El oficialismo argumentó que el juez Sebastián Ramos decidió archivar la causa de los chats filtrados entre D’Alessandro y Robles en base a un dictamen del fiscal Carlos Stornelli. Por lo tanto, decidió citarlo para la próxima semana como testigo.
La oposición se opuso pero el Frente de Todos hizo valer su mayoría y aprobó la citación con 16 votos. En la bancada oficialista señalaban que el precedente que sentaron los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla, que se presentaron a declarar hoy, dejará en una posición muy “incómoda” a Stornelli si decidiera no asistir.
“El juez Ramos lo involucró al declarar que él se basó en el dictamen del fiscal”, argumentó el diputado Eduardo Valdes (FDT).
El juez federal de La Plata fue convocado como testigo porque intervino en una de las causas que investigó denuncias relacionadas con las conversaciones filtradas entre el ministro de Seguridad porteño -en uso de licencia- Marcelo D’Alessandro y el asesor judicial Silvio Robles.
Ramos Padilla se declaró incompetente pero dejó sentado en su resolución que no estaba acreditado que los chats provengan de espionaje ilegal, en los términos de las leyes vigentes. Tras ello, derivó la causa a Comodoro Py.
Al inicio de su exposición, el juez de La Plata recordó que en 2019 fue sometido a un juicio político porque haber sido nombrado en las conversaciones entre presos del Penal de Ezeiza que fueron filtradas. Entre los detenidos se destacaban Amado Boudou y Julio de Vido.
“En la discusión de la admisibilidad de los chats filtrados en juicios políticos les traigo este precedente, que es mi caso”, dijo el magistrado.
Ramos Padilla también opinó sobre el accionar de su par Sebastián Ramos y señaló que un juez debe hacer un análisis de la legalidad y de la conclusión a la que arriba el fiscal. “No se puede presurosamente concluir que es espionaje. Los automatismos permiten el abuso de autoridad”, detalló.
“Si no le ponemos un límite a esta relación entre los servicios inteligencia y el Poder Judicial, a este manejo de las escuchas, el abuso de autoridades, vamos a tener una república donde se van a perder los derechos individuales”, concluyó Ramos Padilla.
El juez decidió archivar una de las causas por las conversaciones filtradas entre el ministro de Seguridad porteño -en uso de licencia- Marcelo D’Alessandro y el asesor judicial Silvio Robles. Entre otros puntos, argumentó que la prueba (las filtraciones) tenía “origen ilícito”.
Los diputados del Frente de Todos insistieron en que explicara por qué no ordenó nuevas medidas de prueba antes de archivar la investigación, a lo que el magistrado contestó que guió por lo resuelto por el fiscal Carlos Stornelli.
En ese sentido, reiteró en más de una oportunidad: “No me voy a mover ni una palabra de la resolución”, porque “no solamente me perjudica en lo personal que yo pueda hacer alguna modificación con lo que ya está escrito en la resolución, sino que también puede perjudicar el derecho de defensa a los involucrados en la causa”.
También le preguntaron si tenía alguna relación con Marcelo D’Alessandro y el juez Ramos contestó negativamente.
La oposición denunció que el oficialismo está convirtiendo a la comisión en un órgano “que puede producir inteligencia ilegal” violando el estado de derecho.
Si bien se levantaron de la reunión, aclararon que podrían volver a participar en el futuro únicamente para desempeñar un rol del control o para evitar que se hostigue a alguno de los testigos citados. “Vamos a ver caso por caso, cómo continúa este proceso”, adelantó Juan Manuel López de la Coalición Cívica.
El diputado del PRO, Omar de Marchi, señaló que la oposición busca no naturalizar esta agenda con la “verdadera agenda de la Argentina, que es el 100% de inflación y el 50% de pobreza”.
En esa línea, argumentaron que el kirchnerismo busca dos objetivos: por un lado, desprestigiar al Poder Judicial que condenó a Cristina Kirchner por corrupción; y por otro, evitar que la sociedad se enfoque en los verdaderos problemas del país.
Luego de la conferencia, un grupo de diputados de JxC ingresó de nuevo a la reunión de Juicio Político “a fin de preservar los derechos y garantías de los testigos citados para hoy”.
El jefe de bloque de la Coalición Cívica leyó un resumen del documento presentado esta mañana ante las autoridades de la Cámara y planteó que el proceso de juicio político pone en riesgo “el estado de derecho”.
“El Estado no puede hacer cualquier cosa. Por eso se prohíben las denominadas excursiones de pesca. El Estado no puede ir solicitando medidas de prueba indefinidamente”, dijo.
El interbloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto en el que enumeró la irregularidades del proceso de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema.
“Teniendo en cuenta las severas irregularidades detalladas, consideramos que el trámite en estos términos del juicio político a la totalidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es ilegítimo, arbitrario e ilegal y, por tanto, se encuentra viciado de nulidad en los extremos referidos”, señala el texto.
La oposición no dejará de participar en la comisión, pero lo hará “de manera distinta”. Los detalles serán informados en una conferencia de prensa tras la apertura de la reunión.
La semana pasada, el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, había anunciado que no participaría de las reuniones de la comisión, salvo algunas instancias especiales de votación.