La propuesta del Gobierno Nacional para cederle tierras a la autoproclamada comunidad mapuche de Villa Mascardi cosecha críticas en el arco político rionegrino y entre los pobladores del paraje, quienes anticipan un embate judicial para evitar que se concrete.
La iniciativa establece la entrega de 10 hectáreas fiscales en inmediaciones del lago Guillelmo, a 10 kilómetros de la zona de conflicto, y el regreso de la autoridad espiritual de la agrupación Lafken Winkul Mapu a Villa Mascardi, donde el estado prevé la construcción de viviendas para albergar a la “machi” y su entorno, en lo que consideran un sitio sagrado.
Referentes mapuches rechazaron la instalación de la agrupación en el nuevo predio debido a que se trata de “un espacio muy chico” para el desarrollo de las actividades comunitarias de la agrupación.
Ese mismo espacio ya había sido ofertado por la Administración de Parques Nacionales, meses atrás, en un intento por descomprimir el conflicto de Villa Mascardi aunque los mapuches ya anticiparon su rechazo. Se trata de un predio conocido como Veranada de Torrontegui aunque el mismo “es insuficiente para garantizar el desarrollo de la comunidad”.
La oferta del Gobierno fue transmitida por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en el marco de la segunda mesa de diálogo que se realizó la semana pasada en Bariloche a instancias del Presidente de la Nación, Alberto Fernández.
El funcionario destacó “avances” en el encuentro para “resolver de manera pacífica” el conflicto territorial mapuche, a pesar de que la propuesta fue blanco de críticas, no sólo de los pobladores de Villa Mascardi quienes quieren evitar el regreso de los mapuches al lugar, sino también de distintas figuras políticas de la provincia.
El presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, dijo que la propuesta del Gobierno “es una vergüenza, un disparate total. La ‘machi’ no va a volver a su famoso rewe, que lo tengan bien claro”.
La gobernadora Arabela Carreras dijo que “en el caso de Mascardi, el predio desalojado no debería volver a ocuparse porque sería retroceder en la pacificación que hemos logrado del lugar”.
Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche, criticó la postura de la mandataria y aseguró que “encabeza un gobierno con el que no tenemos diálogo, evidencia su racismo”.
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El proyecto que elaboró Nación prevé conservar el altar sagrado – denominado “rewe” – en las tierras desalojadas de Villa Mascardi y construir allí tres edificaciones para albergar a Betiana Colhuan – la “machi” que se autoproclamó guía espiritual de la comunidad – a sus colaboradores y ayudantes y para instalar un consultorio “de sanación”.
Colhuan permanece con prisión domiciliaria desde el desalojo de octubre pasado y su pareja, Matías Santana, está prófugo de la Justicia desde ese entonces.
Establece además la instalación de una casilla de seguridad aunque los mapuches rechazaron la idea.
Una exigencia para poder avanzar en el acuerdo es que la comunidad Lafken Winkul Mapu regularice su situación ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y tramite su personería jurídica. Sin embargo sus integrantes están en desacuerdo con el planteo ya que están registrados en otra comunidad mapuche – lof Colhuan Nahuel – que cuenta con un predio en el barrio Virgen Misionera, a 7 kilómetros de Bariloche, por lo que su inclusión en otra comunidad resultaría incompatible.
A pesar de ello, el Gobierno Nacional insiste con su bondadoso plan de otorgarles tierras y beneficios, ignorando ese impedimento y también los múltiples procesos judiciales que los involucran.
En la propuesta, además, Pietragalla plantea beneficios para la comunidad, cuyos integrantes están detenidos o prófugos de la Justicia.
Mientras se desarrollan las mesas de diálogo – que podrían tener una nueva edición el 24 de febrero en Bariloche – el juez federal Hugo Greca accedió a un pedido del Poder Ejecutivo de postergar el juicio por la usurpación de los predios de Parques Nacionales, en 2017, de la denominada “causa madre”.
La medida también cobró un fuerte rechazo, debido a que fue considerada una “clara intromisión de la Política en un proceso judicial”.
“Una vez más, se me corre vista con el objeto que me expida en torno al nuevo intento defensista por evitar el inicio del juicio que otrora hubieran reclamado que se realice. No existe ya a estas alturas, a entender de este Ministerio, duda alguna en cuanto a que la dilación tiene por solo objeto evitar ad eternum el cierre definitivo de estas actuaciones y, en un futuro, lograr la prescripción de la acción penal que, en mi carácter de representante de la acusación pública, tengo la obligación de resguardar”, sostuvo la fiscal de Bariloche Cándida Etchepare.
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