Un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal de la Cámara de Diputados avanzó hoy con la firma del dictamen de un proyecto que busca fortalecer la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe, en medio de la escalada de la violencia narco.
El proyecto, que fue elaborado por los 18 diputados de Santa Fe de diferentes fuerzas, como el Frente de Todos, el PRO, la UCR y el Socialismo, había sido presentado originalmente en mayo del año pasado. Entre otras cosas, propone la creación de 27 puestos de fiscales (15 con asiento en Rosario), 9 cargos de defensores, 6 jueces con funciones de garantías, 6 jueces con funciones de revisión y 2 jueces con funciones de juicio y ejecución.
De esta manera, se podrá adecuar la estructura judicial para la implementación del sistema acusatorio, que ya rige en Salta y Jujuy, para tener una justicia federal “más ágil y rápida”. Este sistema, también llamado adversarial —como el que rige en Estados Unidos—, divide con claridad las funciones entre un fiscal que investiga y acusa, y un juez que resuelve.
“Este proyecto está destinado a generar la infraestructura para implementar el Código Procesal Penal sancionado en 2014. Este código tiene una efectividad muy grande, en Salta y Jujuy, por ejemplo, los juicios tardan 60 días”, señaló el diputado del PRO, Pablo Tonelli.
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La iniciativa todavía debe obtener dictamen en la comisión de Presupuesto para poder llegar al recinto para su votación. Desde el oficialismo explicaron que el cuerpo que conduce Carlos Heller no fue convocado al plenario de hoy porque primero era necesario terminar de determinar el organigrama final. “No les podemos pedir a los miembros de Presupuesto que firmen un dictamen de algo que terminamos de definir hoy”, explicaron a Infobae.
Sin embargo, tanto el amplio acuerdo entre casi todas las fuerzas políticas como la presión social generada por los repetidos episodios de violencia registrados en lo que va del año —más de 60 homicidios— seguramente permitirán acelerar los tiempos parlamentarios.
Esta mañana, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, presentó en Rosario un nuevo operativo para combatir la violencia narco. Lo hizo junto al gobernador, Omar Perotti, y el intendente local, Pablo Javkin. Se trata de un refuerzo de 300 efectivos de la Gendarmería Nacional y otros 100 de la Policía Federal para fortalecer la seguridad en una ciudad que sufre hechos violentos casi todos los días. Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de ayer, la batería de medidas dispone que los 400 uniformados se sumen a los 575 que el gobierno nacional envió en septiembre de 2021 y a otros 425 que se agregaron en los meses subsiguientes. También, la presencia del Ejército Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros, para que participe en la urbanización de barrios populares.
Durante el debate en comisión, todos los partidos coincidieron en que uno de los principales problemas de la Justicia Federal en esta provincia se relaciona con la falta de actualización en su estructura. Por ejemplo, mencionaron que desde hace 40 años no se crea una nueva Fiscalía en Rosario, a pesar del fuerte aumento de su población.
“El 20% de las causas de drogas del país son de Rosario. Con este proyecto no va a venir la solución mágica ni se va a implementar mañana. Pero es muy bueno que todos los legisladores de Santa Fe nos hayamos puesto de acuerdo para avanzar con un proyecto”, dijo el oficialista Roberto Mirabella.
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Por su parte, el socialista Enrique Estevez apuntó contra Cristina Kirchner por no haber elevado los nombres de los senadores que deberían integrar la comisión bicameral encargada de supervisar la implementación del del nuevo Código Procesal Penal y el sistema acusatorio.
“Esto es responsabilidad de Cristina Kirchner, porque la Cámara de Diputados designó a sus representantes. Sería importante tener una explicación de por qué no se constituyó la bicameral, al igual que una explicación de por qué no se elige al nuevo Procurador. No vamos a poder combatir el narcotráfico si las instituciones no son transparentes”, dijo.
A pesar de mostrar satisfacción por el consenso que reúne el proyecto, desde la oposición insistieron en que la designación de los nuevos jueces y fiscales podría demorar años, a la luz de la gran cantidad de cargos vacantes que hay en la actualidad y del conflicto en el Consejo de la Magistratura.
Los detalles del proyecto
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