Frente a la presión mapuche, el Gobierno cede y entrega tierras para evitar más conflictos

En un evidente gesto político de cara a las próximas elecciones, y en el marco de la cuestionada mesa de diálogo abierta a principios de este año, el Gobierno nacional anunció en las últimas dos semanas la entrega de casi 26 mil hectáreas de tierras a comunidades mapuches de Mendoza. La decisión, como era de esperarse, no cayó nada bien en la oposición y en el arco político provincial, desde donde no sólo dispararon un sinfín de críticas contra la medida dispuesta por la administración de Alberto Fernández, sino que además advirtieron acerca de la existencia de pozos de petróleo pertenecientes al yacimiento Vaca Muerta.

Mientras que hace una semana el Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ya había concedido la posesión de más de 21.500 hectáreas a las comunidades El Sosneado, de San Rafael, y Suyai Levfu, de Malargüe, ayer se comunicó mediante la Resolución 47/2023, publicada en el Boletín Oficial, la entrega de más de 4.400 hectáreas a la comunidad Lof Limay Kurref.

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Ambas disposiciones desencadenaron una ola de críticas desde el sector opositor y de los principales dirigentes del gobierno mendocino. En ese marco, un informe elaborado por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial provincial advirtió que dentro de esa área se ubican varios pozos de crudo no convencional que forman parte del lado mendocino del yacimiento Vaca Muerta. Es en la zona donde se hicieron las primeras exploraciones petrolíferas de Vaca Muerta en la provincia de Mendoza”, según detalló el secretario de Ambiente provincial, Humberto Mingorance.

El mismo gobernador Rodolfo Suáez, a través de una serie de tuits publicados este viernes, alertó que allí se está desarrollando “una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF”. En ese sentido, el mandatario provincial denunció la “intencionalidad política” del gobierno del Frente de Todos de “perjudicar a Mendoza” y adelantó que harán presentaciones judiciales ante el propio INAI y la Justicia.

“Sobre cada instalación que hay en un campo, el superficiario cobra una renta que se llama “servidumbre” por el uso de la tierra. Entonces acá hay un interés económico muy grande porque no sólo cobra por cada uno de los pozos, sino que cobra por cada kilómetro de camino que se hace y por cada kilómetro de cañería que se tira”, detalló una funcionaria del gobierno mendocino a Infobae.

Hay dos zonas comprometidas con la actividad petrolera. Una en El Sosneado, donde hay 23 pozos explotados por Emesa, una empresa cuyos accionistas son la Provincia de Mendoza y sus municipios, y la otra es en la zona de Puesto Rojas, al sur de Malargüe. “Sobre las áreas reconocidas tenemos dos comprometidas con actividad petrolera. Una es la de Loma de la Mina, que cuenta con 23 pozos y corresponde a toda la zona de El Sosneado. Es un área revertida hace poco y se le dio la operación a EMESA. Por otro lado está el área de Puesto Rojas, que tiene 27 pozos. Es un área en crecimiento de actividad petrolera. Es la zona donde se hizo estimulación hidráulica. Es zona de conformación Vaca Muerta”, aseguró La dirigente mendocina en diálogo con este medio.

En la otra, según detalló el secretario de Ambiente, hay otros 30 pozos. “Es un área en crecimiento de actividad petrolera, en la formación Vaca Muerta”, remarcó Mingorance, y aseguró que sobre cada instalación que hay en un campo, el control supervisario por la actividad petrolera cobra una renta (servidumbre) por el uso de la tierra. “Estas cesiones de tierras tienen detrás un interés económico muy grande, porque no solo se cobra por cada uno de los pozos, sino además por cada kilómetro que se hace y por cada kilómetro de cañería que se tira. Es bastante difícil”, resaltó.

El INAI, a cargo de Alejandro Marmoni, comunicó ayer que, dado por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral, dispuesto por la Ley Nacional N°26.160, en la comunidad Lof Limay Kuref, se reconoce “la ocupación actual, tradicional y pública” de 4.477 hectáreas en la localidad Los Molles, del Departamento Malargüe.

Dicho organismo argumentó su decisión amparándose en el artículo 18 del Código Civil y Comercial, que señala que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley”.

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La semana pasada, el INAI ya había confirmado el otorgamiento de más de 21.500 hectáreas a dos comunidades Mapuches, también en la provincia de Mendoza. La medida benefició a las comunidades El Sosneado, de San Rafael, y Suyai Levfu, de Malargüe, quienes reclamaban el reconocimiento sobre esas tierras bajo el argumento de su presencia ancestral en tierras cuyanas.

En todo Malargüe y El Sosneado -distrito sanrafaelino en el límite entre ambos departamentos- se encuentran registradas 27 comunidades mapuches, las cuales habitan en la zona – según ellos mismos afirman – desde hace más de 100 años. La mayoría se dedica a la actividad ganadera caprina.

Sin embargo, la ocupación “histórica” de estas tierras por parte de las comunidades mapuches también fue puesta en duda por los especialistas. Antes la consulta de Infobae, la profesora y doctora en Historia, Andrea Greco de Álvarez, explicó que los verdaderos pueblos nativos de ese territorio son los Puelches y Pehuenches.

La ubicación originaria de los mapuches se registra al oeste de la Cordillera de los Andes, en el actual territorio de Chile. Desde allí hacia mediados del siglo XVIII empezaron a tomar tierras al este de la cordillera en la actual Patagonia argentina.

“La verdad histórica es que el sur mendocino fue habitado por los Puelches, posteriormente los Pehuenches que habían habitado la zona de Neuquén (tierra de pehuenes) fueron avanzando hacia el norte estableciéndose en la zona cordillerana malargüina. La denominación de ambos pueblos es el producto de la invasión e imposición de los Mapuches sobre los pueblos originarios de Mendoza”, detalló la historiadora. Y agregó que “ambas denominaciones corresponden al mapudungun, la lengua de los mapuches, invasores del territorio Puelche y Pehuenche. El nombre originario de los puelches era gününa küne también conocidos como gününa-kena o gennakenk”, explicó Greco de Álvarez.

Frente a los violentos episodios que se registraron en la zona de Villa Mascardi, provincia de Río Negro, el Gobierno nacional anunció en diciembre pasado la conformación de una mesa de diálogo con comunidades mapuches de la Patagonia. Al cabo de los primeros dos encuentros, la administración de Alberto Fernández manifestó la posibilidad de ceder tierras bajo jurisdicción del Estado, pero se opuso a interceder en territorios de propiedad provincial. Ante este escenario, los referentes mapuches se presentaron en el INAI y definieron que el primer lugar para avanzar con esta iniciativa fuera la provincia de Mendoza.

Tras el anuncio de la primera reunión, el presidente Fernández dijo que el objetivo era “garantizar el respeto de las culturas originarias de Argentina y la necesidad de continuar con el diálogo para avanzar en la construcción multicultural”.

“Ustedes cuentan con un gobierno que los recibe con su propia cultura, su identidad, como hermanos que somos”, afirmó el mandatario, y los convocó a “dialogar”.

En mayo de 2020 hubo otro intento fallido de diálogo con las comunidades mapuches, que rechazaron el convite por “desconocer al Estado argentino”.

Como respuesta, en ese entonces, continuaron con los ataques a viviendas públicas y privadas en Villa Mascardi. El 21 de ese mes, el cuidador de un predio perteneciente al sindicato Unión del Personal Superior del Gas realizaba reformas en una casilla para instalarse con su familia, luego de obtener autorización de parte de la agrupación sindical, cuando fue atacado por encapuchados. Tras recibir pedradas y amenazas debió huir del sitio y tres horas más tarde la estructura de madera que estaba reparando fue incendiada por miembros de la comunidad mapuche.

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