Rosario narco: el Gobierno hace un balance positivo del envío de fuerzas, pero se mantiene la tensión con Santa Fe

“Hay que esperar. No hay que aventurarse. El delincuente hace inteligencia y cambia de fisonomía. Tenemos que estar atentos. Cualquier hecho que se produzca nos va a patear el tablero. Hay que seguir trabajando en la línea que lo estamos haciendo”. La definición realizada a Infobae corresponde a Claudio Brilloni, ministro de Seguridad de Santa Fe, la provincia donde el narcotráfico golpeó con fuerza y sembró el terror.

Una semana después de que se inicie un nuevo operativo de seguridad en Rosario y que desembarquen 400 gendarmes para tomar control del territorio, en la provincia y en la principal ciudad del distrito lo que reina es la cautela. Hay moderación respecto al resultado del nuevo plan de acción, pero cierta tranquilidad porque se está llevando a cabo.

En los últimos siete días hubo una reducción marcada de los asesinatos vinculados al mundo narco. En Rosario no hubo muertos como consecuencia de vendettas o ataques criminales. Fallecieron dos personas que estaban internadas en el Hospital Clemente Álvarez y que habían sido atacadas en los últimos meses. Pero no hubo un muerto por día, promedio trágico que azotaba la realidad rosarina.

A veinte minutos del centro de la ciudad sí hubo muertos. Fueron tres en Villa Gobernador Gálvez, que es parte del departamento Rosario. Todas tuvieron relación con ajustes de cuentas por venta de droga. En lo que va del año, en suelo rosarino asesinaron a 71 personas. En la última semana, con el conflicto en el centro de la agenda nacional, hubo una baja concreta de los homicidios. Es la buena noticia que tienen todos los gobiernos involucrados en el operativo.

En el gobierno nacional hay una valoración positiva del despliegue de recursos que se hizo y de la integralidad de las medidas, además de la coordinación y el diálogo entre la Casa Rosada, el gobierno de Omar Perotti en Santa Fe y el de Pablo Javkin en Rosario. Ese triangulo que ahora parece estar más aceitado, no funcionó durante los primeros tres años de gestión de Alberto Fernández.

Esa falta de funcionamiento y la tardanza en que el problema tome relevancia en la agenda del Gobierno tensaron y desgataron la relación entre el Presidente y el gobernador santafesino, que no se hablan desde que el conflicto narco tuvo su pico más alto en Rosario la semana pasada, y el gobierno nacional se vio obligado a darle prioridad en forma inmediata.

El pacto tácito de paz al que arribaron entre la Nación y la provincia para abordar el conflicto no tapa el malestar que sigue existiendo en el gobierno de Perotti por la tardanza en abordar el problema y por algunas declaraciones que cayeron mal, como la de la Portavoz, Gabriela Cerruti, en la conferencia de la semana pasada, cuando aseguró: “Los presos no tienen celulares. Los presos tienen acceso a poder hablar por teléfono porque es un derecho”.

“Tienen que dejar de decir estupideces los que dicen que no hay celulares ni señal de teléfono en las cárceles. Te armaron la compra de un helicóptero desde adentro de la cárcel”, expresaron, en el gobierno santafesino, con una fuerte carga de ironía, respecto a la frustrada fuga del narco Esteban Lindor Alvarado del penal de Ezeiza.

En la provincia no se olvidan de la cantidad de veces que Omar Perotti le pidió al Presidente que se ocupe del tema. Por eso aún se muestran susceptibles a las expresiones que salen del corazón del Gobierno, como las expuestas por la Portavoz. “Los fiscales seguían los diálogos a través de escuchas. Hay evidencia concreta de comunicaciones de las cárceles de Rawson, Marcos Paz y Ezeiza”, destacaron.

En la Casa Rosada desmienten que los narcos presos puedan hablar con normalidad desde la cárcel y aseguran que no hay señal para que se puedan comunicar. “Tenemos un informe del ENACOM que, por ejemplo, dentro de Marcos Paz no hay 4 o 3 G. Solo hay 2 G afuera de la cárcel. No pueden hablar por celular ahí. Lo que no quiere decir que tengan otra forma de comunicarse”, indicaron.

Así como Perotti acentúo la tirantez de su relación con Alberto Fernández, también logró restablecer el vinculo con el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, con el que estaba enfrentado por la interna política en Santa Fe. El “Chivo” destaca los gestos de acercamiento y buena voluntad que tuvo Perotti cuando asumió en el Gabinete, mientras que el gobernador resalta el rol que tuvo el funcionario frente al desmadre del conflicto narco en Rosario.

En lo que respecta al operativo, en Balcarce 50 resaltan que “las fuerzas federales estarán el tiempo que haga falta” y que “seguramente habrá medidas con el tema penitenciario”, aunque no aclararon cuáles serán y cuándo llegarán. Saben que el control de los narcos en los penales de máxima seguridad es uno de los puntos más sensibles de este nuevo operativo para desarticular el crimen organizado. Desde allí salen las órdenes centrales para la distribución de droga, ajustes de cuentas, amenazas y negocios de lavado.

El Servicio Penitenciario está bajo la órbita del Ministerio de Justicia que conduce Martín Soria. Esa área es la más sensible para Santa Fe y Rosario porque aseguran que es una de las raíces del problema que no ha sido atacada en su debida forma. Tal es así que en la provincia ya tomaron medidas para poder impedir la comunicación de los presidiarios.

“Adquirimos inhibidores de señal que en menos de dos meses podrían estar activos. Son importados. De esa forma la única comunicación posible que tendrán los presos será a través de las cabinas que hay en las cárceles, que son monitoreadas, pero no están intervenidas”, indicó el ministro de Seguridad de Santa Fe. El primer lugar donde se implementará será la cárcel de Piñeiro.

En la provincia rescatan que actualmente existe un trabajo coordinado con la Nación y Rosario, pero no dejan de enviar facturas por la tardanza en enfrentar el conflicto narco. “No se tomaba el tema hasta que en un momento se instaló. A nivel nacional se negaba la situación y la necesidad de llevar fuerzas a la provincia”, resaltan. Los diferencias en la relación política no desaparecieron.

El martes 28 de marzo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, viajará a Rosario para anunciar la instalación de una nueva delegación de la Policía Federal y la implementación de un analizador balístico, que fue importado, y de un nuevo sistema para abrir los teléfonos celulares. Todo, según definen en el área de Seguridad, es material de “última generación”.

El analizador balístico puede detectar una huella del arma utilizada que queda en el casquillo y en el plomo de la munición. El resultado de ese examen puede permitirle a las fuerzas de seguridad cotejar esas huellas con las de otras balas recogidas en otros hechos delictivos y hacer una comparación. De esa forma, podría determinarse si ambas fueron disparadas por la misma arma de fuego.

La semana que viene llegarán a Rosario técnicos para capacitar al personal y antes de que se cierre el mes estará en funcionamiento. No es la única que está en Argentina, pero resulta ser un refuerzo tecnológico importante para el operativo de seguridad instalado en el epicentro narco del país.

Además, se va a empezar a utilizar un sistema para abrir con mayor facilidad los celulares para quense pueda analizar su contenido y se reforzará el bloque de policías federales que están en Rosario. Habrá más efectivos de calle y de inteligencia.

Respecto a los ingenieros civiles que son parte del Ejército argentino, ayer estuvieron recorriendo los barrios más complejos de Rosario junto a funcionarios del ministerio de Desarrollo Social. En los próximos días decidirán sobre sectores avanzar con las obras. El ministro de Seguridad no está de acuerdo en que estén, pero es una decisión tomada desde la Casa Rosada que debe acatar.

Hace ya dos martes que en Rosario se reúne el Comando Conjunto que incluye a las fuerzas federales, la policía provincial y el gobierno rosarino. La mesa está articulada por el Jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad y hombre de máxima confianza de Aníbal Fernández, Lucas Gancerain, que está a cargo de la coordinación entre los distintos actores.

En paralelo funciona una mesa donde están sentados los representantes de todos las fuerzas de seguridad federales que trabajan en conjunto con las de Santa Fe. En la provincia hay 3800 gendarmes y se estima que son 1400 los que están concentrados en Rosario. Sin embargo, en la cartera de Seguridad son reacios a realizar la cuenta de cuántos efectivos hay en la ciudad que tiene el foco de conflicto narco.

“El problema en Rosario no es solo la ciudad, sino también las vías de acceso, los alrededores, las rutas nacionales. No es todo tan lineal”, resaltan cerca de Aníbal Fernández. En ese sentido, ejemplificaron que el operativo para frenar la fuga de Alvarado, detenido en Ezeiza pero con su base de poder narco en Rosario, fue integrado por efectivos que estaban distribuidos en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. “Es un abordaje integral, no está todo concentrado en Rosario”, resaltaron.

En el gobierno de Pablo Javkin, al igual que en la provincia, son cautelosos con el avance del operativo de seguridad. Notan que hay una mayor esperanza en los barrios más calientes como son Las Flores, Ludueña, Empalme Granero, Industrial, Tablada Larrea, Villa Banana y Triangulo moderno, pero se aferran a la teoría del “paso a paso”. No hay ninguna batalla ganada. “Es todo muy incipiente. Hay que ver como se desarrolla. Acá todo se mide cada 48 horas”, aseguraron. La paz nunca es estable en Rosario.

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