La historia secreta detrás de la destitución de Cecilia Goyeneche, la fiscal anticorrupción de Entre Ríos

Hace casi un año, el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos determinó que Cecilia Goyeneche había incumplido con el principio de objetividad que se le exigía como integrante de la Fiscalía y decidió separarla de su cargo.

El elemento principal que se esgrimió en su contra fue la relación que ella y su esposo, el contador Sebastián Orlando Bertozzi, tenían con Pedro Opromolla, uno de los principales imputados en la causa “Contratos” que investiga el desvío de fondos de la Legislatura para financiar la política.

Goyeneche llegó a negar en una audiencia ante la jueza de Garantías Carolina Castagno la existencia del vínculo. “Falso su señoría”, dijo en diciembre de 2018 cuando las defensas la quisieron recusar por esta situación. Pero la relación, como quedó demostrado más tarde, existía. Su frase pasó entonces a formar parte del anecdotario judicial de Entre Ríos.

La ex fiscal llegó a tener dos propiedades en codominio con el contador Opromolla. Eran departamentos construidos mediante un sistema de fideicomisos que Orlando Bertozzi manejaba.

El primero de los bienes había sido vendido, pero la transferencia no se había registrado. El segundo estaba en alquiler. El pago se dividía en partes iguales entre Goyeneche y Opromolla. Los inquilinos cancelaban la renta todos los meses en el estudio de Opromolla, el mismo que fue allanado en el marco de “Contratos” y donde se encontró la documentación que permitió descubrir el desfalco a las arcas del Estado.

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Dentro de las casualidades que tiene esta historia, cuando la Justicia y la Policía realizaron el procedimiento en el estudio contable, Opromolla no estaba. Tampoco se le secuestró luego el celular como sí se hizo con el resto de los imputados. El contador, además, no tuvo que padecer la prisión preventiva que se dictó para un grupo de acusados.

Con la investigación avanzada, Goyeneche intentó despegarse de Opromolla. Transfirió a título gratuito a una sobrina su parte en el departamento en común con el acusado. Cortó la relación personal que tenían, que había llevado a que compartieran vacaciones familiares y a que 15 días antes de que explotara la causa “Contratos” haya sido Opromolla quien certificara los ingresos de Goyeneche y Orlando Bertozzi para que pudieran adquirir un auto de alta gama.

La jueza Castagno y el Ministerio Público Fiscal rechazaron en un primer momento el apartamiento de Goyeneche del expediente. Pero en los primeros meses de 2019, cuando se produjeron los embargos preventivos, la situación se hizo insostenible: la fiscal que encabezaba la investigación había quedado embargada por un inmueble que compartía con uno de los imputados.

Recién entonces el Procurador General Jorge García, principal promotor de Goyeneche como su sucesora al frente del Ministerio Fiscal, decidió correrla del caso.

A mediados de 2021, la Fiscalía cerró la investigación de la causa “Contratos” y pidió la elevación a juicio. En el escrito acusatorio sólo se apuntaba contra funcionarios de tercera línea y administrativos.

Pese a que el escándalo supuestamente salpicaba a toda la política, no hubo ni diputados, ni senadores, ni presidentes de las cámaras sindicados como responsables del ilícito cuyo perjuicio al Estado —según un peritaje del Superior Tribunal— asciende a 373 millones de pesos. Ese es el monto que la Fiscalía de Estado reclama ante la Justicia Civil.

Recién cuando se cerró la investigación y se sustanció que no habría ningún acusado de primera línea, dos abogados radicales, Guillermo Mulet y Rubén Paglioto, denunciaron a Goyeneche ante el Jury. Incluyeron en su presentación lo ocurrido con Opromolla.

Fue este último elemento en el que se basó el Jury para promover su destitución.

La fiscal reaccionó acusando a todo el arco político justicialista como responsable de un ataque a su persona como respuesta a las investigaciones contra la corrupción. Metió en la misma bolsa al ex gobernador Sergio Urribarri y al actual mandatario Gustavo Bordet. Pero lo cierto es que llevaba dos años apartada de la investigación y por decisión de su superior, no de la política.

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Goyeneche intentó también anular el proceso haciendo hincapié en una decisión polémica que tomó el Jury: correr de la acusación al Procurador García y a todo el Ministerio Público Fiscal, considerando que no podían actuar con objetividad si quien estaba en el banquillo era la número dos del organismo. Por eso nombró a un fiscal ad hoc que surgió de la lista de conjueces, abogados que reemplazan a integrantes del Superior Tribunal cuando son recusados.

La determinación del Jury contradice el texto constitucional y, en los pasillos de Tribunales, se entiende que es uno de los elementos a favor que podría tener la Corte Suprema cuando le llegue el recurso extraordinario que presentará Goyeneche. Es que podría tratarse de una violación a la garantía del debido proceso.

Pero también se sopesa que la tradición de la Corte Suprema es no inmiscuirse en este tipo de causas, ya que se las considera como de derecho público provincial y no susceptibles de ser analizadas por el órgano judicial federal.

Pero aunque la Corte la restituya, Goyeneche nunca podrá volver a ser fiscal anticorrupción, una responsabilidad que se le había dado ante la ausencia de esa figura creada por la Constitución provincial de 2008.

En 2022, la Legislatura entrerriana sancionó una ley reglamentando el instituto. Allí se establece que no habrá posibilidad de colocar subrogantes o transitorios en el cargo. Quien vaya a ese puesto deberá ser quien pase por el concurso, que ya está en marcha en el Consejo de la Magistratura entrerriano, obtenga la nominación del Ejecutivo y el acuerdo del Senado.

En el mejor de los escenarios, la ahora ex fiscal tan solo podrá aspirar a volver al Ministerio Público como Procuradora Adjunta, cargo que ganó en un concurso.

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