Cornejo y Pichetto denunciarán por traición a la patria al funcionario nacional que entregó tierras a mapuches en Mendoza

Mientras la gobernación de Mendoza se prepara para una nueva disputa con la Casa Rosada por la entraga de tierras a comunicades mapuches en la provincia, Alfredo Cornejo —senador y precandidato a gobernador en aquel territorio— y Miguel Ángel Pichetto —Auditor General de la Nación— anunciaron la presentación de una denuncia penal contra Alejandro Marmoni, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El eje de la denuncia, a la que darán ingreso mañana en los tribunales de Comodoro Py, tiene que ver con la entrega de 25.000 hectáreas de la provincia de Mendoza a diferentes comunidades originarias. A Marmoni se lo acusa de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la patria.

“La denuncia es por la resolución del INAI en la provincia de Mendoza —que entregó tierras cuando sólo podría hacer relevamiento— y porque es una batalla cultural que pasa desapercibida. Mendoza no era un conflicto respecto de los reclamos de los Mapuches y ahora lo es”, explicó Cornejo, quien fue gobernador mendocino entre 2015 y 2019.

“El INAI no puede hacer reconocimiento de propiedades, no está en sus funciones. Además hizo caso omiso a dos fallos de la provincia de Mendoza. Hace dos años había en todo el país 600 reclamos, hoy hay 1800 reclamos”, agregó Pichetto.

Para Pichetto hay suficiente prueba para demostrar los tres delitos: “Inclusive el de traición a la patria, está suficientemente documentado porque hay sesión de soberanía, hay pérdida de territorio porque esas comunidades que se autoperciben como mapuches no reconocen al Estado argentino”.

A la hora de explicar el por qué entienden que el INAI y su conducción se comporta de esta manera, tanto Cornejo como Pichetto apuntaron al Frente de Todos. “Es parte del conflicto del Frente de Todos que es una alianza heterodoxa en donde hay un Presidente que no lidera o que, en realidad, valida esto”, precisaron.

En las últimas dos semanas, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas otorgó más de 21.500 hectáreas a dos comunidades mapuches: El Sosneado, de San Rafael, y Suyai Levfu, de Malargüe. Ambas reclamaban el reconocimiento sobre esas tierras bajo el argumento de su presencia ancestral en tierras cuyanas. En la última resolución, en tanto, el INAI otorgó 4.477 hectáreas de tierra a la comunidad mapuche Lof Limay Kuref.

Además, otro conflicto que se abre es que, en la última operación, las tierras entregadas tienen 52 pozos petroleros debido a que buena parte está asentada en una zona de Vaca Muerta.

En paralelo a la denuncia penal anunciada, se espera el resultado del recurso administrativo que presentó la provincia de Mendoza en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con los que busca revertir las resoluciones con las que el organismo —dependiente del Ministerio de Justicia— entregó terrenos a diferentes comunidades mapuches.

En representación de Mendoza, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, había presentado tres recursos de reconsideración en contra de las resoluciones del INAI por la ocupación de tierras reconocidas a comunidades mapuches.

En esos recursos, la provincia planteó lo que entiende que son todas las irregularidades de las resoluciones, tanto en el procedimiento que se ha llevado adelante para su dictado “sin la debida intervención de la Provincia, como respecto de aspectos sustanciales vinculados con la ilegalidad de la prórroga de la Ley 26160 dispuesta por DNU, la ausencia de facultades del INAI para reconocer ocupación de tierras a las comunidades, los planteos históricos sobre la inexistencia de presencia histórica de Mapuches en el territorio provincial, entre otros aspectos”, indicaron.

“Las resoluciones del INAI presentan vicios en todos los elementos esenciales de un acto administrativo, es decir en la competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad. Cada uno de estos vicios está desarrollado en la presentación provincial, lo que permite concluir que las resoluciones resultan nulas, de nulidad absoluta e insanable e ilegítimas, motivo por el cual deben ser dejadas sin efecto por el organismo que las dictó”, señaló la provincia de Mendoza.

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