El minuto a minuto de una sesión que fue sumando tensión y no despejó dudas sobre la candidatura de Alberto Fernández

Cristina Kirchner despidió a Alberto Fernández con un beso. El Presidente se retiró del Congreso y regresa a la Casa Rosada.

El Presidente cerró su discurso ante la Asamblea Legislativa. Duró exactamente dos horas. No habló sobre su futuro político y su candidatura a la reelección continuará siendo una incógnita.

“Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la Vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”.

“Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios del derecho penal. “No pudo no haber sabido” sostienen. De ese modo presumen el dolo, castigan por cierto criterio de responsabilidad objetiva e imponen el derecho penal de autor. Entonces se castiga a la persona por lo que es y no por la que ha hecho”.

“Cualquier estudioso del derecho penal se asombraría ante semejante retroceso. Al derecho penal liberal, nacido al amparo de la Revolución Francesa y que evolucionó con la mejor dogmática en el derecho continental, le repugnaría observar semejantes conclusiones”.

“Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia”.

“Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional”.

“No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Los que atentaron contra la Constitución son los que armaban Mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quien respeta la República y quién no”.

“Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto”.

“Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero”.

“Nosotros no trasladamos jueces e integramos Cámaras para incidir en causas en las que se persiguen políticos opositores”.

“No son nuestros funcionarios los que se profugan de la Justicia alegando persecuciones”.

“Atentan contra la Constitución los que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo olvidando que la mentada división de poderes rige para todos en la república”.

“Atentan contra la Constitución los que ante cualquier sanción desfavorable de leyes corren a judicializar la medida aprovechando sus amistades con jueces que deshonran al Poder Judicial”.

“Que nadie lo olvide. Vivimos en una república. Todos merecemos el resguardo de las garantías. Todo ciudadano debe ser tratados con el rigor y las garantías que establece nuestro ordenamiento jurídico. Vivimos en un Estado de Derecho”.

El senador Martín Lousteau y los diputados Emiliano Yacobitti y Fernando Iglesias se fueron del recinto en medio de las críticas de Alberto Fernández a la Corte Suprema por el fallo sobre la coparticipación porteña.

Antes de irse, Iglesias le dio la espalda a Fernández e intercambió algunos mensajes. “Es un honor que me insulte”, dijo el jefe de Estado.

“Prometí al asumir la Presidencia que pondría fin a los sótanos de la democracia. Lo hice. El personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal”.

“Digo todo esto sabiendo que de nada sirve semejante trabajo si miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder”.

“No hablo en abstracto”.

“Recientemente, tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos”.

“Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”.

“Los ejemplos abundan”.

“Conocemos como se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo. Vimos también como a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país. Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares”.

“Frente a este estado de situación es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar su solución”.

“Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cual es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina”.

“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”.

“Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la Patria”.

“Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la República”.

“La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce “cuestiones políticas no judiciables” y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas”.

El diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, fue el único diputado ausente en la apertura del 141° período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.

Alberto Fernández le dedicó un tramo de su discurso al ministro de Economía, Sergio Massa. “Quiero señalar y agradecer aquí el compromiso de Sergio Massa, quien dejó la Presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministro de Economía”, dijo.

Luego abordó uno de los temas más espinosos de su gestión: la inflación. Dijo que es un problema estructural que comenzó “décadas atrás” y que el Gobierno está abogado a resolverla sin generar un aumento en la pobreza ni un freno en la actividad económica.

“Tanto el ministro como yo no necesitamos que al Fondo Monetario para saber que debemos lograr equilibrio fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit. El equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte. Tampoco necesitamos al FMI para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones”, resumió.

Prometió que el gasoducto Néstor Kirchner será inaugurado a mediados de año.

El jefe de Estado volvió a criticar a la Justicia y aseguró que Cristina Kirchner es “perseguida”. Hasta el momento no habló de proscripción, como pretendía La Cámpora.

“Fui yo el que estuvo al lado de Lula cuando injustamente lo apresaron, el que estuvo al lado de Evo Morales cuando un golpe de Estado le arrancó el poder, el que está al lado de Cristina cuando es perseguida injustamente y el que reclama y hace todo lo republicamente posible para que la Justicia vuelva a abrazar el derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular”, aseguró Alberto Fernández.