En 2022 hubo 53 bloqueos a empresas realizados por 18 gremios: Camioneros fue el más violento

Bloquear empresas no pasó de moda: las estadísticas del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), presidido por Verónica Razzini, registran que el año pasado llegaron a 53 los bloqueos realizados por 18 gremios que se desempeñan en 24 actividades distintas en 11 provincias. Pero el dato novedoso es que en 2022 aumentó la cantidad de empresas que se animaron a presentar una denuncia penal contra los responsables de los bloqueos, algo que, sumado a la acción rápida de algunos jueces y fiscales en todo el país, llevó a que muchos sindicatos no concretaran o no mantuvieran este tipo de protesta extorsiva que trastorna a las pymes argentinas.

De los 53 bloqueos registrados por el MEAB el año pasado, 19 fueron protagonizados por el Sindicato de Camioneros en todo el país. Le siguen en el ranking, con 3 bloqueos, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos (SOESGPyLA). En la lista hay sindicatos con 1 o 2 bloqueos, como la UOCRA, Carga y Descarga, ATILRA, Carne, Panaderos, Petroleros, Químicos y Plásticos, entre otros.

Santa Fe lidera la nómina de provincias donde hubo más bloqueos, con 5 de esas protestas, y luego se ubican la provincia de Buenos Aires y Chaco, con 4. Y el sector de logística fue el más afectado por las medidas sindicales, con 8 bloqueos, seguido por las distribuidoras, con 5, y el comercio, con 4.

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El dato alentador para el MEAB es su crecimiento constante: surgió en mayo de 2021 con el impulso de 18 pymes que se agruparon en todo el país para resistir los bloqueos y brindar ayuda a sus pares en conflicto, en agosto pasado llegaron a 122 y hoy ya suman 259. “Es un montón -admitió Razzini a Infobae-. Lo que pasa es que incorporamos cámaras que aglutinan a unas 30 empresas. Armamos un Zoom con todas, les damos un panorama sobre nuestra manera de actuar y el protocolo que se aplica en caso de que lo necesiten. Pero ya el simple hecho de que el empresario pierda el miedo y se plante diferente ante el bloqueo implica otra respuesta. Cuando antes venía la mafia y te veían asustado, no sabías qué hacer. Tampoco nadie te ayudaba, ni la policía ni los ministerios. Hoy no necesitamos eso porque los protocolos permiten que nos defendamos solos, siempre con la ley en la mano. A veces los resultados tardan un poquito más, pero tenemos cada vez más herramientas”.

Gracias a la estrategia judicial de esta organización de pymes, en agosto pasado difundieron un balance impactante de un año de actividad antibloqueo: había hay 10 dirigentes y activistas sindicales detenidos, 51 imputados y una veintena que irá a juicio en unas 30 protestas extorsivas en casi todo el país. Hoy, sólo quedan 2 detenidos (el líder del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y el dirigente Fernando Espíndola) y en las causas que irán a juicio oral Arietto pedirán que haya juicio por jurado y que las audiencias sean televisadas y con presencia de público. “Mientras más transparente sea el proceso, mejor para todos”, afirmó la abogada.

Arietto anticipó que pedirá que vaya a juicio el líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, porque “es la cabeza de una estructura de poder vertical que emite la orden del bloqueo”, en donde hay otros jefes gremiales que están imputados en causas vinculadas con esas protestas extorsivas, como Omar Pérez, secretario de Políticas de Transporte de Camioneros, un hombre clave en la estructura de Moyano, y Omar Dutrá, secretario de Logística del gremio, acusados por el bloqueo contra la empresa Andar Transportadora para reclamar una deuda con el sindicato de la que, según la Justicia, “no surgen elementos que permitan justificar la legitimidad”.

“Utilizamos la misma estructura que se utilizó para condenar a (Jorge Rafael) Videla, aunque no comparo a Moyano a Videla -aclaró la abogada-, sino la estructura que es lo mismo que se usó en Nüremberg. ¿Cómo condenaron a Videla por el secuestro y tortura de un hombre en el Pozo de Banfield si nunca estuvo en persona torturando? Porque era la cabeza de una estructura de poder vertical que emitió una orden y que alguien iba a ejecutar aunque no se conocieran entre ellos. Si no, no se explica cómo bloquea el Sindicato de Camioneros del Chaco, el de Chubut, la provincia de Buenos Aires y el de San Juan. Hay una orden que es una metodología extorsiva que aplicó Moyano como cabeza, no importa quién la ejecute. Eso se llama autoría mediata en aparatos de poder”.

En agosto pasado, Pérez y Dutrá, quienes ya estaban procesados por coacción, fueron acusados junto a otro tres representantes de Camioneros por un delito más grave en el bloqueo de Andar Transportadora: extorsión en grado de tentativa. Es una de las causas que irá este año a juicio oral.

Otra causa clave del año pasado porque apunta al corazón del poder de los Moyano será elevada a juicio oral cuando termine la feria judicial: es por la que siguen detenidos en una unidad penal el líder del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y su subordinado Fernando Espíndola, acusados por el bloqueo contra la pyme Distribuidora Rey por los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción por un bloqueo contra una empresa. Además, la Justicia encontró pruebas de pagos irregulares exigidos para levantar la protesta.

Con pedidos de elevación a juicio existen otras causas por bloqueos sindicales. Una de ellas es la de Química Oeste, una pyme de la familia Dos Reis, de la localidad de Esteban Echeverría, que fue paralizada durante varios días en mayo pasado por el Sindicato de Camioneros, que reclamaba el encuadramiento de trabajadores afiliados a Comercio. El conflicto terminó con despedidos por participar de las medidas de fuerza y una causa penal contra ex empleados y un dirigente gremial.

Otro de los casos que llegará a juicio oral es el de los bloqueos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) contra la empresa Expreso del Oeste, en La Matanza, que tuvieron lugar en 2021 y por los cuales habían sido detenidos 7 gremialistas por delitos como extorsión, amenazas coactivas y asociación ilícita. En la protesta fue golpeado y amenazado uno de los dueños de la compañía, Esteban Falcigno, y en los allanamientos dispuestos por la Justicia encontraron un arsenal en la casa de uno de los dirigentes. Los sindicalistas fueron liberados por decisión de la Cámara de Apelaciones al considerar que no existió una asociación ilícita, aunque siguen procesados y elevados a juicio.

Este año, además, avanzaría el llamado a indagatoria de Carlos Acuña, cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), por un bloqueo de su sindicato a una estación de servicio en la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2021, criticado en duros términos por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Criminal y Correccional: “Ningún derecho (por el de huelga) puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni tampoco ampara su uso excesivo”.

Como titular de la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garajes de la Argentina, Acuña fue denunciado ante la Justicia por el empresario Antonio Roberto Rizzo, con el patrocinio de Arietto, luego de una serie de bloqueos dispuestos por unos 100 activistas de su sindicato durante dos días, en forma simultánea, en cuatro estaciones de servicio ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, Lomas de Zamora y San Pedro.

Para el MEAB es un dato sorprendente que la combinación de las denuncias y la actuación de la Justicia haya frenado el crecimiento explosivo de los bloqueos. “Ese el fenómeno que se dio en 2022 a diferencia del año anterior-destacó Razzini-. Ahora hay bloqueos que no llegan a producirse, se resuelven con más velocidad o ni siquiera se llega a la denuncia penal porque no hace falta. Los empresarios están entendiendo el mensaje y pierden el miedo, ya saben que hay otra alternativa”.

Según Arietto, 2023 “va a ser un año bisagra para ver de qué lado se van a poner los sindicalistas: si del lado de los trabajadores para poder defenderlos o del lado de la acumulación de privilegios que los han separado de los trabajadores”.

La abogada del MEAB dijo que siente “la satisfacción de saber que no está todo perdido” a partir de que “en el último año tuvimos casi un 50% de mayor demanda de empresas a sumarse” a la entidad. “¿Por qué crecimos? -se preguntó-. Porque hemos construido la confianza en un movimiento político apartidario, sin un sesgo ideológico, que defiende el capital y el trabajo, que nunca va a afectar el derecho de un trabajador, pero que tampoco va a defender al delegado que no va a laburar y que termina perjudicando al que tiene que representar. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.

Razzini, propietaria junto con sus dos hermanos de una empresa de distribución de materiales de construcción fundada por su abuelo en Rosario hace 60 años, sufrió en junio de 2020 un bloqueo de tres meses llevado adelante por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, liderado por Sergio Aladio, que impidió el acceso a sus sedes para exigirle que 18 de sus 100 empleados se afiliaran al gremio.

Vivió 90 días de un bloqueo violento, con amenazas diarias, insultos, intimidaciones con armas de fuego, llamados para advertirle que sabían adónde estaban sus hijos y amagar con ir a la casa de su padre, con problemas de salud, para provocarle un infarto, además de su propia mudanza para evitar agresiones. Ella y sus hermanos resistieron, denunciaron a los agresores y lograron que un juez de Rosario detuviera e imputara a 14 de ellos, aunque levantaron la acusación contra los que trabajaban en su empresa y sólo 4 irán a juicio. Por eso Razzini decidió, alentada por Arietto, crear el MEAB.

Aun así, la empresaria tuvo un 2022 marcado por un grave episodio: hace cinco meses, fue amenazada y la fachada de su negocio en Rosario recibió 3 disparos poco antes del inicio del juicio oral (nunca concretado) en el que están imputados 4 de los activistas que bloquearon sus locales en 2020.

“Fue un año duro, en mi ciudad se vive un contexto muy difícil -señaló Razzini-. Lo que me pasó a mí no es un caso aislado sino algo que lamentablemente viven todos los empresarios. Acá todos los días te levantás y te enterás que balearon una empresa, un canal de televisión, matan chicos, matan al laburante que está yendo a trabajar. Por eso uno quiere poner su granito de arena para que eso cambie. Mi compromiso es con el futuro de mis hijos y también con el sector pyme para ayudarlos, darles herramientas para que ellos también puedan cruzar la barrera y perder el miedo. Conozco empresarios que cuando superan los bloqueos me dicen que haber perdido el miedo les cambió la vida. Lo que hago implica sacrificios, pero eso es tan gratificante que no lo cambio por nada”.

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