Violencia en Rosario: el Ejército ya participó en la urbanización de otros barrios, pero nunca en una zona disputada por clanes narcos

Los barrios populares de la violenta ciudad de Rosario no son el primer destino al que el Gobierno envía al Ejército para urbanizar las zonas dónde vive la población más postergada. Sí es inédita la tarea encomendada a los militares porque se implementa en una zona en la cual los clanes narcos ganaron las calles ante la falta de políticas de seguridad disuasivas; de prevención a las adicciones; de persecución al narcotráfico, en la cual la presencia del Estado parece estar ausente.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana se preocupó por aclarar que los integrantes de la Dirección General de Ingenieros e Infraestructura -cuyo número aún no fue definido- irán desarmados; que la seguridad la deberán brindar las Fuerzas Federales y la policía de Santa Fe; y expuso que, para que la operación sea exitosa, la intervención debería ser “integradora”; es decir, el Ejército estará acompañado por otras agencias del Estado, como los ministerios de Desarrollo Social y Salud. En resumen, la idea es replicar los operativos socio - sanitarios que todos los años realiza, por ejemplo, la Armada Argentina. “El objetivo es mejorar las condiciones de vida de los habitantes (de Rosario)”, definió Taiana.

Las calles y los barrios a asfaltar -según pudo reconstruir Infobae- aún no fueron determinados. Será la municipalidad rosarina, a cargo de Pablo Lautaro Javkin, la que fijará las prioridades. En base a eso, se establecerá el número de efectivos que llegarán al lugar y el equipo a utilizar.

El destino anterior del Comando de Ingenieros fue la mega toma de Los Hornos, la mayor usurpación de la provincia de Buenos Aires que. a través de un acuerdo entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández, decidieron incluir en el Registro Nacional de Barrios Populares y urbanizar el sector del predio de 160 hectáreas, que no se encuentra en zona inundable.

La Municipalidad de La Plata, a cargo de Julio Garro (Juntos por el Cambio), se mostró en desacuerdo y no formó parte del convenio que firmaron Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, el ministro de Defensa Jorge Taiana y el Director de Ingenieros e Infraestructura del Ejército Argentino, General de Brigada Gustavo Alejandro Garcés Luzuriaga. Del acto, realizado en la misma toma, participó también el Teniente General Guillermo Olegario Gonzalo Pereda.

Garro presentó ante la justicia platense una denuncia para desalojar el lugar, que fue ocupado por unas 3.000 personas que plantaron precarias viviendas en terrenos federales dónde había funcionado el Club Planeadores de Los Hornos. El fallo resultó adverso y se dio vía libre para la urbanización del lugar. Las tareas comenzaron en septiembre de 2022 y, tal como informo este medio, aún siguen en desarrollo.

Fue por orden expresa de Alberto Fernández que los militares fueron convocados para iniciar “las gestiones con la Municipalidad de Rosario“, con el objetivo de que “el Ejército Argentino, a través de la Dirección General de Ingenieros e Infraestructura, participe en la realización de tareas de urbanización y apertura de calles en barrios populares”, según palabras del ministro de Defensa.

Esta es la primera vez que Fernández decide recurrir a las Fuerzas Armadas en un territorio en que las bandas narcos se disputan a balazos el territorio. Desde la Casa Rosada remarcan una y otra vez que los soldados y oficiales no portarán armas y realizarán tareas no policiales.

La ley 24.059 de Seguridad Interior es muy clara al respecto. La represión de los delitos, según lo dispone su artículo 19, queda en manos de “la Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina”.

Sí habilita al ministerio de Defensa -en su artículo 27- a disponer, “en caso de requerimiento del Comité de Crisis, que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones (…)”

La ley establece que el Presidente de la Nación “solo dispondrá el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior, previa declaración del Estado de Sitio”.

En su anuncio televisado (y grabado) de seis minutos, Fernández anunció que instalará en Rosario una oficina de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que investigará el lavado de dinero. Y sobre el papel del Ejército, aclaró que participará en “la urbanización de los barrios populares” de la ciudad. “Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia”, recordó a sabiendas de que la participación de los militares suele aventar dudas y temores.

La decisión llegó un día después del velorio de un niño de 12 años, Máximo Jerez, asesinado de un disparo en el pecho el domingo pasado después de que supuestos integrantes de una banda narco dispararan contra él y sus primos, también menores. Los vecinos destrozaron y saquearon la casa del supuesto asesino, al que intentaron linchar.

Tres días antes, un supermercado de la cadena Único, que pertenece a la familia de Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, fue atacado a tiros a las 3:20 de la madrugada. Fueron 14 balazos. En la puerta del local, el Comando Radioeléctrico de la Policía provincial encontró un mensaje dirigido al capitán de la selección argentina: “Messi, te estamos esperando. Javkin (el intendente local) también es narco, no te va a cuidar”, dice el texto escrito con birome sobre un cartón.

“Entiendo que Rosario nos necesita. Sé que sus fuerzas de seguridad son insuficientes para afrontar la solución del problema” destacó Alberto Fernández y dispuso el refuerzo de las Fuerzas Federales hasta alcanzar en esta etapa los 1400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario.

En ese contexto, se espera el despliegue de oficiales de la Dirección General de Ingenieros e Infraestructura del Ejército a la convulsionada ciudad santafecina.

A la utilización del Ejército en La Plata, le precedieron otros destinos, quizás menos conocidos y difundidos.

Los batallones de ingenieros -como el 601- ya colaboraron con la sociedad civil en la construcción de un puente, por ejemplo, en Misiones para conectar ciudades aisladas. Además levantaron una escuela en la localidad de El Volcán, en Jujuy, y participaron en tareas para la apertura de rutas.

En noviembre de 2021, la Compañía de Ingenieros Paracaidistas 4 instaló un puente de paneles Bailey en Villa Carlos Paz. La estructura de 15 metros de largo y 3,20 metros de ancho posibilitó el tránsito de vehículos livianos mientras se completa la construcción de los desagües pluviales. La obra demandó 20 días.

En julio de 2022 se inauguró el puente provisorio tipo táctico M4T6, montado por personal especializado del Batallón de Ingenieros de Monte XII, en la Ruta Provincial N° 2 para restablecer la circulación de las localidades de Colonia Aurora y Alba Posse, al norte de la provincia de Misiones. El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias. En ese caso, fue en respuesta al requerimiento del gobernador, Oscar Herrera Ahuad, quien a principios de junio solicitó apoyo al ministro Taiana, ante el colapso del puente que cruzaba el arroyo Pindayti.

No son las únicas obras que realiza el Ejército a lo largo y ancho del país.

El 13 de enero pasado comenzaron a distribuir agua potable en las localidades de Mosconi, Tartagal y Aguaray, del departamento de San Martín, ante la emergencia hídrica que afecta a la provincia de Salta.

El despliegue, realizado con vehículos cisterna con capacidad de 10.000 litros cada uno, fue dispuesto por la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias por solicitud del gobernador Gustavo Adolfo Ruberto Sáenz.

Desde el año 2007, y de manera ininterrumpida, la III Brigada de Monte llevan alimentos, agua potable y ayuda sanitaria a más de 4.500 familias de la localidad de Villa Río Bermejito y 44 parajes de sus alrededores en el impenetrable chaqueño.

En el año 2005, el Ejército Argentino firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Chaco para transportar y distribuir módulos alimentarios a lugares donde es necesaria una mayor presencia del Estado.

La actividad, que se enmarca en la misión de la fuerza de brindar apoyo a la comunidad, apela a la capacidad dual del Ejército, a su estructura y al despliegue territorial, que le permiten realizar acciones en diversos campos: social, sanitario, cultural y de infraestructura, entre otros.

El 19 de marzo de 2020 se inició el operativo “General Manuel Belgrano”, con el objetivo de contener y mitigar los efectos de la pandemia por el virus COVID-19.

La operación fue conducida por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a través del Comando Operacional Conjunto, en el marco de las medidas implementadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020, que estableció “la conformación del Comité de Emergencias de Defensa (COVID-19) a los efectos de la articulación y gestión del apoyo de las Fuerzas Armadas”.

En esa oportunidad, Fuerza Aérea, Armada y Ejército colaboraron en múltiples tareas: desde elaborar alimentos calientes y distribuirlos en las zonas más vulnerables de distritos como La Matanza y Quilmes, en el conurbano bonaerense, a trasportar medicamentes y equipos sanitarios a las zonas más alejadas del país.

Cerca de 100 hombres y mujeres, dos helicópteros, uno del Ejército y otro de la Fuerza Aérea, y más de 10 vehículos también integraron el operativo en el combate contra el fuego, a cargo de la Brigada Blindada II del Ejército, con asiento en la ciudad santafesina de Alvear en las zonas del Delta afectadas por los incendios.

Como se puede observar, las tareas de apoyo a la comunidad por parte de la Fuerzas Armadas son múltiples. Sin embargo, es inédita su participación en una de las zonas más calientes del narcotráfico y dónde los ciudadanos exigen respuestas urgentes. Ese es un desafío que comenzó esta mañana en la provincia de Santa Fe.