Cuáles son las acusaciones contra la jueza que otorgó la tenencia de Lucio a sus asesinas y ahora podría enfrentar un jury

En simultáneo, el bloque de diputados del peronismo (Frejupa) y bancadas de la oposición de la provincia de La Pampa anunciaron que impulsarán un jury de enjuiciamiento por mal desempeño contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien otorgó la tenencia del niño Lucio Dupuy a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja Abigaíl Páez, ambas condenadas el 2 de febrero pasado por matar, torturar y abusar sexualmente del chico de 5 años.

Conocida la sentencia del impactante crimen, la dirigencia política pampeana se hizo eco del reclamo de la familia paterna de Lucio Dupuy, que focalizó sus acusaciones contra la magistrada, con la intención de evaluar una posible destitución.

“La tercera asesina (de mi nieto) es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoridad de General Pico. Acá hay tres asesinas: dos son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro, para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón”, había dicho Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, en la previa de la sentencia que se conoció esta semana.

El desempeño de Pérez Ballester, titular del Juzgado de la Familia y del Menor N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, siempre fue cuestionado por el padre y los abuelos de Lucio desde el inicio del proceso. Ellos aseguraron que la magistrada entregó el menor en guarda a su madre, sin tomar los recaudos socioambientales correspondientes y que nunca escuchó sus planteos.

En medio de esos reproches, el Poder Judicial ya se había pronunciado sobre el comportamiento de Pérez Ballester.

En junio de 2022, el Superior Tribunal de Justicia, en un fallo dividido, impidió avanzar con un sumario administrativo por la convalidación del acuerdo de partes que rubricó la jueza y por el cual la tía de Lucio, Leticia Hidalgo, le devolvió la tenencia Espósito Valenti, la madre. Fueron 3 votos a favor de archivar ese trámite, contra dos votos negativos.

En La Pampa no hay un Consejo de la Magistratura, sino un procedimiento específico con participación legislativa para sancionar y remover jueces. Bloqueada la vía judicial interna, el jury de enjuiciamiento es por lo tanto el último recurso que queda para investigar el accionar de la jueza. Se trata de un mecanismo regulado por la Ley 313 provincial, que establece las condiciones y motivos para desplazar a fiscales, jueces de primera instancia y camaristas.

Hasta el momento solo se conocen dos trámites en curso para destituir a Pérez Ballester. Uno de ellos es el que anunció la diputada provincial y precandidata a vicegobernadora por el peronismo Alicia Mayoral, quien confirmó que el peronismo impulsará una investigación contra la jueza, si bien aún no fue oficializado.

El otro, en tanto, ya fue ingresado por los legisladores opositores Martín Ardohain y María Laura Trapaglia, con el acompañamiento de Matías Traba y Eduardo Pepa. La denuncia formal alega dos motivos: mal desempeño de sus funciones por incumplimiento reiterado de los deberes de funcionaria judicial, y negligencia reiterada en el ejercicio del cargo.

Según el texto encabezado por el diputado Ardohain, la jueza habría incurrido en varias falencias: “no se realizó un informe socio-ambiental del contexto familiar, donde iba a vivir Lucio”; “no se informó, ni se citó a testigos”; “no se escuchó al menor”; “no fue abordado desde el Juzgado por un equipo de profesionales” y “no se notificó al padre del menor, que tenía el cuidado personal compartido, y la responsabilidad parental”, entre otros argumentos.

Sin embargo, para el escrutinio de la conducta de la jueza son necesarios algunos pasos anteriores.

El tribunal que evalúa el desempeño de los magistrados está compuesto por cinco miembros: la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Elena Victoria Fresco; dos diputados -junto a dos suplentes- que son nombrados anualmente en la última sesión ordinaria del año: y dos abogados de la matrícula pampeana, que se define por sorteo. Esos miembros del sector letrado aún no fueron designados.

Te puede interesar: Habló desde la cárcel la asesina de Lucio Dupuy: “Tengo miedo de que lastimen a mi familia”

Pablo Rodríguez Salto, ex presidente del Colegio de Abogados de La Pampa, confirmó a Infobae que estará encargado de la representación letrada de Pérez Ballester. Dijo que todavía no fueron notificados por el jury, y que, en caso de que se produzca, se definirá una vez que el jurado esté completo con todos sus integrantes.

“Una vez que está completo con sus cinco miembros, el jurado tiene que hacer un examen de preadmisibilidad formal en el que se evalúa si la denuncia tiene suficiente entidad para darle curso. Y ahí si encuentran entidad, notifican a la acusada para que se defienda y ofrezca las pruebas pertinentes”, consideró Rodríguez Salto.

En caso de que se avance con este trámite, el jurado celebrará con sesiones públicas en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, pero la sede de funcionamiento operará en el Tribunal Superior de Justicia. La jueza quedaría suspendida en sus funciones hasta que se produzca el veredicto. Para pronunciarse por la culpabilidad o inocencia del acusado, tendrán que estar presentes los cinco miembros y deberán hacerlo por mayoría absoluta.

En ese posible juicio, Perez Ballester tendrá que defenderse, en principio, de dos causales de remoción de los artículos 21 y 22 de la Ley 313: “mal desempeño en sus funciones” e “incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo”.

Para Ardohain, impulsor del jury, que no se hayan constatado ni evidenciado hechos de violencia o maltrato antes de otorgarse la tenencia de Lucio a su madre no es motivo suficiente para exculparla de su accionar. “Con los elementos obrantes en la causa y las facultades procesales que le competían, la magistrada debió tomar los recaudos suficientes para evitar que el niño se encontrarse en peligro, brindándole la protección y amparo que su función le imponía”, dice el texto en uno de los fundamentos.

Pérez Ballester tiene 38 años y durante su carrera ejerció más como abogada particular que cómo funcionaria del Estado. Sus registros laborales indican que, entre 2005 y 2007, cuando sólo tenia 20 años, trabajó en el estudio jurídico Mazzinghi en San Isidro, en la Provincia de Buenos Aires. Luego se desempeño en otro bufete, ubicado en el centro porteño, llamado G. Breuer desde el 2012 al 2013; y tuvo otro cargo en un estudio jurídico hasta el 2017 cuando se estableció en La Pampa.

El caso de Lucio expuso a Pérez Ballester en la palestra pública. Fue clave su injerencia en la tenencia del niño por parte de su madre, cuando le dio curso, el 5 de febrero del 2020, al expediente de su juzgado titulado “Esposito Valenti Magdalena c/ Hidalgo Leticia s/ cuidado personal”.

Ese litigio se convirtió en el segundo episodio de una historia que se arrancó en 2019, cuando Magdalena Espósito Valenti y Cristian Dupuy -el padre de Lucio- decidieron poner fin a su relación. Ella estaba sin empleo y él trabajaba lejos de La Pampa, en Lujan, por lo que la tenencia de Lucio se convirtió en un tema de discusión. Sin embargo, y de común acuerdo se decidió que el chico, que entonces tenía apenas 3 años, viviera con sus tíos paternos en General Pico.

De esta manera, Lucio fue recibido por Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo en el seno de su familia. El niño se quedaría con sus tíos hasta que ella pudiera conseguir un trabajo estable y una casa. “Era un nene feliz”, destacaban desde ese entorno.

Ahora bien, en enero del 2020, Magdalena reclamó nuevamente la tenencia de Lucio. Explicó en la justicia que había formado una pareja con una mujer llamada Abigaíl Páez, que había iniciado un emprendimiento de venta de tortas, y que había alquilado un departamento. No hubo entendimiento entre las partes en las primeras audiencias, hasta que se acordaron visitas cada 15 días. Este régimen fue un fracaso porque implicó momentos de tensión, denuncias policiales por impedimento de contacto y alborotos en la casa que acobijaba a Lucio.

Ante una situación que ya era insostenible, los tíos acordaron con Madgalena Espósito la tenencia definitiva del niño. El acuerdo fue revisado por la asesora de menores Eliza Catán, que dio su visto bueno y consideró lo resuelto como algo beneficioso para Dupuy. El 4 de noviembre 2020, Pérez Ballester homologó el acuerdo. Apenas un mes después, se empezaron a detectar los primeros signos de violencia contra Lucio, con ingresos a hospitales.

Te puede interesar: Acorralada por las denuncias por mal desempeño, la jueza que otorgó la tenencia de Lucio ya eligió abogado para su defensa

En una conversación con Infobae, Pablo Rodríguez Salto aseguró que, en caso de avanzar el jury contra la jueza, se focalizarán en comprobar que el accionar de Pérez Ballester “no tuvo ninguna fisura y no hizo nada mal” durante el trámite de la tenencia de Lucio Dupuy. “Tampoco omitió hacer algo que estuviera obligada”, remarcó. “Cuando se trata de una tenencia decidida de manera acordada entre las partes con un convenio, nunca se hace un estudio socio-ambiental”, dijo el abogado acerca de uno de los principales reclamos de la familia paterna.

A pesar de los reproches públicos, la jueza cuenta con respaldo en el Poder Judicial local. El padre de la magistrada también es juez: Alejandro Pérez Ballester se desempeña como camarista civil y es un reconocido funcionario de La Pampa.

A fin del año pasado, la jueza también tuvo un fuerte espaldarazo de sus colegas con el caso “Samuel”, otro expediente controversial en el que intervino. Samuel era un bebé que fue dado en guarda a una familia de “tránsito” por 9 meses, como indica la ley, hasta que apareciera alguna pareja que quisiera adoptarlo. Esa guarda se extendió por casi 3 años por problemas burocráticos. En vez de decidir que se quede con la familia en tránsito, la jueza Pérez Ballester instruyó que vaya a un hogar de menores.

Nuevamente, la magistrada del juzgado de Menores recibió críticas por esa decisión. Pero tuvo un respaldo clave: el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa emitió un comunicado en el que la apoyaban por actuar “en todo conforme a derecho y sobre la base de la legislación vigente” en el caso del niño.

Seguir leyendo: