La Fiscalía de la comuna de Río Bueno, en el sur de Chile, confirmó que fue ingresada la solicitud de extradición del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala desde Argentina, luego de que este fuese capturado el lunes en El Bolsón, provincia de Río Negro, tras casi un año prófugo de la justicia chilena. El fiscal jefe de Río Bueno, Sergio Fuentes, detalló que una vez notificados del arresto y verificados los antecedentes, se procedió a solicitar directamente la extradición del mapuche para dar cumplimiento a la condena que recae sobre él y se encuentra aún pendiente.

“Ahora estamos a la espera de que el tribunal de garantía respectivo fije la audiencia para efectos de organizar estos antecedentes, y en el caso de estimarse procedente, ser leídos ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, para el trámite correspondiente a la extradición”, explicó Fuentes en declaraciones a la prensa del vecino país.

Según pudo saber Infobae, mañana al mediodía la Corte de Apelaciones de Valdivia discutirá la solicitud del fiscal Fuentes.

En diciembre de 2018, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a Jones Huala a cumplir 9 años de prisión (luego se redujo a 6) por los delitos de incendio y porte ilegal de armas de fuego, a raíz del atentado ocurrido en enero de 2013 en una hacienda de Pisu Pisué.

Sin embargo, en enero de 2022 la Corte de Apelaciones de Temuco le otorgó el beneficio de la libertad condicional. Un mes después, la Corte Suprema revocó esta decisión y ordenó nuevamente encarcelar a Jones Huala, lo cual no se concretó debido a que el condenado se dio a la fuga.

Se trata de un procedimiento estipulado en la ley 24.767 de cooperación internacional en materia penal. Sin embargo, el gobierno de Chile tiene un protocolo de tramitaciones a seguir con varios organismos intervinientes. Una vez cumplido esos pasos, Argentina deberá aceptar o rechazar el pedido de extradición.

Según fuentes judiciales chilenas, la Fiscalía de Río Bueno ya inició el trámite y fundamentó en un escrito la solicitud, que ya fue elevada al Juzgado de Garantías de Río Bueno, lugar donde cursó la causa que condenó al líder mapuche de la RAM.

Ahora, es el Juzgado de Garantías quien debe fijar una audiencia y si da curso al planteo, elevar la petición a un tribunal superior. En este caso, ese tribunal es la Corte de Apelaciones de Valdivia, organismo que se debe expedir respecto al proceso de solicitud de extradición y derivar el planteo formal a la Cancillería chilena.

Una vez concluido el trámite en Chile, es la Cancillería de ese país, a través de la Embajada en Buenos Aires, la que trasladará la solicitud formal al Ministerio de Relaciones Exteriores, comandado por Santiago Cafiero.

En nuestro país, con toda la documentación, será la Cancillería la que haga un análisis de los requisitos. La ley establece algunos puntos por los cuales en esa instancia la extradición podría ser rechazada. Por ejemplo, si el acusado tiene en el país status de refugiado político. Si Cancillería concluye que el requerimiento cumple con todas las formas pasa el caso a la Justicia.

Ese proceso le corresponde a la Justicia Federal. Será la Cámara Federal de General Roca quien finalmente definirá si será la justicia de Esquel o de Bariloche, la que intervenga en el caso para avanzar con la extradición.

En esa etapa, el juez a cargo del caso hace un juicio de extradición. El magistrado no analiza el caso penal, ni hace medidas de prueba, solo determina si la extradición procede en el marco de la ley argentina. El primer paso es citar a una audiencia con el acusado. Allí se le informa el motivo de la extradición, que puede designar un abogado particular –sino se nombra a un defensor oficial– y se le pregunta si acepta ser enviado al país que lo requiere. En una primera instancia puede negarse pero tiene todo el proceso para aceptarlo. Fuentes oficiales señalaron que todo indica que Jones Hualas rechazará ser extraditado.

Si el juez acepta la extradición y el acusado no la apela, la decisión queda firme para cumplirse. Pero el imputado tiene la posibilidad de apelarla. Eso es directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ley establece que ante una apelación el fallo de extradición tiene “efectos suspensivos”, por lo que el envío al país reclamante no se lleva a cabo hasta la decisión del máximo tribunal.

En el caso que el magistrado la rechace, el acusado queda en libertad con prohibición de salida del país hasta que ese fallo quede firme ya que la Fiscalía -que también interviene en la causa- puede apelar ante el máximo tribunal de Justicia.

Si la extradición queda firme, el caso vuelve a pasar a Cancillería. En materia internacional la relación es entre los estados. El Ministerio de Relaciones Exteriores puede no aceptar el envío del acusado. Eso ocurre si, por ejemplo, durante el juicio de extradición se le otorga el estatus de refugiado político.

La ley establece que el juicio de extradición puede demorar 15 días. Sin embargo, los plazos no son fáciles de establecer y que esto depende de si el acusado acepta la extradición, si hay una apelación ante la Corte Suprema –el máximo tribunal no tiene plazos para resolver– o si durante el proceso se requiere más o nueva información que se le debe pedir al país solicitante.

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