La oleadas de embarazadas rusas que llegaron en los últimos meses al país obligó a las autoridades migratorias a endurecer los controles. En los últimos días, varias mujeres embarazadas fueron retenidas en el aeropuerto de Ezeiza por diferentes irregularidades, aunque luego pudieron ingresar al país con una autorización judicial. El fenómeno también empujó una investigación judicial, a cargo de la jueza María Servini, sobre las organizaciones que traen a las embarazadas a parir en la Argentina.
La hipótesis de la Justicia es que esas empresas utilizan documentación falsa para conseguir la residencia permanente luego de que tienen un hijo o una hija argentinos. A partir de ahí se puede aspirar a la ciudadanía y luego a la obtención del pasaporte. Ese es el principal atractivo que ofrecen a las mujeres rusas: un pasaporte que no necesita visa para ingresar a más de 170 países.
Los ciudadanos rusos solo pueden obtener la ciudadanía argentina tramitándola ante un juez federal. Desde el Gobierno informaron que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) no emitió ningún pasaporte para ciudadanos rusos con carta de ciudadanía expedida por la justicia argentina a quienes ingresaron al país durante 2022 y lo que va de 2023. “Producto de todo lo que se está haciendo, aúno hay pasaportes otorgados a los que ingresaron en 2022 solo con esas intenciones”, destacó la titular de Migraciones, Florencia Carignano.
Según datos brindados por la Dirección de Migraciones, el año pasado ingresaron a la Argentina 10.500 embarazadas rusas, de las cuales 5.800 lo hicieron en los últimos tres meses. A mediados de 2022, las autoridades comenzaron a investigar esa oleada migratoria desde Rusia, que se disparó como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones a las que están sujetos los ciudadanos del país agresor.
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También se dio el caso de un ruso de 38 años, Valentin Kazantsev, que llegó al país con una alerta naranja de Interpol. Al igual que las embarazadas retenidas, presentó un habeas corpus pero se lo rechazaron y entonces decidió iniciar trámites de refugiado ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).
Kazantsev llegó al país el viernes pasado junto a su mujer, embarazada de 33 semanas, y su hijo, en un vuelo de Ethiopian Airlines.
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El trámite para obtener la condición de refugiado puede tardar hasta un año porque intervienen otros organismos como el Ministerio de Justicia, Cancillería, INADI, y hasta el Ministerio del Interior. Pero las fuentes consultadas admitieron que este caso tendrá una resolución mucho tiempo antes. De hecho, esta misma semana podría ser citado para la entrevista personal.
Kazantsev es investigado por la Justicia aunque en principio no estaría vinculado con las organizaciones ilegales que les cobran USD 35 mil a las embarazadas para que puedan parir en la Argentina y conseguirle documentación falsa para lograr la doble ciudadanía.
Ante la polémica por estos casos, desde el Gobierno aclararon que “la ciudadanía argentina para personas extranjeras la otorga la Justicia Federal, siendo esta una condición necesaria para tramitar el pasaporte argentino en Renaper”. “Solo se puede realizar el pasaporte a partir de la emisión de la Carta de Ciudadanía Argentina por parte de la Justicia Federal”, dijo la misma fuente.
Para que una persona extranjera pueda iniciar el trámite de la ciudadanía, la Justicia establece ciertos criterios. Uno de ellos el tener un hijo o hija que sea ciudadano argentino. A partir de ese momento se pueden iniciar los trámites para que la Justicia otorgue la ciudadanía al padre o la madre.
La investigación de la jueza Servini apunta a las empresas que lucran con esta oleada migratoria pero también hay sospechas sobre autoridades argentinas porque ya se determinó que las constataciones de domicilio presentadas para realizar unos 70 trámites ante Migraciones son falsas. La investigación despertó el interés de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations). Esa agencia del gobierno de los Estados Unidos ya se contactó informalmente con el juzgado federal de Servini.
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