La historia de Elena, la abuela que se repuso a un femicidio y que ahora pelea contra el Estado por sus nietos

Elena Albanese fue a retirar el cuerpo de su hija asesinada con su nieta de dos años en brazos y otros tres nietos de 5, 13 y 18 esperándola en casa. La violencia había atravesado a su familia: Fabiana Caserta fue ahorcada por su marido en septiembre de 2007. El homicida, ya condenado a prisión perpetua, escondió el cadáver debajo de la cama y obligó a que sus hijos durmieran esa noche como si fuera cualquier otra.

Después del crimen de su hija, Elena y su marido emprendieron la reconstrucción familiar centrada en la crianza de sus cuatro nietos en su casa de Del Viso, zona norte del conurbano. Su jubilación y un kiosco fueron el único sustento para sacar adelante este hogar de clase media, incluso cuando quedó viuda, seis años después del femicidio.

“Tuve suerte porque mis nietos me salieron buenos y estudiosos. Pude mantenerlos con mucho esfuerzo con este pequeño kiosco. Los dos más chicos todavía viven conmigo”, relata Elena en una conversación telefónica con Infobae que se interrumpe cada vez que entran clientes al negocio. A pesar de sus 74 años, no se permite cerrar a la hora de la siesta.

La ley Brisa abrió una oportunidad para compensar económicamente el esfuerzo que Elena y sus nietos habían hecho durante la última década. El Estado creó en 2008 un Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes que entrega a huérfanos de femicidios un pago mensual equivalente a una jubilación mínima (actualmente $60.124) hasta que cumplen 21 años.

Pero el gobierno le niega a los nietos de Elena la compensación que le corresponde desde hace casi tres años. El Estado le debe a los adolescentes 100 jubilaciones mínimas, poco más de $5 millones para cada uno.

La odisea de Elena comenzó a mediados de 2020, cuando tuvo que judicializar una liquidación mal hecha por Anses sobre la compensación retroactiva por la ley Brisa. Ahora lucha contra las reiteradas negativas del gobierno para pagarle una sentencia judicial favorable y todavía no tiene fecha precisa de cobro.

El Estado entendió en 2020 que los nietos debían percibir el pago retroactivo desde 2018, el año en que se aprobó la ley Brisa. Elena reclamó entonces que, como dice la normativa, ese derecho sea acumulativo desde la fecha del femicidio, en septiembre de 2007. Pero el Gobierno indicó que la reglamentación de la ley, realizada durante la gestión de Mauricio Macri, modificó por decreto el texto aprobado por el Congreso para aclarar que la compensación rige sólo desde 2018 en adelante.

La Justicia le dio la razón a Elena: dictaminó la inconstitucionalidad parcial del decreto de reglamentación de la ley Brisa y dispuso que se le pague a los dos nietos la compensación correspondiente desde el momento del femicidio. Pero la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), a cargo de Gabriel Lerner, apeló esa sentencia judicial.

“La finalidad del Régimen es reparatorio del estado de vulnerabilidad de las víctimas colaterales (de los femicidios) y no indemnizatorio ni resarcitorio por la pérdida de la madre ni del tiempo vivido sin ella”, argumentó la SENAF en la apelación judicial. “La estimación presupuestaria sería de imposible previsión pues en cada caso dependería de la cantidad de años transcurridos desde el delito, pudiendo llegar a 21 años o incluso más. Esa imposibilidad de previsión no sólo atentaría contra principios presupuestarios sino también contra el propio régimen de reparación económica”, escribieron los abogados del Estado.

Sin embargo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó en febrero de 2022 la sentencia judicial que beneficiaba a los adolescentes e intimó al Poder Ejecutivo a pagarle cuánto antes a los nietos de Elena. Pero desde el Gobierno indicaron el año pasado que no contaban con presupuesto para hacer el desembolso. La SENAF aseguró que la indemnización sería agregada en las partidas de 2023.

Hubo un nuevo capítulo. Elena insistió a mediados del año pasado cuando esta dependencia pública, que se dedica a defender los derechos de niños y adolescentes, recibió una ampliación presupuestaria. La respuesta, otra vez, fue negativa: no podían pagarle -indicaron- ya que el aumento de fondos estaba destinado a pagar sueldos de los funcionarios de la SENAF.

“Es increíble que no puedan darse cuenta de que esto nos corresponde. Necesitamos esa ayuda porque mi nieto está estudiando el CBC en la UBA y tiene que viajar todos los días hasta Capital. Mi nieta también quiere seguir estudiando danzas. Yo sigo acá, en el kiosco, con 74 años. Les pido a los funcionarios que tengan un poco de consideración porque no fue nada fácil nuestra situación. Les pido que consideren todo este sacrificio”, dijo Elena.

Ante la consulta de Infobae, desde el SENAF ratificaron su postura y detallaron que los abogados del organismo “tienen la obligación de recurrir las decisiones (judiciales) adversas”, como el fallo judicial que benefició a los nietos de Elena. Esta dependencia, que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social, tiene pendiente de pago otros tres expedientes por retroactivos mal calculados para huérfanos de femicidios, que se harán efectivos durante 2023, indicaron fuentes oficiales.

Nuevos precedentes

El caso de Elena y sus nietos puede sentar un precedente judicial para nuevos reclamos. Fueron al menos 4.015 los huérfanos por femicidios en los últimos 15 años, según los datos recopilados por las organizaciones la Casa del Encuentro y el Observatorio Lucía Pérez, que analizó Infobae. Sin embargo, la cantidad de niñas, niños y adolescentes que han sido beneficiarios de la compensación económica gracias a la Ley Brisa fueron 1.147 hasta el mes pasado, aseguraron fuentes oficiales.

Hay casi 3.000 huérfanos en los últimos 15 años que quedaron por fuera de la ayuda oficial impuesta desde 2008 en adelante. Sin embargo, ese número no es lineal porque muchos de ellos ya habían alcanzado la mayoría de edad al momento de la sanción de la ley, en 2018.

Días antes del fallo a favor de los nietos de Elena, la justicia federal de Córdoba había avalado un reclamo similar. Según pudo averiguar Infobae, sólo dentro del colectivo Atravesados por el Femicidio, una organización que agrupa a familiares de víctimas de crímenes de género, hay al menos otros tres casos en que el Estado calculó una compensación retroactiva incorrecta por la errónea interpretación legal sobre la reglamentación que el Ejecutivo hizo sobre la ley Brisa.

Pero más allá de los reclamos por los retroactivos, la aplicación de la ley Brisa abrió la puerta a otros reclamos. Familiares de las víctimas de femicidios hicieron foco en lo engorroso que son los trámites para gestionar la compensación mensual, ya que requieren “excesiva” documentación para abuelas y tías que todavía están en shock por los crímenes de sus familiares. Muchas de ellas, incluso, son familias de bajos recursos económicos que no están acostumbrados a lidiar con documentación oficial.

El Estado requiere distinta documentación para iniciar el trámite, ya sea personal, como los DNI, certificados de nacimiento o defunción, así como también otros vinculados a la causa judicial por el femicidio. Se exige, en este caso, el procesamiento del femicida o su elevación a juicio como requisito indispensable para tramitar la compensación económica.

Marcela Morera, fundadora de la organización Atravesados por el Femicidio, advirtió sobre la burocracia que precede el otorgamiento del beneficio: “La principal traba son los trámites. Primero, gestionar la guarda o tutela, que es larguísimo y puede tardar hasta un año. Después están los tiempos procesales de la justicia, porque la elevación a juicio o la sentencia también demora muchísimo, años en algunos casos”.

Desde el Ministerio de las Mujeres, que gestiona una parte de este régimen público, indicaron que hasta el año pasado se aprobaba el 76% de los trámites para obtener la compensación. “Los plazos se acortaron bastante. En octubre de 2019, cuando recién empezamos, los días de gestión promedio que nos llevó la tramitación era de 217. En diciembre de 2021 ya eran 84 días. Ahora estamos cerca de 80 días para el trámite, es decir que vamos bajando los tiempos”, detalló Natalia Chinetti, directora de Abordaje Integral de Casos de Femicidios.

Otro de los cuestionamientos sobre la gestión pública de esta compensación es la falta de alcance del Estado sobre las zonas más necesitadas del país. “Que exista la ley es muy positivo, pero tienen que tener un acompañamiento de los municipios para cada caso. Eso ocurre muy poco hoy. Que salga una ley cuesta muchísimo, pero mucho más cuesta que el Estado la cumpla”, indicó Ada Rico, fundadora de la organización La Casa del Encuentro. Y detalló que en muchos casos se encuentran con menores que ni siquiera tienen DNI o, menos aún, la partida de defunción de la madre. “Hay familiares que no saben leer ni escribir, ¿cómo van a gestionar este trámite?”, cuestionó Rico, impulsora de la ley Brisa.

Los datos oficiales sobre los beneficiarios de este régimen estatal también permiten conocer con más detalle quiénes son las víctimas colaterales de los femicidios. Casi la mitad de quienes reciben este ingreso son niñas y niños de entre 5 y 12 años; los adolescentes de entre 13 y 17 años (33% del total) son el segundo grupo más afectado.

Los nietos de Elena atravesaron todos esos grupos en las diferentes etapas del proceso, desde el asesinato de su madre hasta la actualidad. Hoy, Gonzalo confía que el Estado cumpla la sentencia judicial para seguir con la carrera de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y su hermana Candela, que este año termina el secundario, también espera que se destrabe la burocracia estatal para cumplir su sueño de recibirse de profesora de danzas.

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky

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