Con la presencia de la titular de la ANSES, el kirchnerismo redobla la presión para tratar la moratoria previsional

El Frente de Todos en Diputados convocó a la Comisión de Previsión y Seguridad Social a pesar de que el proyecto ya pasó por esa instancia y tiene dictamen. Fernanda Raverta defenderá la iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado

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Fernanda Raverta, Directora Ejecutiva de ANSES
Fernanda Raverta, Directora Ejecutiva de ANSES

La comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados se reunirá este miércoles a las 11 para escuchar las exposiciones de distintos expertos sobre el plan de pagos de deudas previsionales que impulsa el oficialismo (conocido popularmente como moratoria previsional). Entre los ocho expositores se destaca la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, quién hoy aseguró que el Gobierno está evaluando la posibilidad de sacar la iniciativa por decreto si no consigue apoyo de la oposición.

La reunión convocada por la camporista Marisa Uceda tiene una particularidad: el proyecto ya pasó por comisión y obtuvo dictamen, por lo que está listo para ser debatido en el recinto. Desde el Frente de Todos buscan que el tema se mantenga en la agenda pública para forzar a la oposición a tratarlo.

Desde Juntos por el Cambio señalaron que la iniciativa ya tiene dictamen y por lo tanto consideran que la convocatoria a la comisión no tiene sentido. Por estas horas, evaluaban si participarán de la reunión.

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Además de la titular de ANSES, expondrán Sandra Zapatero de la CTA; Silvana Capese de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA); Micaela Mara de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Lucía Ortega, especialista en Derecho Previsional (propuesta Nicolás Del Caño, del FIT); Eugenio Semino, también especialista en Derecho Previsional; Sebastián Gramajo, abogado especialista en previsión social (ANSES); y Javier Palma, Secretario de Acción Social y Previsional de la Asociación Gremial Docente-UBA (AGD-UBA).

Marisa Uceda, presidenta de la Comisión de Previsión Social
Marisa Uceda, presidenta de la Comisión de Previsión Social

El proyecto de plan de pago de deudas previsionales es una prioridad para el kirchnerismo, que hizo de las moratorias para jubilados una de sus políticas insignia. La norma, que ya tiene media sanción del Senado, consta de dos partes. Por un lado, un plan de pago similar a los que se implementaron en 2004 y 2014 que permite que los hombres de 65 años y las mujeres de 60 que no tengan todos los aportes puedan regularizar los períodos faltantes en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que obtenga.

Por otro lado, también se permitirá que los trabajadores que estén en actividad y no lleguen a completar los 30 años de aportes por estar cerca de la edad jubilatoria puedan anticipar y empezar a pagar los períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012. Estas personas podrán pagar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, en coincidencia con lo que pagan los trabajadores en actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma.

La moratoria aprobada en 2014 venció el pasado 31 de diciembre. Según fuentes de ANSES, si no se sanciona una nueva ley más de 800 mil personas no podrán jubilarse y percibirán la PUAM (Pensión universal para el adulto mayor), que equivale al 80% del haber mínimo.

Ante la dureza de la oposición, que exige terminar con el intento de juicio político a la Corte Suprema antes de discutir cualquier otro proyecto, Fernanda Raverta reconoció esta mañana que el Gobierno “está evaluando” alternativas como firmar un decreto de necesidad y urgencia.

Sin embargo, la propia titular de ANSES reconoció que buscan alternativas porque “no es sencillo hacerlo por decreto”. “Hoy por hoy necesitamos una ley”, dijo Raverta en Radio 10 y agregó que “el caminito para que esta herramienta exista en Argentina es el caminito parlamentario”.

Sucede que las cuestiones tributarias son una de las pocas vedadas para legislar por decreto: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”, detalla el artículo 99 de la Constitución Nacional.

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