La Cámara Nacional Electoral encabezó ayer la primera reunión del año con los partidos políticos de cara a las elecciones de este año. En el encuentro se abordaron varios puntos pero el tribunal puso el foco en el financiamiento de las campañas y alertó a los partidos que habrá un mayor control sobre los fondos para los comicios provinciales, principalmente de los ilícitos que provengan del narcotráfico, entre otros delitos.
La tarea no es sencilla y requiere de una arquitectura especial. Es porque la gran mayoría de las provincias del país no tienen leyes que regulen la rendición de cuentas de las campañas como sí ocurre a nivel nacional. Pero la Cámara señaló que a través de los balances de los partidos nacionales buscará controlar los fondos provinciales. “Quisimos dar un mensaje de que este es un problema integral que involucra a todos más allá de las autonomías provinciales y de cómo se organizar las elecciones”, le dijo a Infobae una fuente que participó de la reunión.
Los jueces de la Cámara Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía -el tercer integrante Daniel Bejas está de licencia- y los secretarios del tribunal Hernán Goncalves Figueiredo y Sebastián Schimmel encabezaron la primera reunión del año del Consejo Consultivo de Partidos Políticos. Es un espacio en el que los años de elecciones la Cámara se reúne con los apoderados de los partidos políticos nacionales (los que están habilitados a presentar candidatos a presidente de la Nación) para informales sobre el proceso electoral. los cronogramas y que puedan hacer consultas. Ayer se presentaron representantes de 30 partidos.
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En el encuentro se habló de las fechas de los debates presidenciales -serán el 1 y 8 de octubre aunque falta su oficialización- y sobre la entrega de los padrones de electores, entre otros temas. Uno de ellos es que el tribunal le alertó a los partidos que habrá un mayor control sobre el dinero que reciban, y utilicen, para las campañas en los cargos provinciales.
La Cámara tiene un cuerpo de auditores que analiza los balances que para cada elección presentan las agrupaciones. Pero solo puede hacerlo para los gastos de las categorías nacionales, como presidente, diputado y senador. Así se lo permite la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos.
Pero no tiene facultad para auditar las cuentas de las campañas ya que eso corresponde a cada jurisdicción. Pero en todo el país son pocas las provincias que tienen normas para controlar los fondos de campaña. Sí la poseen la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Salta. Pero en las restantes, o no hay, o son regulaciones muy laxas.
Ante esa situación, la Cámara señaló que, para la elección 2023, buscará un mayor control. Lo hará a través de los balances que los partidos políticos nacionales presenten y den cuenta de aportes a sus filiales provinciales. Esa es la llave para entrar.
En esa línea, el juez Dalla Vía habló del financiamiento del narcotráfico en las campañas. Pero también de cualquier tipo de aporte de fondos provenientes de ilícitos o que no se puedan justificar.
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La falta de leyes similares en todo el país presenta dificultades para el control. Una fuente periodística ponía un ejemplo: “Es muy común ver, en un distrito, carteles con la foto de un candidato a presidente con el candidato a intendente. Cuando le preguntás al partido nacional, por los gastos de esa foto, te responden que eran fondos de la campaña del intendente y ahí ya no podes entrar a controlar”.
La mirada fue puesta en las campañas provinciales, no solo por la falta de controles, sino porque el financiamiento de bandas criminales es mas proclive a los cargos locales. “Al narcotráfico le interesa más darle fondos a un intendente, que le pueda controlar a la policía en las rutas, que a un provincia”, graficó otra de las personas consultadas.
En las auditorías que realiza la Cámara sobre los partidos políticos suelen encontrar gastos injustificados. Pero es muy difícil llegar a cómo se financiaron. Lo que en esos casos ocurre es que la agrupación política es sancionada con la partida de fondos oficiales o la desaprobación del balance. Pero no es casos comprobados de que el dinero haya sido entregado por el narcotráfico o de otra fuente ilegal.
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La Cámara recordó en la reunión que está vigente la acordada n° 85, dictada en 2014, en la que habló sobre este tema. “La experiencia nacional y el derecho comparado muestran distintas modalidades de financiamiento ilegal -especialmente en las campañas electorales- por medio del fraccionamiento de recursos simulando donaciones de varias personas y el uso de cuentas paralelas, que no figuran en los registros contables de la campaña, y cuyo titular no es la agrupación política respectiva”, había dicho el tribunal.
Además, el tribunal completó que otros recursos para “la malversación de recursos de la campaña es el reemplazo de aportes lícitos por otros de ilícita procedencia así como la financiación con dineros provenientes del extranjero y de origen criminal”.
Ninguno de los representantes de los partidos políticos nacionales hizo comentarios sobre el tema. A lo largo del año habrá más reuniones de la Cámara con los apoderados.
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