En la cuarta reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el oficialismo fijó un cronograma de trabajo, pidió ampliaciones de prueba y citó para la semana que viene como testigos a varios funcionarios judiciales de la Corte Suprema y jueces de otras instancias en el marco de las más de 60 acusaciones contra los cuatro miembros del máximo tribunal.
El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade fue el encargado de proponer a votación la citación del ex titular de la Secretaría Judicial N°5 (repartición que ya no existe en el organigrama de la Corte Suprema), Cristian Abritta; del Subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de Administración (CSJN), Sergio Rubén Romero; del Secretaría Judicial N 2 (Previsional-CSJN), Sileño Rómulo Cárdena Ponce Ruiz; del Secretaría de Juicios Originarios, Alejandro Daniel Rodríguez; y los integrantes de la Vocalía del juez Horacio Rosatti, Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Vilanotti.
También citarán a los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, junto con el el fiscal Ignacio Mahiques, ex senador e integrante del Consejo de la Magistratura, Mario Jorge Cimadevilla, y el Secretario General de Administración de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi.
Por otro lado, el oficialismo pidió diferentes medidas de ampliación de pruebas entre las que se destacaron los pedido a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), la oficina de escuchas que depende de la Corte Suprema, del listado de llamadas entrantes y salientes de Silvio Robles, vocero de Rosatti, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad porteño en uso de licencia. De esta forma buscan corroborar las conversaciones filtradas entre ambos, que contenían recomendaciones relacionadas con el conflicto por la integración del Consejo de la Magistratura.
El grueso de la reunión de la comisión giró en torno al debate de la admisibilidad de algunas pruebas y testimonios. El portavoz de la postura de Juntos por el Cambio fue el diputado Pablo Tonelli (PRO) quien aseguró que “la prueba ofrecida no está destinada a probar el mal desempeño de los jueces de la Corte” sino a “hacer un show, exponer a los jueces o prolongar innecesariamente esta investigación”.
En ese sentido, argumentó -contrario a lo que afirman desde el oficialismo- que la Comisión no tiene facultades para pedir entrecruzamiento de llamadas telefónicas. No obstante, aclaró que en todo caso debe ser solicitado “por medio de un juez, que deberá velar por el respeto de las garantías constitucionales”.
También planteó que tanto Robles y D´Alessandro, no pueden ser citados como testigos, porque están imputados en una causa penal en curso. “Ellos no pueden venir a declarar sobre algo que se está investigando en la Justicia Federal. Además si los citamos lo único que van a hacer es contestar que se niegan a declarar porque sería declarar contra sí mismos”, dijo Tonelli.
A su turno, Tailhade chicaneó: “¿Por qué no podemos pedir el listado de llamadas? ¿Por ahí podemos encontrar un llamado con Horacio Rodríguez Larreta, que tiene un caso en la Corte?”.
Y agregó: “Me hubiera gustado que esta defensa de las garantías la hubiéramos tenido durante el gobierno de Macri cuando arreciaba el espionaje ilegal y cuando el juez Bonadío metía gente prensa a diestra y siniestra”.
El diputado kirchnerista desestimó el argumento de Tonelli y planteó que Robles y D´Alessandro deberán presentarse ante la comisión y decir: “Estoy imputado, no puedo declarar. No puedo responder esa pregunta. ¿Y si quieren declarar? ¿Se van a oponer?”.
El presidente del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, reclamó que Alberto Fernández sea citado como testigo dado que fue el impulsor de uno de los proyectos de pedido de juicio político. “Fue quien decidió que se inicie este intento de juicio político, porque tuvo un rol fundamental y por la información que maneja por su rol institucional”, explicó. Su propuesta fue rechazada por la mayoría oficialista.
Para la semana que viene se espera una sesión maratónica en la que ocho testigos contestarán preguntas del oficialismo y la oposición. Ese día también se definirán los testigos para la semana siguiente, que posiblemente serán otra media docena de funcionarios de la Corte Suprema.
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