “no quiere ponerlos en posesión y se vale para ello de la pasividad de un Ministerio que no funciona”.
En respuesta a la protesta, el Consejo Directivo Nacional de la UTA anunció que “no ha dispuesto paro, ni medida de acción gremial alguna” y calificó como “lamentable que un pequeño grupo de personas, identificadas con la lista que perdió las elecciones, pretenda la utilización de los trabajadores, teniendo a los usuarios de rehenes de sus intereses”.
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