Con uniforme de fajina y desarmados, alrededor de 250 efectivos militares partirán hacia Rosario

“Van a realizar tareas como las que hacen en la localidad de Los Hornos, apertura de calles, cunetas y mejoramiento de barrios. Son tareas de urbanización y las fuerzas policiales les brindarán seguridad. Los miembros del Ejército no tendrán armas. Todo se está articulando con la municipalidad de Rosario”, sostuvieron ante Infobae desde el Ministerio de Defensa.

El imprevisto anuncio presidencial tomó por sorpresa a propios y extraños a tal punto que las propias autoridades del Ejército Argentino (EA) y del Estado Mayor Conjunto se enteraron de la nueva misión militar que les encomendaba el Presidente de la Nación en su carácter de Comandante en Jefe de las FFAA en el mismo momento que el resto de la ciudadanía.

Pocas horas antes, sutiles sondeos encargados por el mandatario a efectos de “tomarle el pulso” a la predisposición castrense para involucrarse de alguna forma en la lucha contra el narcotráfico había arrojado un resultado absolutamente negativo.

“La ley no nos autoriza, aún con un decreto de necesidad y urgencia quedaríamos expuestos a la posterior intervención de la Justicia Federal de producirse alguna situación que se cobre la vida de civiles o de la propia tropa y no queremos volver a estar en el banquillo de los acusados”, resumió un mando militar intermedio el sentimiento castrense.

Para zanjar toda discusión hace apenas un par de días atrás el máximo jefe militar del país, Teniente General Juan Martín Paleo plasmó en una columna de opinión publicada en Infobae una contundente postura: “Nadie puede discutir la gravedad del problema del narcotráfico, pero el objetivo de atender una demanda legítima de la sociedad no puede conducir a pedir a las FFAA que hagan algo para lo cual no están preparadas”.

Es importante destacar que desde hace unos años merced a los cambios doctrinarios en el empleo del instrumento militar, todas las operaciones militares están a cargo del Estado Mayor Conjunto. Las fuerzas en forma individual adiestran y alistan pero no operan. Aún en este caso en que todo el personal es del Ejército, la operación está a cargo del organismo militar conjunto.

Generales con más años a cuestas de los que hoy cuenta Paleo recuerdan que también en los 70′ buena parte de la sociedad reclamaba por el fin de la violencia política con los resultados por todos conocidos.

Por estas horas, las directivas al personal que será desplegado en el terreno llegan a cuenta gotas. “Se está coordinando, estamos viendo las necesidades, aún hay mucho por analizar”, son las respuestas que se obtienen desde el Edificio Libertador (sede del Ejército) cuando se requieren precisiones.

La cuestión logística – a la que obviamente no aludió el Presidente- no es menor. Hay que desafectar a una gran cantidad de efectivos de distintas especialidades de sus tareas habituales, recolectar y trasladar equipo pesado, gestionar la adquisición de materiales, prever el alojamiento de la tropa, su racionamiento y sus viáticos y por sobre todas las cosas, elaborar un plan de acción.

Los principales analistas militares coinciden en afirmar que esta operación militar es absolutamente diferente a las habituales tareas de apoyo humanitario o asistencia en emergencias. “La campaña sanitaria por el río Paraná, los operativos Belgrano I y II durante la pandemia y hasta el retiro de cenizas volcánicas en el sur tienen un denominador común que es el deseo de la población local de que los militares vayan a ayudar. Empeñar al Ejército en un terreno en el que se está viviendo una violencia extrema y en el conviven personas de bien con la delincuencia narco es totalmente distinto, el riesgo para el uniformado no es poco”.

Si bien como se dijo desde el Ministerio de Defensa la seguridad de los efectivos militares estará a cargo de las fuerzas policiales locales o federales (no está definido) resulta un contrasentido tener que defender a los militares con la policía. “Quitarles el uniforme no es una opción”, señalan las autoridades en una clara señal que además de la tarea edilicia que puedan hacer las tropas es necesario que se marque la presencia militar en la zona.

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La rotunda negativa a que los militares puedan ejercer su propia autodefensa tiene su asidero en el imperio de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior las que solo habilitan a las FFAA a prestar apoyo logístico a las FFSS en su tarea policial aunque al decir de los expertos en este caso se ha tergiversado el espíritu de la ley.

Uno de los abogados militares consultados por Infobae sostiene, “Las operaciones humanitarias o de ayuda en catástrofes no son operaciones policiales claramente son operaciones donde el objetivo es meramente controlar un daño o mitigar una carencia”.

Y agrega: “En las operaciones policiales las FFAA pueden aportar transporte, comunicaciones, alojamiento, radares, pero no efectivos desarmados en el terreno, este caso es sin lugar a duda nunca visto”.

Tanto urante la gestión de Cristina Kirchner como de Mauricio Macri, el Estado Mayor Conjunto montó operativos en la frontera norte del país con el claro propósito de controlar el tránsito ilegal de personas y mercancías por la extensa y desierta frontera con Bolivia.

En estos operativos de saturación, el objetivo era ocupar espacios mediante la realización de ejercicios militares de adiestramiento, liberando de esta forma al personal de Gendarmería para que se concentre en los pasos legalmente operativos.

Si bien los resultados fueron satisfactorios, el presidente Alberto Fernández modificó la reglamentación de la ley de defensa que habilitaba tales operaciones y los operativos fueron discontinuados.

Asimismo, en 2014, el Ejército Argentino realizó un plan de urbanización del barrio 1-11-14 con resultados cumplidos a medias ya que también imprevistamente fue interrumpido.

Hace pocas horas, uno de los máximos dirigentes de la oposición reclamó “la creación de una fuerza policial con estado militar apta para combatir al complejo delito narco”. Por diversos canales, la Gendarmería le recordó al dirigente que eso ya existe dado que precisamente es la única fuerza policial con estado militar en el país.

La propia fuerza se presenta en sociedad como “fuerza de Seguridad de naturaleza militar con características de fuerza intermedia que cumple su misión y sus funciones en el marco de la Seguridad Interior, Defensa Nacional y apoyo a la Política Exterior”.

Durante las últimas horas, varios funcionarios del área de seguridad comenzaron a evaluar la conveniencia de trabajar en un plan de incremento de los planteles de oficiales y suboficiales de la fuerza en concordancia con el crecimiento del delito organizado que excede a las fuerzas policiales convencionales. No obstante, todos concuerdan que de concretarse los primeros resultados podrían darse en no menos de cinco años algo que se da de bruces con los tiempos políticos acelerados no solo por la violencia sin control sino además por el devenir del proceso electoral.

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